Gobierno sumergido en escándalo por ‘call center’

PANAMÁ. Los rumores callejeros ganaron cuerpo. Ayer, en un intento por lograr que el gobierno de Martinelli le reconociera emolumentos, un ciudadano dejó al desnudo la existencia de un grupo que, desde la clandestinidad, monitoreaba los medios de comunicación, en los que defendía al mandatario de la República y, de paso, arremetía contra los periodistas más verticales.

El grupo —conocido popularmente como ‘call center’—, relató el denunciante, lo componían cinco militantes de Cambio Democrático (CD) y se formó justo después de que Ricardo Martinelli llegara al poder, a mediados de 2009, para una labor simple: defenderlo de quienes le estaban ‘faltando al respeto’.

Una serie de correos electrónicos cruzados entre el coordinador de los voceros extraoficiales —un hombre llamado José Vargas— y el ex secretario de Comunicación del Estado, Alfredo Prieto (y a los que tuvo acceso La Estrella), muestran la complejidad y forma de trabajo de la red, y dejan ver el conocimiento y consentimiento que dio el propio Martinelli.

‘EL PRESIDENTE TIENE QUIEN LO DEFIENDA’

Todo empezó a gestarse en septiembre de 2010. Mientras el país tragaba fuerte los resultados del caos por la Ley 30, Vargas —tras infructuosos intentos— había logrado contacto con Prieto para organizar el grupo. Antes tuvo que convencer a Martinelli de la propuesta. Dos mensajes de texto, en los que se identificó como ‘el desconocido de Pacora’ y en los que le pidió colaboración para conseguir una ‘cita para crear un grupo de profesionales para llamar a los diferentes medios’ y defenderlo, bastaron. El presidente sólo atinó a responderle ‘dale’ y ‘háganlo’.

Vargas y el grupo se reunió el 7 de septiembre por la mañana con Prieto y arrancaron el trabajo. Aunque sería ad honórem —dijo ayer el denunciante en Canal 2— cada uno de los del ‘grupo geriátrico martinelista’ recibiría unos 300 dólares mensuales. Además, estaría bajo las ‘situaciones administrativas’ del Palacio de Las Garzas, y muy pocos sabrían de su existencia.

LA OPERACIÓN DE FONDO

Ninguno de los seguidores del presidente trabajaba en oficinas de gobierno. Lo hacían desde sus casas (la mayoría en las periferias de San Miguelito), y en oficinas en Paitilla. Allí limpiaban la imagen del mandatario de los ‘fanáticos del PRD’ en los sitios web, las radioemisoras y los programas de televisión. En los del Canal 35 (cuyo dueño es Prieto), y en el Canal 13. Incluso, el denunciante reconoció en televisión diferencias con uno de los presentadores de este último medio, Álvaro Alvarado, quien hace poco denunció presiones anónimas por las críticas frente a las crisis políticas por las que ha atravesado el país.

El ‘grupo geriátrico martinelista’ enviaba a Prieto todas las semanas un informe. En uno de ellos (enviado el 29 de septiembre de 2010), otro, de CD, identificado como Vargas Castellar, planteaba al ex funcionario que ‘nos mantendremos vigilantes y preparados en defensa de nuestro gobierno’. Éste, entonces, le dio un espaldarazo: ‘Buen trabajo’.

EL DESENCANTO

Pero de repente todo cambió. El 23 de diciembre pasado, Martinelli supo nuevamente de la organización. Vargas le denunciaba al presidente sobre el desinterés de Prieto en el asunto, y él sólo le anticipó que el secretario ‘dejará de trabajar en el gobierno a finales de este mes’. (Ver infografía)

El final de mes pronto llegó y Prieto se fue. El grupo había quedado con la supuesta promesa de pago sin mayores respuestas. ‘Irresponsablemente (Prieto) no hizo los trámites administrativos’, advirtió el denunciante en el Canal 2.

Esta afirmación es rebatida por Prieto. Aseguró a este diario que durante su año y medio de trabajo ‘nunca supe de ningún call center’. ‘Por lo menos cuando yo estuve no hubo nada de eso’, afirmó el comunicador.

Pero la falta de respuesta hizo al grupo volver a tocar las puertas del presidente. En otro correo propusieron un nuevo plan paralelo al de ‘divulgación masiva’, con características muy populares. ‘Este sería casa por casa, comunidad en comunidad, barrio por barrio, residencial por residencial, buses, supermercados, centros comerciales y otros’. Allí, dijo Vargas, darían a conocer la gestión de gobierno. Martinelli sólo respondió con un ‘gracias’.

El grupo ya pasaba de apoyar al presidente a reclamar lo que, dicen, les adeudan: seis meses de trabajo, los cuales calcularon en unos 9 mil dólares.

Los movimientos los llevaron donde el reemplazo de Prieto, Astrid Salazar, en enero pasado. Según el denunciante, ahí se enteró del grupo y les prometió solución. ‘Pero nos mintió. Nos dijo que nos iba a dar respuesta y que paren eso’, relató.

Aunque Salazar admite haberse reunido con Vargas, sostiene que Prieto ‘nunca me comunicó nada de eso’. Y agrega que respondió a los seguidores de Martinelli que la única forma de que les pagarán sería con un contrato que garantizara que el trabajo fue hecho. ‘Me presentó unas escritos a manos de los supuestos monitoreos. Nunca le prometí algo a él’, recalcó.

El disgusto llegó en septiembre pasado al Ministerio de la Presidencia. Pero, la viceministra María Fábrega, en una misiva enviada a Vargas el 27 de septiembre, ratificó la postura de Salazar: ‘No existe una constancia (...) que reposa en este Ministerio respaldando la existencia de una obligación económica’, dijo Fábrega.

MARTINELLI SE DESLINDA

El presidente también tomó partido del asunto. Sostuvo ayer que ‘eso no tiene nada que ver con la Presidencia. Yo diría que es una falta administrativa, que le pregunten al señor Prieto’.

El gobierno instó a Vargas a presentar una denuncia formal por el escándalo.