Piden a CIDH interceder por el Pacto de Justicia

PANAMA.. La sociedad civil organizad a pidió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que indague al gobierno de Panamá sobre la reinstalación de la Mesa de Diálogo para el Pacto de Estado por la Justicia.

La solicitud fue hecha ayer en una audiencia temática de la CIDH en Washington, justo cuando el mandatario Ricardo Martinelli ha dicho que elegirá a los cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin tomar en cuenta el pacto, acordado en 2005 por los tres Órganos del Estado, el Ministerio Público, la Defensoría y los representantes civiles.

Dicho acuerdo planteaba que los magistrados deberían ser escogidos con la participación de la sociedad civil.

Frente a las deficiencias en la elección de los magistrados, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recordó que Alejandro Moncada Luna y José Abel Almengor fueron nombrados al margen de las recomendaciones de la sociedad civil, y que un año después, Almengor —allegado a Martinelli— renunció en medio de escándalos de corrupción.

La sociedad civil también pidió al CIDH ‘asistencia técnica’ para desarrollar un sistema de selección de magistrados ‘transparente y con participación ciudadana’, que sea aplicado en el proceso de escogencia de los integrantes de la CSJ.

MÁS PETICIONES

Asimismo, pidieron a la CIDH que solicite a Panamá la integración de la Comisión Interinstitucional para una reforma procesal penal y que defina cuándo se presentará y debatirá en la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre Justicia de Paz y Carrera Judicial.

INTERIORIDADES DE LA AUDIENCIA

Durante el encuentro se indagó sobre la calidad del servicio público judicial. Lo calificaron de ‘deficiente’, tomando en cuenta ejemplos el caso de ‘la tragedia de La Cresta’, ya que en Panamá no se ha hecho justicia a los familiares de los 18 muertos y a las 25 personas heridas. También mencionaron el envenenamiento masivo por dietilenglicol, en el que aunque unas 250 personas han muerto y 10 mil han sido afectadas, aún no se hallan culpables.

De igual forma abordaron el incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores en Tocumen, en el que murieron cinco jóvenes y dos quedaron gravemente heridos, y en el que hay policías implicados. Alrededor perciben un ambiente de impunidad.

REPRESIÓN DE LA LEY 30

En la reunión, la fiscal Argentina Barrera reveló que las autoridades judiciales tienen abiertos unos 36 procesos penales por la represión en Changuinola en contra de la Ley 30.

Sin embargo, Magaly Castillo, directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, sostuvo que por este caso no hay agentes policiales detenidos.

Al terminar la jornada, la sociedad civil solicitó a la comisión que el Estado ‘respete la declaración de principios sobre libertad de expresión y que cesen los ataques personales a la opinión distinta en base a la política pública’. Además, pidieron a la comisión una visita in loco a Panamá, para que observe y emita una posición sobre la independencia del Órgano Judicial y el Ministerio Público.