Mary Triny Zea: se está sentando una práctica nefasta de prohibir el acceso a información pública

La decisión de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), de sancionar al diario La Prensa por una nota periodística en la que según la entidad se infringió la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales, ha puesto en alerta a periodistas y gremios de prensa. Han calificado la medida como un mecanismo de censura y un precedente nefasto para el libre ejercicio del periodismo en Panamá.

“Según la Antai, yo también violé la Ley de protección de datos por publicar información pública (...) hay que recordar que el acceso a la información es un derecho humano. Sin eso los ciudadanos no pueden vigilar como se dan las cosas en su país, hacer contrapeso, vigilancia y eso es grave”, señaló este viernes en “Portada” de La Estrella de Panamá, la periodista de investigación Mary Triny Zea, autora del trabajo por el cual la Antai sancionó a La Prensa.

En la investigación, que se publicó en febrero de 2022, Zea hace una radiografía de los vínculos entre las concesiones para el negocio de transporte público que el Estado ha otorgado a diversos diputados y el manejo clientelar que ocurre con este servicio. Entre los mencionados está el diputado perredista Benicio Robinson, quien presentó el reclamo contra el medio y la periodista.

De acuerdo con la institución, Zea utilizó una fotografía del diputado Benicio Robinson sin un permiso previo, y que esta se trataría de un “dato biométrico sensible” que supuestamente lo pone en “riesgo”. Un argumento que es rechazado rotundamente por los gremios periodísticos, al precisar que se trata de una figura pública y a su vez el asunto tratado es de interés público.

“El tema es cómo se utiliza la ley para restringir el acceso a la información (...) yo me pregunto si de ahora en adelante cuando un periodista tenga que publicar una información, tenga que pedirle permiso a los funcionarios“, apuntó Zea sobre las implicaciones que tiene la medida de la Antai en el momento que un comunicador busque llegar a la verdad sobre manejos opacos en las instituciones del Estado.

“Durante la publicación se le solicitó (al diputado Robinson) entrevistas de diversas maneras, la respuesta fue evadir”, indicó.

Para la periodista no tiene que haber una contradicción entre la protección de datos personales y el ejercicio del periodismo. Sin embargo, la situación se complica cuando falla la institucionalidad y las normas se usan para intereses de sectores de poder, advirtió Zea

“El tema es que tenemos un país con una pobre institucionalidad (...) en muchas de las ocasiones ocurre que el peso político es el que define una decisión jurídica, un fallo o una resolución administrativa, y no tenemos contrapesos”, reflexionó.

Zea enfatizó que el periodismo no implica una “patente de corso” para entrar en la vida privada de nadie, por el contrario, se debe ejercer con responsabilidad en momentos que “se está sentando una práctica nefasta en el país, de prohibir el acceso a la información de carácter público”.

Remarcó, además, que aún cuando este tipo de procesos se convierte en un desgaste para los periodistas “no por eso debemos bajar la guardia, y seguir vigilando la cosa pública”.