El misterio de los millones de la posteridad: ¿cómo fue usado el dinero?

“Es imposible precisar a cuánto asciende el fondo de los millones de la Posteridad”, advertía un reporte de primera plana del diario Panamá América en enero de 1938.

Una serie de rumores que circularon en el año 1937 sobre el derrumbe del rendimiento de los fondos invertidos en el mercado inmobiliario de la ciudad de Nueva York, motivó al gobierno del presidente Juan Demóstenes Arosemena a enviar a la ciudad de los rascacielos a una comisión investigadora liderada por el gerente del Banco Nacional, Eduardo de Alba.

Meses después de la partida del gerente del Banco Nacional, el diario reportaba que (Eduardo de Alba) “no ha rendido informe todavía del Fondo Constitucional... lo que basta para suponer que su estado ... no es muy halagüeño“...

El estado del fondo creado con parte de los $10 millones en monedas de oro recibidos por el país, con motivo del inicio de la construcción del Canal (artículo 14 del tratado Hay-Bunau Varilla), era tan complicado, que tuvo que someterse a una auditoría profunda que permitiese arrojar luz sobre la situación de las inversiones.

La única noticia inmediata que produjo el viaje de De Alba fue el despido del abogado William Nelson Cromwell, quien, como agente fiscal de la república de Panamá en Estados Unidos, había administrado las inversiones durante 33 años. En su reemplazo fue contratado el Manhattan National Bank.

Para entonces, el Fondo Constitucional era el único lazo que quedaba con el ya octogenario abogado que había sido asesor, consejero, agente fiscal panameño y figura clave en la selección de la ruta del istmo por el Congreso de Estados Unidos.

Ya retirado e instalado en Francia, disfrutando de su fortuna, poco tiempo tenía para prestar atención a los asuntos de la República que había ayudado a nacer.

La administración del fondo panameño había sido delegada al personal de la firma Sullivan and Cromwell, aunque el contrato le asignaba personalmente la tarea al letrado, a cambio del 1% del rendimiento anual de las inversiones.

El reparto de dinero realizado por Estados Unidos, con motivo del inicio de la construcción del canal en la ruta panameña, no pudo ser más desigual. A los accionistas de la fracasada Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá le correspondieron $25 millones por unos derechos a punto de expirar. A los accionistas de la Nueva Compañía del Canal le tocaron $15 millones. A Colombia, como compensación por la pérdida de su territorio más valioso (tratado Thompson Urrutia, 1921), le otorgaron otros $25 millones. A Panamá le asignaron $10 millones. Sin embargo, ninguna otra nación latinoamericana tuvo la suerte de iniciar su vida republicana con un fondo comparable.

Con apenas 250 mil habitantes en 1903, los $10 millones recibidos en 1904 en monedas de oro, corresponderían hoy, de acuerdo con una calculadora de inflación, a $263 millones.

El primero de los $10 millones fue recibido por Panamá, como consta en la Memoria del Ministerio de Hacienda de 1906 (Patricia Pizzurno, Los Millones para la Posteridad, Revista Universidad, No. 57, 1997) y usado, de acuerdo con otras fuentes, para cubrir los gastos del movimiento separatista –entre ellos $50 mil pagados al general Esteban Huertas por su apoyo y otros $643 mil retenidos por JP Morgan por desembolsos realizados en favor del movimiento–.

Otros $3 millones fueron usados para los gastos de creación de la República, entre ellos el reemplazo del peso colombiano por dólares estadounidenses.

Los $6 millones restantes fueron destinados a la creación del fondo. Así lo estipulaba la Constitución de 1904, en su artículo 138: “Para asegurar a la posteridad parte de los beneficios pecuniarios que se reciban por la negociación para la apertura del Canal interoceánico, se reserva la cantidad de seis millones de dólares que serán invertidos en seguridades que produzcan una renta fija anual”.

Como quedara recogido en la Ley 48 de 1904, el cambio de estatus legal de la nación panameña produjo un sinnúmero de gastos y anomalías contables que nunca serán clarificados y ninguna parte del dinero recibido fue manejada con el debido cuidado, sostiene la historiadora Patricia Pizzurno

La apertura del Fondo Constitucional fue una labor encomendada por el gobierno de Manuel Amador a los señores Ricardo Arias y Eusebio A. Morales, quienes en mayo de 1904 viajaron a Nueva York para tal propósito. Allí recibieron la asesoría del abogado y experto financista William Nelson Cromwell (Pizzurno), gran amigo de Panamá, bajo cuya tutela, la mayor parte del dinero fue invertida en hipotecas en 29 edificios de Manhattan.

Posteriormente, el abogado fue autorizado (decreto 89 de enero de 1905) para tomar las decisiones “a su juicio” sin tener que consultar con el Gobierno panameño y se le asignó como compensación el 1% de los beneficios anuales que se derivaran de las inversiones.

Muchos reconocimientos hacia Cromwell demuestran la importancia que tuvo durante los primeros gobiernos de la República. Además de agente fiscal de Panamá en Estados Unidos, fue comisionado para establecer el sistema fiscal de la República y hacer el cambio de moneda del peso colombiano al dólar estadounidense.

El día de toma de posesión de Amador Guerrero, en 1904, Raúl Amador, hijo del primer presidente, ofreció una cena en un elegante restaurante de Nueva York, y sus invitados fueron un selecto grupo, entre los que figuraban principalmente William Nelson Cromwell y su socio Geo H. Sullivan.

A partir de esa fecha, aunque no ocupaba ninguna posición en el Gobierno de Estados Unidos, Cromwell se convirtió en una figura constante en los asuntos de la construcción del Canal. Su oficina en la número 40 de Wall Street era considerada la oficina del Canal en Estados Unidos.

Era tanta su influencia que el gobierno de Amador le pidió que sirviera como enlace para la entrega de la primera bandera panameña (confeccionada por María Ossa de Amador) como un obsequio al presidente Teodoro Roosevelt.

En noviembre de 1904, cuando el secretario de Guerra de Estados Unidos William Taft viajó a Panamá para arreglar ciertos conflictos entre las dos naciones, Cromwell fue parte de la comitiva oficial.

Cuando Raúl Amador, hijo del presidente, protagonizó un escándalo de faldas en Nueva York en 1906, salieron a la luz pública una serie de cartas en las que se revelaba la interferencia de Cromwell en todas las decisiones que se tomaban en la Zona del Canal.

Cuando Belisario Porras asumió la presidencia del país, en 1914, y se encontró con que las arcas del país estaban vacías, acudió a Cromwell, quien hizo un préstamo de $150 mil a un interés del 5%.

En el año 1906, llamado a atestiguar en el Congreso de Estados Unidos, el senador Furnifold Simons, del Comité de Canales Interoceánicos, le preguntó a Cromwell cuál era la razón que lo motivaba a dedicar tanto tiempo a los asuntos panameños, sin que mediara una debida compensación pecuniaria. Este respondió que lo hacía “por generosidad” y “porque tenía más dinero del que necesitaba”.

Pero al parecer había algunos asuntos que sí podrían haberlo beneficiado. Cromwell se hizo famoso en su momento por cobrar la suma más grande jamás recibida por un abogado en un trámite legal a raíz de la venta de los derechos del canal francés a los estadounidenses (cobró más de $200 mil).

En 1906, el congresista Henry Thomas Rainey lo acusó de tramar la expoliación de la 'pequeña e indefensa' nueva república de Panamá, haciéndose con los monopolios de servicios concesionados por el Estado (electricidad, etc.), y con miles de hectáreas de bosques maderables y tierras públicas del país.

Aunque este último asunto nunca se pudo comprobar, Cromwell sí fue miembro de la junta directiva y encargado de constituir la Pan American Corporation, que posteriormente devendría como la Fuerza y Luz, y que por años mantuviera el monopolio de los servicios de electricidad y venta de hielo en la ciudad de Panamá y Colón.

El primer reto a la autoridad de Cromwell en el país se dio en la Asamblea Nacional de Panamá, en 1910, cuando 6 de los 28 miembros del legislativo solicitaron que se le retirara el título de agente fiscal y se investigara la situación del fondo. La moción fue rechazada por el pleno.

Por entonces, todo parecía ir sobre ruedas. Entre los años 1907 y 1908 el Fondo Constitucional le reportó a Panamá $540 mil en intereses (Pizzurno). En los años siguientes, la anualidad era de aproximadamente $280 mil. La situación parecía halagüeña y los sucesivos gobiernos se limitaron a recibir los fondos y usarlos como garantía para préstamos. La situación cambiaría con la Gran Depresión de 1928 y otros sucesos.

Continuará la próxima semana