Independencia judicial: una quimera

Más de trece mil abogados recorren a diario, en todo el país, los pasillos de los tribunales de justicia, las oficina públicas o privadas donde se desempeñan. Todos saben que tienen que enfrentar una dura realidad: en Panamá no existe la independencia judicial.

Decenas de miles de jóvenes estudiantes, repartidos en las 18 Facultades de Derecho que existen en nuestro país, aprenden tempranamente que, en Panamá, no existe la independencia judicial.

La confianza y la credibilidad de los panameños en las instituciones encargadas de proteger nuestras garantías fundamentales, nuestros derechos y de impartir justicia, está ausente.

Cada día más y más diversos sectores de la población, constatan que, a pesar de las promesas de todos los gobiernos que se han sucedido en el poder desde la invasión, ninguno ha cumplido ninguno de los compromisos básicos de darle un apoyo decidido a la conquista de una administración de justicia “transparente, independiente y eficiente”. Menos aún, a la posibilidad de “reestructurar y modernizar el sistema judicial”.

Los gobiernos se han guardado de favorecer la mínima independencia judicial dado que interpretan como algo obligatorio, valerse de diversos medios para ejercer un control que les brinde los cinturones de protección y de seguridad necesarios a sus fines.

Y, esta ha sido una de las principales razones para el mantenimiento de la constitución vigente, surgida de los cuarteles para quienes la independencia judicial siempre fue una mosca dentro de un vaso.

La falta de herramientas ciudadanas para poder participar, más y mejor, en los asuntos públicos, no solo impide el acceso a la justicia, también impide la necesaria independencia judicial y favorece la desesperanza, decepción y desaliento ciudadano , al tiempo que el Órgano Judicial mantiene su travesía de “rezago, debilidad e incertidumbre por cuanto el desempeño independiente de su rol constitucional no se halla plenamente garantizado.

La independencia judicial como tarea pendiente de la sociedad panameña, exige una planificación y programación de acciones ciudadanas, de lo contrario continuaremos alejándonos de la construcción de un Estado de Derecho democrático y del debido respeto ala dignidad de la persona humana en todos los terrenos y niveles de actuación.

El fracaso del Pacto de Estado por la Justicia, producto de la decisión gubernamental de darle la espalda a la sociedad civil, organizada, compromete aún más la posibilidad de contener la corrupción y la impunidad, colocando la independencia judicial como una quimera para todos los panameños.