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27 de Feb de 2021

Política

¿Qué se esconde detrás de la controversia indígena?

PANAMÁ. La lucha de la dirigencia tradicional indígena para lograr que el Gobierno derogue el decreto 537 que da potestad al Tribunal El...

PANAMÁ. La lucha de la dirigencia tradicional indígena para lograr que el Gobierno derogue el decreto 537 que da potestad al Tribunal Electoral (TE) para organizar las elecciones en territorio comarcal se agudiza.

Ayer, unos 380 ngöbes bloquearon la vía que comunica la región bocatoreña de Chiriquí Grande con el distrito de Gualaca, en Chiriquí.

La protesta, que se extendió desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., fue catalogada como un llamado de atención al Gobierno para que ‘respete al pueblo indígena, la comarca y sus recursos’, explicó el dirigente Domingo Palacios.

Mientras, en la ciudad capital miembros de la Unión de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), en apoyo a los indígenas, realizó un piqueteo en la sede principal del TE advirtiendo que en los próximos días presentarán una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto 537.

En tanto, sectores políticos de oposición han manifestado que detrás de esta nueva demanda de los indígenas se esconden otros intereses.

El diputado del Partido Popular Irene Gallegos acusó a la dirigencia del Suntracs y de Frenadeso de estar detrás del movimiento indígena que pide al gobierno la derogación del decreto en mención.

Gallegos sustentó que es falso que el TE ahora es que quiere intervenir en las elecciones comarcales.

Frente a los cuestionamientos del diputado Gallegos, el dirigente del Suntracs, Saúl Méndez, negó que exista algún interés de esta agrupación de desestabilizar la paz en el pueblo ngöbe.

Lo que busca Frenadeso es ‘apoyar a las comunidades indígenas en su lucha para lograr que el gobierno derogue el Decreto Ejecutivo 537’, recalcó Méndez.

Para el también secretario general del Suntracs, el gobierno ‘es un violador de los derechos humanos porque desde el conflicto que se generó con la Ley 30 los ngöbes solicitaron la revocatoria del Decreto Ejecutivo 537’.

Pero a pesar de las críticas, el Gobierno insiste en que no hay ilegalidad en la aprobación de este decreto.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, dijo ayer en Telemetro que ‘el congreso celebrado en Pueblo Nuevo no contó con el respaldo de la población ngöbe y, por ende, no tiene ninguna legitimidad’.

Luego de conocer la posición de la ministra, Celio Guerra, nuevo presidente del Congreso Comarcal elegido en Pueblo Nuevo, aclaró que los indígenas lo único que persiguen es que se respete su cultura y el derecho a elegir a sus autoridades.

‘No queremos desestabilizar el país, pero lo cierto es que gracias al Gobierno ya hay una desestabilización en la comarca porque nos han dividido’, expresó Guerra.

El líder político agregó que ‘los hijos del Gobierno (las autoridades electas en Llano Tugrí), le pondrán en bandeja de plata la riqueza natural de la comarca, razón por la cual el pueblo se mantendrá en pie de lucha’.

Por su parte, el diputado del PRD Leandro Ávila consideró que el gobierno debería iniciar una jornada de docencia y aclarar criterios.

‘Si todos los partidos nos regimos por lo que diga el TE si realmente hay una ley en la Comarca que dice que esta entidad también es la regente de las elecciones en esta región, hay que respetar la ley, pero esto el gobierno tiene que aclararlo’.

Para el analista Jaime Porcell, la situación, en primer plano, es una ‘tensión normal’ producto del enfrentamiento de dos culturas; en una los indígenas pululan por autogobernarse y ser extraterritoriales, mientras que en la otra el Gobierno central intenta ser nacional y ‘poner en cintura’ a las etnias indígenas.

‘Ellos (los indígenas) no aceptan la jurisdicción nacional, y eso en concepto de Estado es inadmisible, pero tampoco el Gobierno debe imponerse’, agregó.

Aún así, Porcell no desestima que dentro de los grupos ngöbes que rechazan la fiscalización del TE haya injerencia de fuerzas políticas exteriores. Frente a eso, sostiene el analista, es necesario que el Gobierno aprenda a actuar y saber dar respuestas.

Por su lado, la abogada Anayansi Turner, estudiosa del tema indígena, advirtió que en el trasfondo del panorama hay un interés gubernamental de manipular la dirigencia ngöbe.

Eso —agregó— pese a que las leyes que regulan a la comarca establecen la autodeterminación del pueblo ngöbe. ‘La Carta Orgánica y la Ley 10 establecen el procedimiento para la escogencia de las autoridades, y lo que allí se hizo fueron reformas inconsultas (...). Hay un evidente control y rejuego político’, sostuvo.

Entre tanto, el sociólogo Marco Gandásegui plantea que los ngöbes persiguen con su lucha dos cosas: una, conservar sus tierras y comunidades ‘ante el atropello de las instancias que los oprimen’, y segundo, mantener su dignidad como pueblo; que los gobiernos y sus agentes detengan sus ataques sistemáticos y permanentes.

Arguyó, además, que la eventual participación de grupos políticos de oposición como Frenadeso en la agenda política comarcal, se daría porque ‘esa organización ha realizado un trabajo de pactos y alianzas, y ha encontrado el consenso en los diversos grupos que forman el pueblo ngöbe, para llevar a un miembro de su organización a ese alto puesto’.