'La Contraloría debe revisar los estados financieros, buscar las incongruencias y corregirlas'

El Covid-19 adelantó el tiempo de discusión sobre cómo alargar la vida del programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro de Social. La falta de liquidez se acentuó luego de que más de 100,000 contratos de la empresa privada, de los cotizantes, fueran suspendidos. Todo el asunto se enreda además porque los estados financieros de la entidad no han sido auditados por la Contraloría General de la República, una cortapisa para implementar nuevas ideas que otorguen liquidez mientras se resuelve el punto medular. El presidente de la junta directiva de la CSS, Miguel A. Edwards, representante de los trabajadores, y presidente de la Comisión de Administración y Asuntos Laborales, sugiere utilizar los fondos del fideicomiso –que ascienden a $1,250 millones– de la entidad depositados en el Banco Nacional. Para lograr esto, ya que para su desembolso es necesario presentar los estados financieros auditados, pide a las partes sentarse con el Ejecutivo para que este apoye con una dispensación mensual, teniendo como garantía dicho fideicomiso. En materia de transparencia, El Polígrafo cuestionó a Edwards sobre el viaje que realizó a México, al estado de Guanajuato, y que pocos meses después la administración habría otorgado un millonario contrato a una empresa mexicana supuestamente ligada con esta visita. Edwards defiende que no es la junta directiva la que otorga los contratos y que desconocía si la empresa beneficiada con la licitación de un sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos, tenía relación con el viaje efectuado meses antes a tierra azteca.

Yo creo que hay que aclarar. Los estados financieros están hasta 2019, porque si no estuvieran, la entidad no podría avanzar. Lo que se ha dado son atrasos en el tema de la Contraloría que tiene que hacer su parte, y aprovechamos este espacio para que la Contraloría nos apoye en auditar como corresponde y establece la ley. Los estados financieros han sido trabajados por los representantes de la CSS, lo que falta es que la Contraloría los certifique. Sin esos estados certificados, no se puede avanzar y es lo que ha estado exigiendo permanentemente la junta directiva.

Precisamente, la junta técnica no puede avanzar en los estados porque no han sido certificados por Contraloría; exigimos a la Contraloría que nos apoye de forma diligente para que los estados financieros sean auditados.

Tienen temas legales, pero cuando se tiene voluntad de hacer las cosas, las podemos hacer.

El tema de la precisión del trabajo de los estados financieros no debe ser ningún problema, porque la Contraloría debe revisar los estados, buscar las incongruencias y corregirlas. Pero que la Contraloría, por favor, se meta tal como en enero se le solicitó.

La administración presentó ante la junta directiva una petición de que se le apoyara con la venta de $1,100 millones en bonos que tiene la CSS como garantía de rendimiento para financiamiento. Eso fue el martes pasado. La comisión evaluó el punto con el asesor financiero y tomó la decisión de que lo que estaba presentando la administración no era viable. Nosotros le sugerimos, o planteamos a la administración que la venta de los bonos no era viable y la junta directiva lo rechazó por votación.

En ese espacio se les dijo que buscaran alternativas a la venta de bonos, pero la administración se mantuvo en que eso era lo más viable para obtener la liquidez para el programa.

Por eso es que planteamos que la CSS tiene en el Banco Nacional alrededor de $1,250 millones en un fideicomiso. La junta directiva solicitó explorar esa posibilidad, pero la administración dijo que no, que tenía una situación donde intervenía la junta técnica actuarial y tiene que tener los estados financieros auditados. Pero eso no significa que tenemos que quedarnos con los brazos cruzados, presentemos propuestas. Esos $1,250 millones que no afectan de igual impacto en su uso como la venta de los bonos, podemos hablarlo con el Ejecutivo y que se haga una dispensación hacia la CSS según el requerimiento que tenga la CSS para pagar las pensiones. Ese fideicomiso que está en el Banco Nacional sirva de garantía al Ejecutivo o que se presenten otras ideas para solucionar la iliquidez que presenta la administración.

Podría ser, en una gran conversación que se presenten opciones para solucionar el problema que no sea la venta de los bonos cuyo rendimiento está arriba del 4%, un rendimiento muy bueno. Es una inversión muy buena de la institución y que tiene sus réditos. Si lo que se está planteando es auditar los estados financieros para usar el fideicomiso, pues sentémonos con el Ejecutivo para que apoye una dispensación mensual, teniendo como garantía el fideicomiso en el Banco, que no se meta la mano en el bolsillo sin tener garantías. El punto es que la junta directiva se opone rotundamente a la venta de los bonos, y eso no lo estamos diciendo hoy, desde el lunes o martes de la semana pasada la junta directiva fijó su posición, antes de que el papel saliera en los medios. El jueves en el pleno ratificamos nuevamente que no, y sale en los medios que la junta directiva lo rechazó después, cuando en realidad fue antes.

Nosotros somos respetuosos de la autoridad. El llamado del Presidente sobre esa recomendación que hizo la valoramos, pero la junta directiva en ningún momento va a tomar decisiones que afecten a la población. No podemos tomar decisiones que deban discutirse en un gran diálogo nacional sobre la CSS y los intereses que tocan al 80% de la población.

Hay que ordenar las prioridades. Estamos claros que el problema del virus ha afectado fuertemente a Panamá, y sobre todo la vida y la economía del país. No hay discusión, esa afectación toca la vida de los trabajadores que con su aporte –al igual que el de los empleadores– nutren a la CSS. Pero sí podemos ordenar las prioridades y ponernos de acuerdo en el tema de la solución de la CSS. Peor es no resolver el tema.

Ese es un tema que no solo le corresponde a la junta directiva, porque caeríamos nuevamente en irnos más allá de lo que nos corresponde. Es un tema nacional que todas las fuerzas del país tenemos que entrar a discutir, el punto es que nos hemos quedado en el vaivén de la política y no le hemos puesto el interés que corresponde, pero podemos hacerlo con el concurso del Ejecutivo, de las fuerzas vivas del país y conciliar el tema de la CSS.

Este no es un tema de la junta directiva, sino que corresponde discutirlo a toda la nación. No podemos poner condiciones en una situación que corresponde a todos los panameños. Me parece que siempre nos hemos puesto de acuerdo en diferentes temas, ¿por qué no lo haríamos ahora?

Sí se está haciendo el trabajo. Por lo menos durante un año hemos citado en cinco o seis ocasiones a los miembros de la junta técnica actuarial que han discutido con nosotros los temas de fondo. El trabajo sí se hace, lo que pasa es que es un poco incomprendido y se generan situaciones de opiniones en las que se considera que la junta directiva no está haciendo su trabajo.

El movimiento sindical siempre ha planteado que debe haber un solo sistema, y que el solidario es el que debe prevalecer, no solo a nivel de nuestro país, sino en línea con lo que se viene planteando a nivel internacional, que viene en una regresión de los sistemas que han sido modificados; la gran mayoría ha fracasado en la división. Inclusive cuando los fondos de pensión se han dado en administración. No ha sido conveniente para el pensionado entregar estos fondos de pensión a administraciones de fondos, tal como lo dice la experiencia en el mundo.

En la discusión tienen que estar todos adentro, como lo es fusionar los sistemas, pero tiene que ser bien pensado y tiene que tomarse la decisión después de hacer los análisis para que no genere un dolor de cabeza más serio.

Los informes de qué tienen los cotizantes del sistema mixto se pueden entregar.

No hay ningún problema con eso. Hasta donde yo sé, se conoce en estos informes lo que se tiene ahorrado por los cotizantes.

Estamos de acuerdo, eso es un asunto que la administración tiene que llevar adelante, estamos completamente de acuerdo.

El viaje a México se da por una invitación que hace el director general de la CSS a la presidencia de la junta directiva, porque había recibido una invitación del estado de Guanajuato para que miráramos los dispensadores de medicamentos, por razones de que no solo a esta administración se le había solicitado resolver el tema de medicamentos; en ese momento era el tema número uno de quejas de la población. Así como se resolvió por parte de la junta directiva al director general que resolviera el tema, también se le había solicitado a los directores que en su momento pasaron por la administración anterior.

Esa fue una invitación que llegó a la administración y directamente del director general a la junta directiva. En la respuesta que le damos al Procurador de la Administración en un informe que pide, le detallamos cómo se sufragaron todos los gastos.

Sí, eso fue sufragado por las autoridades de la gobernación de Guanajuato.

Nosotros fuimos a conocer el capital público de dispensación de medicamentos, a eso fue lo que fuimos y ahí está la certificación.

Nosotros como junta directiva no otorgamos ningún tipo de contrato. Nosotros solamente aprobamos lo que presenta la administración. Lo demás lo tiene que realizar la administración, no designamos la empresa a la que se le va a dar el contrato. Tengo entendido que a ese acto se presentaron 12 o 15 empresas a la licitación.

No sé en realidad si había una relación en ese tema con la empresa. Lo que le puedo decir es que fuimos a México a ver el funcionamiento de un hospital público.

No lo sé. Tengo entendido que esta empresa funciona en varios estados.

Realmente nosotros no sabíamos si esa empresa tenía relación o no.

No sabíamos, nosotros fuimos por una invitación directa del director para ver el funcionamiento del hospital público.

Esas son designaciones que hacen los diferentes gremios sobre quién los representa en esos espacios. Si ellos lo designan es una decisión de cada gremio, tanto los trabajadores, el sector público o empresarios.

Esas discusiones se hacen a nivel de los gremios y al final ellos envían los resultados. Cada quien presenta dentro de las ternas a quien van a elegir, ellos deciden qué personas van a ocupar el espacio y luego la terna va al Ejecutivo para la decisión final.

Eso fue una comisión que designó la administración, no la junta directiva. Tengo entendido que en enero hicieron una primera reunión y tenían un cronograma de reuniones, pero no conozco por qué no se ha vuelto a reunir.

Es atender lo que la junta directiva está solicitando. No se va a continuar con el tema de la venta de los bonos porque ya dijimos que esa discusión tiene que darse de otra forma. Se está haciendo por parte de la junta directiva que aceleremos la discusión para el tema del pago de las pensiones, pero para eso se necesita del concurso, de la experiencia de las recomendaciones de personas que puedan ayudar en el tema.