¿Quién debe elegir a los magistrados?

PANAMÁ. Con el envío de los nombres de los representantes de las diferentes organizaciones que integrarán la Comisión de Credenciales para la escogencia de los dos nuevos magistrados que suplantarán a partir de 2010 a la magistrada Esmeralda de Troitiño y al magistrado Adán Arnulfo Arjona, se inicia el proceso de selección.

En el sistema judicial panameño desde 1904 los magistrados son designados por el presidente de la República, luego pasan por la aprobación del Consejo de Gabinete y por último por la ratificación de la Asamblea Nacional de Diputados.

Actualmente el período de trabajo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá es de 10 años.

En países como Costa Rica y Colombia el período de los magistrados se da por 8 años; Estados Unidos es de por vida y en Chile la duración termina cuando el magistrado cumple 75 años de edad.

La designación en estos países se da por diferentes Órganos del Estado. No siempre es el presidente, por ejemplo: En Costa Rica la Asamblea Legislativa es la que hace el nombramiento, en Colombia se realiza a través de la misma Corte Suprema, en Estados Unidos la designación la hace el mismo presidente y es sometida a votación por el pleno del Senado y en Chile la mención también está en manos del presidente de la República.

En Nicaragua el lapso de un magistrado en la Corte Suprema es más corto. Es de 5 años, y su designación es por medio de la Asamblea Nacional.

En Honduras es sólo de 4 años, en este país el nombramiento viene del Congreso Nacional.

Para el presidente del Colegio de Abogados, Rubén Elías Rodríguez el mejor método para la escogencia de los magistrados en Panamá es la siguiente, “debe ser por medio de la Asamblea Nacional de Diputados y por un término fijo”.

Mientras Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia apuesta a que el mejor método para la elección de los magistrados “debe ser por medio del Consejo de Judicatura” para que se garantice la idoneidad ética de los aspirantes.

Castillo, propone quitarle la potestad de designación “al Órgano Ejecutivo y al Legislativo”. Lo que plantean tanto Rodríguez como Castillo, son formas de escogencias que se han puesto en práctica ya en otros países entre esos Colombia y Costa Rica.