Pedirán en audiencia al Ministerio Público enmendar fundamento jurídico en caso de peculado

El Sistema Penal Acusatorio de Santiago, en la provincia de Veraguas, realizará a las 4:00 de la tarde de este martes 27 de junio, una audiencia de afectación de derecho, luego de haber sido presentada una querella penal por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la empresa Vados del Álamo, y que involucra una lesión patrimonial millonaria al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

Este proceso legal surgió tras descubrirse que un grupo de personas hurtó tiquetes de pesajes de esta empresa para tramitar ante el Mida, el cobro de un subsidio de $7.50 por quintal de arroz, acción que presuntamente habría contado con la participación de funcionarios de esa institución.

En la querella penal presentada en diciembre de 2022, se acusa a varias personas por delitos de hurto con abuso de confianza y falsificación de documento en perjuicio de la sociedad señalada y una lesión patrimonial que alcanzaría los 8 millones de dólares al Mida.

La audiencia de afectación de derecho se efectuará este martes, por la presunta desviación por parte del Ministerio Público en sus investigaciones.

Luego de ser acogida esta solicitud de audiencia, presentada por la empresa querellante, se espera que el querellante sustente que la fiscalía, que desarrolla sus diligencias basada en las normas de incentivos, contenidas en la Ley 107, para la producción de grano de arroz, se está alejando del análisis jurídico que sustentan las evidencias aportadas por la parte acusadora.

En la audiencia se someterá a evaluación los criterios del Ministerio Público, que según la empresa demandante, ha utilizado la Ley 107 de 2013, que establece incentivos a la producción de granos, en lugar de las pruebas aportadas y argumentos jurídicos para encausar penalmente a varias personas por los delitos de hurto agravado, falsificación de documentos y peculado, hechos que fueron expuestos en su momento por el querellante.  

En una nota remitida a las autoridades de instrucción sumarial, se destaca que se aportaron las evidencias y trámites realizados en la Contraloría de la República, que fijan el fundamento y normas de derecho aplicables para estos delitos que se exponen ante las instancias judiciales.

Asimismo se explica que las resoluciones 192 y 193, emitidas por el Mida, a raíz de la Ley  165 aprobada en la administración del entonces presidente Juan Carlos Varela, para el control de precios de la canasta básica alimentaria, que incluía frenar aumentos en el precio del arroz de primera a los consumidores, también se desvían de las investigaciones que se requiere en este proceso legal.

Con estas resoluciones ministeriales se reconocía el pago $7.50 por quintal de arroz a los productores.

En tal sentido, se solicita al Ministerio Público enmendar el fundamento jurídico y que se oficie a la Dirección Nacional de Fidecomiso, con copia legible y autenticada, el expediente  elaborado para que conste como prueba y sea embalado dentro de la cadena de custodia de evidencias, con el fin de acreditar los delitos denunciados.