Comisión de Comercio aprueba en primer debate el contrato minero

Los diputados que integran la comisión de Comercio aprobaron la tarde de este miércoles 18 de octubre por 7 votos a favor y 2 en contra en primer debate el proyecto de ley No. 1100, que establece el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S. A. 

Los diputados Roberto Ábrego, Nelson Jackson, Francisco Alemán, Ariel Alba, Víctor Castillo, Cenobia Vargas y Alaín Cedeño; votaron a favor del proyecto. Mientras que Juan Diego Vásquez y Elías Vigil votaron en contra.

El diputado presidente de la comisión de Comercio, Roberto Ábrego, informó que este mismo jueves iniciarían la discusión del proyecto de ley en segundo debate y que corresponderá a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional habilitar este viernes para sesionar.

“Yo recomendaría que habiliten este viernes”, exclamó Ábrego tras la aprobación del proyecto.

Aunque el inicio el debate estaba previsto para las 11:00 a.m. el mismo se retrasó al menos tres horas, pero luego tras una larga espera los comisionados iniciaron el debate.

La demora en el inicio del debate, según denunció el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez, se debió a una reunión en la Presidencia de la República, en donde estuvieron presentes los diputados del oficialismo que forman parte de la comisión de Comercio.

El director general de Ingresos, Publio De Gracia, quien estuvo en la sesión reconoció que se dio esa conversación con el Ejecutivo, pero que no hacen nada oculto, sino siempre de frente y en beneficio del país y que se dé un debate de ideas, de propuestas y que se tome una decisión como país.

Manifestó que siempre conversan y que las reuniones son en beneficio del pais. "Nosotros no podemos quedar en ese discusión y vi un tuit de un diputado donde ve esto como malo, esto no es malo, esto es positivo, no se hace a espaldas de nadie se conversa entre los tres órganos del Estado, se conversa con los sectores empresariales e industriales y también con la población en general. Queremos que el país sepa que es un contrato que beneficia los mejores intereses del país en la parte de ingresos con más de $375 millones que entrarían para garantizar en beneficio de ese fideicomiso del Atlántico y también para seguir avanzando en los mejores beneficios del pais y para el futuro de los próximos gobiernos", planteó.

Una vez iniciado el debate Vásquez cuestionó que no se realizara un proceso de consultas ciudadanas, tratándose de un proyecto nuevo y con algunos cambios.

Sostuvo en su sustentación que la mentira que le han dicho a la población es que el contrato es solo para la explotación del cobre, pero enfatizó que el proyecto faculta a la empresa a explotar minerales asociados y distintos al cobre.

De igual manera, criticó que el contrato permita a la empresa diseñar, construir y operar siempre bajo su propia dirección muelles y puertos, que serán para uso prioritario de la concesionaria.

“El contrato les permite una serie de concesiones portuarias y marítimas”, dijo.

Tampoco, según Vásquez, se le ha informado al país cuánto vale el yacimiento, como para que el Estado sepa reclame lo justo en cuanto a beneficios económicos se refiere. “Esa respuesta nunca la han querido dar”, dijo.

En tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, defendió el contrato con sus modificación.

De igual manera, explicó que de convertirse en ley de la República, el Estado recibirá un pago inmediato que estaría por el orden de los $395 millones de que es un aporte acordado de diciembre de 2021 a enero de 2023 y otros $375 millones hasta diciembre de 2023.

“Estamos hablando aproximadamente de $700 millones de dólares”, exclamó Alfaro, quien agregó que ninguno de estos aportes forma parte del Presupuesto General del Estado de 2023 ni de 2024.

En tanto, Ábrego, manifestó que este es el proyecto que más consultas ha tenido en la historia de este país.

“Hoy tenemos un contrato diametralmente opuesto en todo sentido al contrato de 1997, que fue declarado inconstitucional. Quienes se oponen a este contrato que les digan qué hacer a esos 7 mil trabajadores directos y los 40 mil trabajadores indirectos de la mina si se rechaza el contrato. O como irresponsablemente dijo un sindicalista, que busquen trabajo", sostuvo Ábrego.