Cuando la política se cruza con la Justicia

PANAMÁ. En los últimos meses, la frase ‘persecución política’ se ha vuelto una constante entre los grupos que adversan al gobierno de Ricardo Martinelli y que aseguran que la justicia se ha convertido en el brazo ejecutor de este acoso.

Las acusaciones vienen de diferentes sectores: Ana Matilde Gómez, los ex presidentes Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos, los sindicalistas y, últimamente, dos diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Instancias internacionales ya se han pronunciado respecto al exceso de poder que concentra el Ejecutivo y han encendido las alarmas de grupos que defienden los derechos humanos y civiles.

¿Pero existe realmente persecución política en Panamá?

Al investigador de mercado Jaime Porcel no le consta que sea así.

Sostiene que alegar a diestra y siniestra ser víctimas de persecución es un error de los políticos, sobre todo de los que enfrentan algún proceso judicial. ‘El que nada debe nada teme. Les toca ahora a los políticos demostrar con pruebas que las acusaciones en su contra son falsas’, apuntó Porcel.

Mientras tanto, el vicepresidente del Partido Popular, en oposición, admite que dentro de su colectivo hay temor por la política de confrontación e intimidación que mantiene el gobierno. Aníbal Culiollis aboga por la concertación para dirimir estas diferencias.

Sin embargo, para el analista político José Isabel Blandón no se trata de persecución, sino del uso de la justicia como un arma política, algo que considera un vicio no solo de este gobierno. ‘Es un vicio del sistema democrático panameño. Apenas tienen poder quieren usar la justicia para sus intereses’, agregó.

Asegura que el caso más palpable de esta forma de conducirse fue el proceso judicial contra la procuradora Ana Matilde Gómez. Para Blandón, señales como revelar informes de auditorías que deben ser confidenciales hasta admitir querellas extemporáneas como la recién admitida denuncia penal contra el diputado PRD Yassir Purcait son indicios claros de cómo se ha llevado al campo de la justicia la política.

EL CASO PURCAIT

Luego de cerrado el periodo de impugnaciones en el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia admitió una querella penal presentada por Héctor Cedeño por el supuesto delito electoral de falsificación de residencia.

Cedeño, también integrante del PRD y quien perdió contra Purcait en las elecciones primarias de ese colectivo político, quiere que le sea revocada la curul del diputado. Incluso pretende reclamar como suya la curul del diputado PRD.

La denuncia quedó bajo la ponencia del magistrado Winston Spadafora.

La Estrella conoció que ya existe un proyecto de fallo donde se hace traslado del caso al fiscal Electoral Eduardo Peñaloza.

En su defensa, Purcait asegura que la querella no tiene fundamento legal, ya que las últimas reformas al Código Electoral (2004) flexibilizaron los requisitos de residencia para los candidatos.

Además, sostiene que Cedeño sólo es un cómplice más del gobierno que ha tratado de extorsionarlo para que se cambie de partido.

El magistrado Gerardo Solís explicó que el Código Electoral establece ‘criterios de residencia amplios’ para que un candidato pueda aspirar a un puesto de elección popular.

‘Una persona puede postularse a candidato en una circunscripción, aunque no duerma ahí, y si es oriundo, estudia, tiene negocios o vínculos familiares en esa circunscripción, él también puede correr en ese distrito electoral’, afirmó el magistrado Solís.