Las mutaciones del CEMIS

PANAMÁ. La llegada del contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, para el desarrollo del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), para ser precisos, el 17 de septiembre de 2001, supuso el inicio de uno de los episodios más controversiales de la historia política del país.

Pero, ¿qué fue tan grave como para producir una reacción en contra del documento, que ya había pasado por una comisión evaluadora, logró el visto bueno del Consejo Económico Nacional (CENA) y la aprobación de los miembros del Consejo de Gabinete, menos uno.. el hoy presidente Ricardo Martinelli?

En cuanto el Proyecto de Ley No. 7 llegó a la entonces llamada Asamblea Legislativa, se dispuso que la competencia para analizar el documento recaería en la Comisión de Comercio, presidida por el legislador Laurentino Cortizo Cohen, del partido Solidaridad.

Debe recordarse que Cortizo Cohen fue uno de los legisladores que integró en esos años el pacto por el Mejoramiento y Transformación de la Asamblea Legislativa, conocido como el pacto META, un grupo consolidado con los diputados del Partido Popular Teresita de Arias y Rubén Arosemena, además de Cortizo Cohen y Alberto Magno Castillero, ambos de Solidaridad.

La comisión conducida por Cortizo Cohen inició la discusión viendo lo que había enviado el Órgano Ejecutivo, presidido por Mireya Moscoso, para analizar: el pliego de cargos, los anexos respectivos, el informe de la comisión evaluadora, el visto bueno del CENA y la resolución del Consejo de Gabinete.

En quince días, y después de estudiar la documentación aportada, Cortizo Cohen hizo de público conocimiento una serie de “inconsistencias” que a su juicio, requerían de “modificaciones sustanciales”.

Así, se abrió una amplia ronda de consultas públicas. Fueron poco más de tres meses de reuniones, donde arriba de 23 organizaciones, asociaciones y miembros de la sociedad civil se refirieron a los inconvenientes que presentaría para la provincia de Colón y el país, aprobar el documento tal cual lo remitió el Ejecutivo.

Entre los participantes en el extenso proceso consultivo estuvieron Digna Donado y Reynalda Mata-Kelly, por la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón; Nilda Quijano, por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, capítulo de Colón; Matilde González de Ardines, entonces alcaldesa del distrito de Colón; Iván Cohen, por la Cámara de Comercio de Panamá; Enrique Montenegro, del Frente Nacional contra la Corrupción; Marcos Allen, por la Federación de Trabajadores de la provincia de Colón; Dorindo Dayán Cortez, por el Centro Regional Universitario de Colón y Favio Alvey, por el Movimiento de Desempleados de Colón.

La Comisión de Comercio entregó al entonces ministro de Comercio, Joaquín Jácome, el informe conteniendo las propuestas de modificación al proyecto No. 7.

Las recomendaciones que se le hicieron al contrato CEMIS original fueron numerosas, y en la mayoría de los casos, muy sustanciales.

Por ejemplo, el Proyecto No. 7 otorgaba “exclusividad” al Consorcio San Lorenzo para instalar el CEMIS en 300 hectáreas y le otorgaba “terrenos adicionales” que no estaban definidos; la modificación restringía el uso de terrenos adicionales sólo a “áreas adyacentes”, que se utilizarían para un desarrollo futuro, en caso de ser necesario.

Otro punto. El Estado, según el contrato “original” estaría obligado a prestar “sin cobro alguno” servicios de vigilancia, control aduanero y otros al Consorcio San Lorenzo; en la comisión legislativa de Comercio se acordó —y así quedó aprobado en el contrato modificado— que el concesionario tenía que pagar por todos estos servicios y otros que el Estado les hubiera suministrado.

En lo económico, además, el contrato contenido en el Proyecto No. 7 le permitía al Consorcio San Lorenzo traspasar al Estado el CEMIS “a valor en libros”, al terminar la concesión; esto habría implicado para el Estado el pago por los registros contables establecidos por el concesionario.

La modificación de esta cláusula dejó el traspaso del CEMIS al Estado “a título gratuito”, es decir, que habría pasado a manos estatales sin mediar pago alguno, de ninguna de las partes.

En total, fueron más de 40 las recomendaciones que produjo la extensa consulta pública, mismas que fueron incorporadas para reemplazar los puntos divergentes.

De esta forma, lo que había llegado a la Asamblea con poca fortuna, fue luego aprobado unánimemente en la comisión, y luego, por el pleno legislativo.. pero, ¿en qué parte del camino se dañó algo que era tan beneficioso para el país?