28 de Oct de 2021

Política

Carencias en derechos humanos y justicia

PANAMÁ. Unas doce organizaciones de la sociedad civil remitieron al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unida...

PANAMÁ. Unas doce organizaciones de la sociedad civil remitieron al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Panamá.

La Estrella tuvo acceso exclusivo al documento elaborado por varias ONGs con relación al Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos donde destacan una serie de asignaturas pendientes por parte del Estado como salvaguarda principal de las garantías fundamentales de sus ciudadanos.

La sociedad civil en su análisis pone de manifiesto su preocupación por la situación de los derechos humanos en Panamá y por la insuficiencia de medidas adecuadas por parte del Estado para respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos.

Enumeran como uno de los problemas la falta de cumplimiento del Estado en cuanto al seguimiento al Informe de la Comisión de la Verdad de 2002 donde dan cuenta sobre las violaciones del derecho a la vida, incluidas las desapariciones ocurridas entre 1968 y 1989 donde existen muchos casos inconclusos y algunos que han sido declarado prescritos.

Recomiendan entonces que el Estado asegure que los casos de violaciones graves de derechos humanos, incluyendo los documentados por la Comisión de la Verdad sean debidamente investigados, que los responsables sean juzgados y en caso tal sancionados, que los familiares sean indemnizados y que se suprima la prescripción para delitos por violaciones graves de derechos humanos.

Y que para ello se restablezca la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los crímenes y desapariciones ocurridas entre 1968 y 1989.

¿UNA NUEVA COMISIÓN?

Patria Portugal, hija del desaparecido dirigente opositor al régimen militar Heliodoro Portugal se muestra a favor de la solicitud de reactivar la Comisión de la Verdad para que continúen las investigaciones sobre las muertes de la dicatudura.

Portugal, sin embargo recomienda que en lugar de restablecer la comisión de 2002, debe crearse una nueva donde los familiares de las víctimas tengan más participación. “Tendría que ser una nueva comisión que inicie las investigaciones desde cero y las concluya”, señaló Portugal.

Para Portugal el trabajo de la Comisión de la Verdad fue solo recopilar los datos, que ya se tenían, y plasmarlos en un informe. “Lo que se quiere saber es la verdad de lo que pasó y todavía no se sabe”.

El secretario del Partido Panameñista y hermano de Jorge Camacho, líder estudiantil asesinado en la Universidad de Panamá el 14 de junio de 1978, coincide con Portugal siempre y cuando las investigaciones no abarquen solo los crímenes y desapariciones durante la época militar sino todos las violaciones graves contra los derechos humanos.

Camacho sostiene que la comisión solo tendría sentido si fuera una entidad que de forma permanente, se encargue de denunciar e investigar cualquier violación de los derechos humanos que se haya cometido y que los resultados de las investigaciones puedan terminar en procesos penales en contra de quienes cometan estos delitos.

Miguel Antonio Bernal, jurista, catedrático y propulsor de la Cruzada Civilista considera que la conformación de una nueva Comisión de la Verdad es una obligación que tiene el Estado respecto a la salvaguarda de los derechos humanos y el esclarecimiento definitivo de las violaciones perpetradas contra estas garantías fundamentales. “Mientras esto no se haga, la impunidad seguirá erosionando no solamente la posibilidad de que se haga justicia, sino también permite la desenfrenada violación del Estado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de justicia”.

POLÉMICAS DEL INFORME

Otro de los temas tiene que ver con la administración de justicia y la situación de las cárceles en Panamá.

Las organizaciones proponen la puesta en marcha, lo más pronto posible del Código Proceso Penal (Sistema Acusatorio Penal) para desconcentrar los poderes del Ministerio Público. Además que el Estado ponga fin al hacinamiento existente en los centros de detención.

En cuanto a los derechos de la mujer exigen la creación de un plan de seguridad para víctimas de violencia doméstica y el establecimiento del 50% de cuotas electorales, la equidad en la participación de las mujeres en el Gabinete de gobierno, así como el aumento de número de mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles del gobierno.

Señalan además las violaciones de parte del Estado al derecho a la libertad sindical, principalmente para los trabajadores del sector público donde no se permite la organización de sindicatos y la convocatoria a huelgas.