Asamblea, lista para el CEMIS

PANAMÁ. Las ex legisladoras Balbina Herrera y Teresita Yaniz de Arias serán las primeras llamadas a declarar en el caso CEMIS.

Las dos políticas serán las principales claves en el inicio de las investigaciones para determinar si hubo soborno en la ratificación de los magistrados Winston Sapadafora y Alberto Cigarruista en el sonado caso de corrupción.

Una vez el expediente —abierto el pasado 22 de julio— sea remitido a la Asamblea Nacional, Arias, actual vicepresidenta del opositor Partido Popular, y Herrera, ex presidenta del opositor PRD, deberán explicar sus acusaciones.

La investigación y el proceso está en manos de los “padres de la patria”. La tarea recae, mayormente, en cuatro diputados de gobierno que integran la Comisión de Credenciales: Mario Miller y Mario Lazarus, de Cambio Democrático; Ricardo Valencia y Manuel Cohen, del Partido Panameñista.

Mientras que los tres perredistas son: Elías Castillo, Benicio Robinson y Leandro Ávila.

Todas las acusaciones del caso CEMIS se remontan al período 2001-2002. El 9 de enero de 2002 se ratificaron a Spadafora y Cigarruista; y entre Herrera y Afú denunciaban soborno para las aprobaciones, de las que se mencionaban jugosos pagos.

Herrera denunció a Afú de haber recibido 1,5 millones de dólares para votar favorablemente por la ratificación de los magistrados panameñistas.

Mientras tanto, Afú —en aquel entonces legislador del PRD y ahora del gobernante Cambio Democrático (CD)— mostró el 16 de enero de 2002, en conferencia de prensa, un fajo de 6 mil dólares como un anticipo a los 20 mil dólares que les darían a cada diputado por votar a favor del proyecto CEMIS en la Asamblea.

Ayer, José Luis “Popi” Varela, presidente de la Asamblea Nacional, en su discurso de apertura del segundo período de sesiones ordinarias, habló del CEMIS como “un nuevo reto”.

Sin embargo, Varela, un diputado integrante de la Asamblea en aquel período 1999-2004, insiste en que deben haber pruebas para que el caso no sea archivado.

Incluso, fue más allá y recordó que en el Periodo de Incidencia —donde se dio la denuncia— el diputado no tiene ningún tipo de responsabilidad ante la justicia.

“Alguien tiene que hacer las averiguaciones, un diputado o un abogado que la Comisión designe, pero la Comisión tomaría la decisión”, alegó.

Varela pidió objetividad y responsabilidad a sus colegas.

“POPI” VARELA INVOLUCRADO

En una de las transcripciones presentadas al Ministerio Público, que decide reabrir el caso CEMIS cerrado en 2003 por la Corte, el diputado Afú vincula al entonces legislador “Popi” Varela, miembro del gobernante Partido Panameñista, del que son los dos magistrados Spadafora y Cigarruista.

Afú señalaba en la grabación que “Popi” Varela también recibió dinero por la aprobación.

Sin embargo, el diputado del CD, Hernán Delgado, parece distanciarse de sus colegas oficialistas Afú y Varela, pues considera que deben separarse del cargo. “No sé si hay méritos para que ellos de manera voluntaria se retiren o no participen de la investigación, yo personalmente lo haría”, dijo.

Delgado enfatizó: “Si ellos son parte dentro de la investigación, indudablemente no deben ser tampoco parte de las evaluaciones probatorias”.

Ante estos planteamientos, Varela no parece inquietarse y se limita a decir que cuando el tema llegue el pleno legislativo decidirá.

No fue posible una reacción de Afú.

OPINIONES

Según el perredista Humberto López Tirone, la clase política y la ciudadanía exige que casos como el CEMIS sean esclarecidos de una vez por todas.

Señaló que el caso CEMIS es el más visible acto de corrupción que involucró a las más altas esferas de todos los partidos políticos del país.

“Da la casualidad que desde 1999 al 2004, en una forma u otra los que se vieron involucrados también fueron los que gobernaron en estos últimos 5 años dejando después de un discurso de cero corrupción”, manifestó.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia dividió en dos las investigaciones del caso CEMIS.

De esta forma, el Ministerio Público, a cargo de Ana Matilde Gómez, investigará las denuncias de sobornos para aprobar el proyecto del gobierno de la panameñista Mireya Moscoso y la Asamblea la compra de votos para ratificar a dos magistrados también panameñistas.

Y aunque el expediente aún no ha sido enviado a la Asamblea, el Colegio Nacional de Abogados pide un proceso abierto y transparente lejos de pasiones.