El presidencialismo: ¿La causa de males políticos?

PANAMÁ. En 18 países encuestados, el 50% de los latinoamericanos desconfía del Presidente de la República. En Panamá, el 8.8% de los entrevistados dijo no confiar ‘nada’, mientras que, en otras categorías de escasa confianza, confían ‘poco’, un 22.2%, y ‘algo’ en un 36 %. La sumatoria de confiar ‘poco’ y ‘algo’ totaliza un 58.2%.

Los estudios de opinión pública reflejan las representaciones sociales —eso que algunos llaman percepción— que los distintos grupos y sectores de la sociedad tienen de determinados tópicos de la realidad en determinado momento y expresan, a su vez, componentes importantes de la cultura política de un país. El estudio de las mentalidades y de los llamados imaginarios colectivos de los distintos actores es una de las herramientas que permite a la sociología política conocer concepciones y actitudes, por ejemplo, democráticas o autoritarias en una sociedad.

Sin embargo, las actitudes negativas o positivas hacia una persona o hacia una forma de gobierno, atribuyéndole características desfavorables o favorables, forman parte esencial de la memoria política colectiva y, muchas veces, son expresión de expectativas frustradas o cumplidas sobre nuestra calidad de convivencia política.

LA DEMOCRACIA COMO UTOPÍA VIABLE

La democracia como utopía viable no puede ser etérea, tiene que tener —amén de las cosas sustantivas, como el propósito de realización del bienestar material y espiritual de todos— un soporte institucional y organizativo necesario para la consecución real de esas aspiraciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la totalidad de los asociados. La democracia como modo de vida tiene que ser sostenible y garantizar, sin degradarse, su permanencia en el tiempo. En conclusión, tiene que ser estable y sostenida.

Sin embargo, una democracia estable y sostenida es siempre una imagen en riesgo. Su soporte normativo se caracteriza por la existencia de libertades políticas consolidadas, alternancia en el ejercicio del poder a través de elecciones limpias y periódicas, una cultura cívica de deberes y derechos internalizada entre sus ciudadanos y procesos reales para una progresiva inclusión social que propicie la creciente participación política de los ciudadanos. Es por eso que es siempre sinónimo de libertad y justicia. Empero, existe otra dimensión, digamos operativa o instrumental, en la que se le da concreción y viabilidad a la democracia. Esta dimensión es lo que en la teoría política algunos denominan formas de gobierno y otros regímenes políticos.

LA DEMOCRACIA COMO INSTITUCIONALIDAD

Asumir una forma de gobierno inapropiada —cuando el soporte institucional, el armazón que le da viabilidad a los anhelos de libertad y justicia no son los adecuados— pone en riesgo a la democracia. En Panamá, posiblemente se haya diseñado y puesto en práctica la más imperfecta de las formas de gobierno democráticas posibles.

Las formas de gobierno democráticas convencionales son, como se sabe, el presidencialismo y el parlamentarismo. Ellas son distintas modalidades de relación o interacción entre el ejecutivo y el legislativo en la gestión política de nuestras sociedades. Sus diferencias están, como desde ya se intuye, en la manera de elección del jefe de gobierno, en sus distintas fuentes de legitimidad, como en sus atributos de poder.

Un politólogo conocido y de mucho prestigio, como Arend Lijphart, define las democracias presidenciales y parlamentarias en términos de dos diferencias fundamentales. La primera recae en la dependencia o no, que el jefe o presidente de gobierno y su equipo tengan con respecto al órgano legislativo. La segunda diferencia, que es decisiva para Lijphart, reposa en la fuente del mandato o legitimidad de los jefes de gobierno. En el presidencialismo, la cabeza del ejecutivo es elegida popularmente ya sea de manera directa, como en nuestro país, o mediante un colegio electoral, como sucede en los Estados Unidos. A diferencia de lo anterior, en el parlamentarismo el jefe de gobierno (generalmente llamado primer ministro) es elegido por el poder legislativo.

Sin embargo, Lijphart introduce posteriormente, la distinción entre democracias mayoritarias y las consensuadas. En las democracias mayoritarias, la fuente de legitimidad está en el ‘tamaño’ del voto popular, y dada la naturaleza de este origen, no requiere, ni exige para su funcionamiento, de una separación real entre el ejecutivo y el legislativo. Tampoco tiende a configurar un equilibrio institucional entre los distintos poderes. En cambio, en las democracias consensuadas el requisito es el equilibrio entre los distintos poderes. Por lo tanto, en esta última, es el compromiso, el contrato, el acuerdo entre los distintos poderes y sectores de la sociedad la forma predominante de la gestión política del gobierno.

PROBLEMA POLÍTICO

La forma de gobierno que tenemos en Panamá es la presidencialista, como sabemos o padecemos los panameños y panameñas. Y decimos que la padecemos porque la nuestra ha resultado, en realidad, en una variedad de presidencialismo que concentra, desde el inicio de la república en 1903, excesivas facultades políticas en el Órgano Ejecutivo y dentro de él, en la figura del Presidente de la República. Esta forma de gobierno que nos rige tiene como única fuente de legitimidad el voto mayoritario con el cual se elige al presidente, que se renueva en sus prerrogativas cada cinco años y funciona como un cheque en blanco para hacer y deshacer mientras dure ese período.

Sin contrapesos reales de poder, es la mano fuerte de este presidencialismo la que hizo posible que las políticas neoliberales impusieran las privatizaciones del IRHE e INTEL, a u n legislativo sumiso. Poder legislativo que no pudo debatir con autonomía –y en defensa de los interese mayoritarios del país— las consecuencias del impacto casi aniquilador que podían tener y que todavía tienen dichas privatizaciones, tanto en la gestión empresarial nacional como en la calidad de vida de todos los panameños. Un presidencialismo con facultades constitucionales para nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decidir sobre los presupuestos de inversión u operación de todos los órganos de poder y de gobierno, incidir en las juntas directivas de las entidades descentralizadas, restarles atribuciones a los gobiernos locales son, entre otras, sus prerrogativas, tantas que serían interminables de enumerar.

Este presidencialismo criollo, que se nos ha convertido en un problema práctico, ¿es una cuestión de individuos o de sistema? Es de ambos. No es sólo una cuestión de individuos, ya que no basta que las políticas educativas contribuyan al rediseño cultural de nuestros niños —futuros ciudadanos y gobernantes— para producir la necesaria transformación de la institucionalidad de gobierno. Sin menoscabo de la importancia que estas y otras acciones puedan significar en el alcance o el impacto de las políticas tendientes a elevar la educación y la cultura política de nuestro país, lo cierto es que, si estas políticas no se acompañan de una reingeniería de nuestro sistema político, sería insuficiente el esfuerzo realizado para forjar una nueva forma de gestionar y practicar la política.

Nuestro sistema político, tiende a generar los elementos propios de su producción y reproducción. Este se ve lubricado en su accionar por los dispositivos que tiene el propio sistema: partidos políticos que funcionan más como aparatos clientelistas para alcanzar, conservar y administrar el poder, que como plataformas programáticas; disposiciones que refuerzan la concentración en pocas manos la toma de decisiones y hacen rígidas las estructuras de poder; una reducida cultura política que limita y convierte al ciudadano en un mero consumidor de dádivas y prebendas, entre otras.

SUPERAR LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA LIMITADA

No olvidemos que la libertad está siempre limitada por el poder y el poder concentrado del presidencialismo nos obliga a practicar las tres reglas de la democracia que Norberto Bobbio propuso para resolver los problemas que tales excesos puedan infligirle a la libertad:

Primera regla: Un sistema democrático debe garantizarle a sus ciudadanos la posibilidad de que exista una pluralidad de grupos organizados, que en competencia puedan ofrecerle a sus representados alternativas sociales y políticas.

Segunda regla: Que los ciudadanos puedan escoger entre varias opciones políticas en libertad.

La tercera regla, la más importante: El sistema democrático debe garantizar que la minoría tenga el derecho real de convertirse en la mayoría.

En conclusión, solo con más democracia se enfrentan y resuelven los riesgos autoritarios que surgen de la propia democracia.