La transparencia en el quinquenio de Juan Carlos Varela

El expresidente Juan Carlos Varela ha sido declarado inelegible para entrar en Estados Unidos por el Departamento de Estado de EE.UU. debido a su participación en actos de corrupción significativa durante su mandato como vicepresidente y, luego, como presidente de la República.

Ante estos señalamientos, el expresidente por medio de un tuit respondió que como presidente gestionó con transparencia más de $20.000 millones en obras públicas.

Como ciudadanos debemos analizar y fiscalizar a profundidad la política pública de transparencia durante el quinquenio de Varela, para concluir si lo que afirma es cierto o no.

El plan de gobierno “El pueblo primero” de Juan Carlos Varela contiene varias promesas de campaña sobre el tema de la transparencia gubernamental, entre ellas el compromiso de hacer auditorías profundas y divulgar los gastos del gobierno, para que todos conozcan cómo se ha utilizado el dinero de sus impuestos. Esta promesa de campaña no fue cumplida; aún hoy, la ley de transparencia exige la publicación de información de índole administrativa y no presupuestaria.

Dentro del eje temático: Fortalecimiento democrático y del estado de derecho se encuentra el tema: Transparencia y rendición de cuentas. Una de las promesas dentro de este eje fue: “Impulsaremos normas para asegurar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas”, esto significaba que desde del Órgano Ejecutivo se impulsarían reformas normativas que favorecieran la transparencia y la tan anhelada rendición de cuentas, pero si revisamos a fondo, esto no se hizo.

La Ley 59 de 1999 sobre la declaración jurada del estado patrimonial de bienes no se reformó durante del gobierno Varela, fue presentada en septiembre de 2019, y la ley de imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública tampoco fue aprobada ni propuesta por el gobierno de Varela, fue propuesta por medio de la ventanilla de participación ciudadana.

Juan Carlos Varela también se comprometió en aprobar leyes para sancionar el clientelismo, establecer mecanismos para impedir el tráfico de influencias, adoptar mecanismos para el monitoreo ciudadano de las contrataciones públicas, sin embargo, ninguna de estas promesas de campaña fue cumplida.

La transparencia debe ser un valor institucional del gobierno, no solo una promesa de campaña. Cuando así sea nos daremos cuenta, ya que un gobernante que realmente desea impulsar la transparencia de forma transversal en su gobierno comprenderá que no se puede delegar la transparencia del gobierno a una entidad como Antai, con poco presupuesto, pocos funcionarios cumpliendo funciones de docencia, desarrollo de normativa, atención a las peticiones de acceso a la información, representación de Panamá en los espacios internacionales relacionados con el tema, ejerciendo vigilancia del cumplimiento de la ley de transparencia, etc.

Cuando atendamos el problema de la transparencia en Panamá, vamos a concluir que primeramente es un problema de diseño institucional.

La Ley 33 de 2015 que regula la Antai fue diseñada en una época donde existía mínima consciencia sobre la importancia de la transparencia, y solo se adoptaron medidas para cumplir con los requisitos provenientes de los acuerdos internacionales firmados por el Estado.

Si pretendemos atender debidamente el problema de la transparencia, tenemos que cambiar el diseño institucional de Antai; esta es una deuda pendiente.

Luego, debemos comprender que la transparencia no se delega a una entidad, la verdadera instrumentalización de la transparencia ocurre cuando emerge como valor personal del candidato y como valor institucional de su gobierno. Es entonces que se convierte en una política pública integral.

Debe existir la voluntad previa de gobernar de forma abierta a los ciudadanos. Esa voluntad se convierte en una política pública integral, transversal, desde su formulación hasta posiblemente lo más importante que es la evaluación de los resultados, todo debe estar bajo la lupa de la ciudadanía.

La ciudadanía no debe caer en la trampa de ser engañada con eventos y foros de transparencia para relaciones públicas, actividades de gatopardismo para llenar páginas de revistas y notas periodísticas pero que no constituyen avances en la publicación de la información realmente sensible.

Debemos tener en cuenta que la transparencia interna se relaciona con la rendición de cuentas. Si no existe rendición de cuentas, no hay transparencia.

La transparencia es definida como un “deber de la administración pública”, es decir, una deuda u obligación para con la ciudadanía. La norma establece una relación jurídica que genera derechos y obligaciones donde el Estado es el sujeto pasivo con deberes y obligaciones que debe cumplir frente al sujeto activo –en este caso los ciudadanos– quienes tienen el derecho de exigir al sujeto pasivo, el Estado, el cumplimiento de esos deberes.

Este enfoque nos permite identificar la transparencia como parte esencial de la relación entre gobiernos y ciudadanos dentro de un estado de derecho y una extensión de los derechos de ciudadanía en el nuevo milenio.

La finalidad de la transparencia es el “escrutinio de la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos”.

La disposición es intencional al hacer uso del vocablo “escrutinio” para dejar por sentado la verdadera finalidad de la transparencia, ya que “escrutinio” en la materia que nos compete significa: “Examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para formar juicio de ello”.

La ley establece la obligación que tienen los gobiernos de exponer sus actos, actividades y decisiones de forma tal que le sea posible a la ciudadanía formarse un juicio de valor sobre el uso de esos recursos, así como de los criterios que sustentan sus decisiones y la ética de su conducta como servidores públicos.

En cuanto a los indicadores de obligatorio cumplimiento que contiene la Ley de Transparencia en sus artículos 9, 10, 11 y 26, durante el gobierno de Ricardo Martinelli solo cumplieron con la publicación entre el 3% y el 5% de las instituciones del Estado. Al finalizar el quinquenio de gobierno de Juan Carlos Varela, el cumplimiento fue de 22% lo que hasta la fecha no reflejó un avance en el principio de publicidad ni en el deber de publicar estos indicadores, entre los cuales están: Planillas, contratación de funcionarios, viajes y viáticos, y gastos de representación.

En el tema de “Acceso a la justicia” Varela también hizo promesas de campaña como despolitizar los mecanismos de nombramiento de jueces, fortalecer la independencia del sistema judicial adjudicando un presupuesto, y garantizar la imparcialidad de la justicia; como respuesta a esta promesa de campaña se aprobó el proyecto de ley 44, que regula la carrera judicial, sin embargo, a nivel presupuestario se recortaron $119 millones al Órgano Judicial, lo que impidió su instrumentalización.

Otra de sus promesas “nombramiento de los notarios por mérito”, tampoco fue cumplida. Los notarios durante el quinquenio Varela fueron nombrados por el presidente. En cuanto a la promesa de revisar las contrataciones públicas, esto quedó nuevamente en el papel, ya que se pagaron $7 millones a la empresa Cobranzas del Istmo en medio de un proceso de anulación del contrato. El compromiso de convocar a una constituyente dentro de sus primeros dos años de gestión con el fin de separar los poderes del Estado e iniciar un verdadero proceso de descentralización, también fue archivado y es otra de las promesas incumplidas.

En consecuencia, a lo antes expuesto, como ciudadanos y activistas por la transparencia y la reforma democrática, no encontramos asidero a las declaraciones hechas por el expresidente, más bien cabe desmentirlas y dejar claro que el quinquenio de Juan Carlos Varela no fue transparente ni consecuente con las promesas de campaña que en esa dirección realizó a la ciudadanía panameña.