Fincas para fianzas en la mira

PANAMÁ. Con una misma finca, terreno, propiedad y hasta el valor catastral, unas trece personas, incluidos dos ex ministros de Estado, un Ingeniero Municipal y varios detenidos más obtuvieron una fianza de excarcelación.

Es decir, que de un solo globo de terreno, más de diez personas pudieron obtener su libertad, precisamente, porque la legislación existente en esta materia lo permite.

Ya en junio de 2009, el abogado Darío Carrillo había denunciado a La Estrella, sobre el uso de tierras para fianzas hipotecarias.

“Las autoridades no están entendiendo  que en Panamá pueden transferir una propiedad o  bien inmueble con el que se puedes estar definiendo valores hipotecarios falsos”, destacó Carrillo en aquel momento.

Tiempo después, Publio Cortés, director de Catastro, le remitía una comunicación a Giuseppe Bonissi, Procurador General Suplente, haciendo señalamientos acerca de la presentación continua “de avalúos falsos” de fincas que se presentaban ante los tribunales de justicia, como garantía para la obtención de libertad bajo fianza.

Cortés, además, señaló que los jueces proceden a acoger el bien presentado en garantía y no confirman si el mismo cubre de manera factible el monto asignado.

Indicó que los jueces no están cumpliendo el procedimiento y por ello, las situaciones que se presentaron con bienes sobreevaluados.

Una de las fórmulas que se está buscando consiste en la presentación de un proyecto de ley conjunto entre la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Catastro.

La finca en mención, numerada 50728, está ubicada en el corregimiento de El Potrero, en el distrito de La Pintada en la provincia de Coclé.

Se trata de un terreno de aproximadamente una hectárea (10 mil metros cuadrados/10,000 mts2), situado en un lugar bastante apartado de la civilización, al menos, de la que circunda el corregimiento de El Potrero.

Este bien pertenece al señor Rodrigo Muñoz Sánchez, quien al momento de inscribirlo en el Registro Público, declaró un valor catastral de tres millones de dólares.

Con el bien debidamente registrado, comenzaron una serie de movimientos que permitieron la excarcelación de los ex ministros de Educación Belgis Castro y Salvador Rodríguez; además de Jaime Salas De La Cruz, quien fuera Ingeniero Municipal durante la administración alcaldicia de Juan Carlos Navarro.

En los casos de los ex ministros, el terreno fue utilizado como garantía hipotecaria de las fianzas de 150 mil dólares para sus respectivas excarcelaciones; para Salas De La Cruz, la finca fue puesta como garantía de la fianza de medio millón de dólares en el proceso que se le sigue por supuesto blanqueo de capitales.

El problema vino cuando el Ministerio Público pidió un avalúo del terreno. La finca 50728 fue calificada como “un rastrojo” en un avalúo realizado por la Dirección de Catastro; es decir, un área llena de residuos de tallos, de hojas y otros, luego de realizarse el cultivo de la tierra.

Bajo tal denominación, además, se recomendó “reevaluar el bien, porque no se compadece con la realidad”.

La situación ha puesto en movimiento a funcionarios tanto del Ministerio Publico como de la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía, quienes trabajan en la elaboración de un proyecto de ley donde se busca establecer que las fincas que se presenten ante los juzgados como garantía hipotecaria para fianzas de excarcelación tendrán que contar como un requisito de obligatorio cumplimiento con un avalúo previo, el cual será certificado por la Dirección General de Catastro.

“El propósito es evitar los avalúos falsos para fianzas, apuntó el director de Catastro, Publio Cortés.

En tanto, Neftalí Jaén, asistente del procurador encargado Giuseppe Bonissi, dijo a La Estrella que a inicios de esta misma semana estarán pidiendo a la Asamblea Nacional de Diputados una cita para presentar el borrador del proyecto de reformas al artículo 2162 del código judicial que se refiere a las fianzas de excarcelación, y a la presentación de este recurso para, o bien no ser detenido; o para obtener libertad después de haber sido detenido, salvo en los casos que el Código Judicial establece que no es posible la concesión de una fianza de excarcelación por la naturaleza y tipificación del delito imputado al detenido.

La reforma consiste en que la certificación que emita la Dirección de Catastro sobre el valor de la finca tendrá validez solo por un año. El bien deberá estar paz y salvo y mantener al día los pagos de impuesto.

El juez o el fiscal que conceda la fianza de excarcelación, en cualquier etapa del proceso, podrá pedir la actualización para acreditar el valor real del bien.

“Ya tenemos el borrador del documento, y esperamos que pueda ser discutido prontamente por los diputados”, apuntó Jaén.

Actualmente, la norma consignada en el Código Judicial establece la forma en que el juez acepta la fianza de excarcelación mediante la presentación de un bien como garantía; en cuyo caso se otorgará mediante hipoteca y certificado de garantía bancario.

La ventana que deja al descubierto el artículo señalado es que la fianza debe estar respaldada por una hipoteca que realmente responda al valor exigido por el juez.

Una vez se hizo cargo del Ministerio Público, el Procurador Bonissi abrió una investigación para determinar si se cometieron irregularidades en la consignación del monto de las fianzas de excarcelación otorgadas utilizando la finca 50728 como garantía.