Candidatos a diputados al Parlacen deberán buscar sus votos, tras fallo de la Corte

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) marcó un precedente clave en la forma de elegir a los representantes panameños ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Con un fallo emitido el pasado 2 de septiembre y publicado en Gaceta Oficial el 23 de este mes, el máximo tribunal declaró inconstitucional el mecanismo de “listas cerradas” y la elección indirecta de estos diputados mediante las candidaturas presidenciales, ya fueran partidarias o de libre postulación.

Esto significa que, a partir del proceso electoral de 2029, quienes aspiren a ocupar un curul en el Parlacen deberán buscar el voto ciudadano de manera directa, como lo hacen los candidatos a otros cargos de elección popular.

El pronunciamiento de la CSJ declaró inconstitucional las frases “por una lista cerrada” y “por la lista de su preferencia por la libre postulación correspondiente en la boleta para presidente y vicepresidente”, incluidas en los artículos 513 y 515 del Acuerdo 7-1 del 15 de febrero de 2022, que contiene el Texto Único del Código Electoral.

La decisión, respaldada por la mayoría de los magistrados y con un salvamento de voto de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, señala que la normativa vulneraba disposiciones constitucionales.

En particular, resalta que la Constitución establece que la elección de los diputados y suplentes al Parlacen debe regirse por las mismas reglas que aplican para los diputados de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el esquema previo al fallo, establecía un mecanismo indirecto vinculado a la elección presidencial.

Además, la Corte subraya que una votación cerrada contradice el principio de representación proporcional consagrado en el artículo 147 de la Constitución, lo que suponía una distorsión en la representatividad democrática.

La decisión ha generado reacciones encontradas entre políticos, juristas y dirigentes de distintos sectores.

Ana Matilde Gómez, exprocuradora y exdiputada independiente, celebró la medida como un triunfo de la legalidad.

“Ya era hora que hubiera un pronunciamiento contundente que respetara lo pactado en el Tratado Constitutivo del Parlacen. Allí se establece que la elección debe ajustarse a la misma forma que los diputados nacionales, y esto se violaba con las listas cerradas. Este fallo impacta directamente en los debates de la mesa de reformas electorales que están en curso”, señaló a La Estrella de Panamá.

Por su parte, Pedro Miguel González, dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuestionó la practicidad de la decisión y recordó los problemas del pasado en su colectivo político.

“Las listas cerradas tenían una lógica. Como los votos provenían de la elección presidencial, no había otra forma de asignarlos. Si se abre la elección, habría que crear un circuito nacional plurinominal, pero eso ya se probó en el PRD en 1998 y fue un desastre: papeletas interminables con candidatos desconocidos y un escrutinio caótico. Desde entonces, dejamos que fuera el Directorio Nacional quien definiera las listas”, señaló.

En tanto, Dorindo Cortéz, diputado del Parlacen por Realizando Metas, mostró su reservas y recordó que otros países miembros mantienen elecciones cerradas:

“Ya había un fallo previo de la Corte que validaba el modelo existente. Además, el tratado constitutivo del Parlacen habla de elecciones directas, pero también reconoce que cada Estado define su legislación interna. En República Dominicana, Nicaragua y Guatemala se usa lista cerrada; solo El Salvador tiene un esquema más abierto. Pensar en que un candidato deba recorrer todo el país como si fuera un aspirante presidencial es inviable. Ahora será el Tribunal Electoral el que deberá reglamentar este nuevo escenario sin caer en excesos”, explicó.

La decisión reabre un debate de fondo sobre la legitimidad del Parlacen ante la ciudadanía, un organismo regional que en Panamá ha sido blanco constante de críticas. Muchos lo señalan como un refugio de políticos cuestionados, donde prevalece la impunidad bajo el paraguas de la inmunidad parlamentaria.

Con este fallo, la CSJ obliga a replantear el vínculo entre ciudadanía y representación en el Parlacen.

Esta por verse si los candidatos deberán hacer campaña, presentar propuestas y buscar respaldo popular, lo que podría darle mayor legitimidad democrática al organismo.

Sin embargo, también abre interrogantes logísticas de acuerdo a las opiniones consultadas: ¿cómo organizar un circuito nacional plurinominal con decenas de aspirantes? ¿Cómo evitar que el proceso se vuelva inmanejable para los votantes?

Todo esto será trabajo para el Tribunal Electoral (TE), que deberá reglamentar el nuevo sistema de elección.

Expertos coinciden en que el TE tendrá que balancear dos objetivos: cumplir con la Constitución y el fallo de la Corte, y al mismo tiempo diseñar un proceso práctico y comprensible para el electorado.

Además, este cambio incidirá en la mesa de reformas electorales que actualmente debate propuestas de cara a los próximos comicios. La eliminación de las listas cerradas obliga a reconsiderar las reglas del juego y a definir un modelo que garantice transparencia, proporcionalidad y viabilidad operativa.