Garantías legales pausan compra del Corredor Sur

PANAMÁ. Lo que parecía el cierre de una negociación exitosa terminó en un laberinto legal, un nudo gordiano envuelto en preceptos legales y términos de garantías que a última hora estancaron la compra.

Este enredo ha complicado la compra del 100% de las acciones de ICA por parte de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), tan pregonada por el gobierno hace un año.

Aunque el cierre de la transacción se realizaría ayer miércoles, según las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, hubo algunos ‘detalles de garantías y representaciones’ en los que tanto ICA como ENA aún no se ponían de acuerdo para poder llegar a ‘una redacción aceptable’.

El titular insistió en que ‘la transacción se va a dar’ y que el ministro del Canal, Rómulo Roux, está apoyando ‘para destrancar’ las negociaciones, aunque prefirió no ofrecer más detalles sobre cuáles fueron las discordancias de la compra.

Pero lo que sí reveló el ministro Vallarino fue que ICA —principal beneficiada de la compra— aún tiene que rescatar unos bonos en Estados Unidos, pero para ello debe liberar algunas acciones.

Según algunos economistas, los bonos a los que hace alusión el titular representan una suma de $146 millones que colocó ICA a manera de bonos en la Bolsa de Nueva York, la capital financiera del mundo.

De acuerdo con los cálculos de los expertos, si estos pasivos son adquiridos por el Estado, la empresa ICA podría tener una ganancia de 736 millones (34% más que lo esperado para el 2024 y 54% más al precio de venta actual).

LAS GARANTÍAS INACEPTABLES

En medio de las críticas en contra de la negociación que ha sido catalogada por juristas, economistas y ambientalistas como ‘leonina’, el viceministro de Finanzas, Dulcidio de La Guardia, quien ha sido la mente detrás de todo el proceso de compra venta de los corredores, dejó claro que el gobierno pidió a ICA una garantía de $20 millones en caso de que lleguen a proceder algunas de las demandas que reposan en contra de ICA en los juzgados y la Corte Suprema de Justicia.

Además, el gobierno aportará $3 millones más por cualquier otra contingencia que se presente.

En total son $23 millones que se destinarían para que ENA pueda cubrir alguna contingencia que se presentara.

Pero el camino a seguir no será tan fácil. Cuando se cierre este negocio, el gobierno tendrá que esperar el grado de inversión que le darán las calificadoras para realizar la emisión de bonos en Panamá como en Estados Unidos.

LA MALDICIÓN GITANA

Nada está escrito en piedra y por ahora la última palabra la tienen los abogados.

Al menos así lo dio a entender el ministro Alberto Vallarino cuando mencionó que ‘hay una maldición gitana que dice: entre abogados te veas y esto (las negociaciones) están en manos de los abogados’ .

Tal parece que el gobierno está muy apurado en cerrar la compra lo más pronto posible, ya que sin importar bajo qué términos se desarrollen los acuerdos entre ambas partes, los asesores financieros de ENA han presentado ante la Comisión Nacional de Valores de Panamá toda la documentación requerida para iniciar con el proceso de emisión de los bonos.