PAN: el programa que baila al filo de la corrupción

PANAMÁ. La mística del Programa de Ayuda Nacional (PAN) o del Fondo de Inversión Social (FIS) está repleta de ironías. De casi desagradable resulta imprescindible: en campaña los vítores de su supresión resuenan con fuerza, pero en gobierno la historia da un giro radical.

El presidente Ricardo Martinelli lo corrobora ahora, poco más de tres años después de tomar el poder. Parece haber entendido por qué nadie hizo intentos por eliminarlo. Y dejó en claro que no será él quien rompa la tradición.

Martinelli aseguró ayer: ‘no cerraré el PAN’, pese a una lluvia de cuestionamientos de la oposición política y de la sociedad civil.

Estos insisten en que la entidad, adscrita al Ministerio de la Presidencia (el de mayor presupuesto en el Ejecutivo) es ‘una caja menuda’ para los diputados, ediles, alcaldes y dirigentes de los partidos Cambio Democrático (CD) y Molirena.

También para los ministros del Gabinete. Por ejemplo, el de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino —uno de los también precandidatos de CD— obtuvo 5.4 millones de dólares en partidas para proyectos de suministros a personas de escasos recursos a nivel nacional.

El PAN, además, ha asumido proyectos viales cuya competencia legal es del Ministerio de Obras Públicas.

‘Esto es preocupante’, dice el diputado panameñista José Luis Varela. ‘Esos contratos no se dieron en actos públicos, puesto que el PAN no se rige por las normas de contratación pública’.

‘Es un foco de corrupción’, amplía. No hay obligatoriedad de licitación pública y eso resulta en que compañías registradas poco tiempo antes y con vínculos con el círculo político del gobierno ganan contratos.

Por eso, insistieron políticos de la oposición y activistas de la sociedad civil, el PAN tiene que ser eliminado. ‘Debió desaparecer en el primer año de gobierno’, reclamó el presidente de la Fundación para la Libertad Ciudadana, Carlos Gasnell.

Pero, ostentó Martinelli en un acto de entrega de titulaciones en Tocumen, ‘eso es por pura envidia’.

FESTÍN DEL TRANSFUGUISMO

Del PAN, denunciaron diputados de la oposición, se han estado sacando fondos para las obras de los originalmente oficialistas y, reveló esta semana el diario La Prensa, para los tránsfugas. Los que en medio del juego político se cansaron de ser detractores y pasaron a la fila gobernante.

‘Es una caja menuda que hoy está favoreciendo a sus precandidatos’, reclamó el diputado panameñista Adolfo Valderrama, cuya bancada solicitó la semana pasada citar en la Asamblea Nacional al exdirector del PAN, Giácomo Tamburelli, para explicar el grueso y las razones de los gastos mientras llevó el timonel de la oficina social de la Presidencia.

Es que por estos días las dudas saltan. Según informes estadísticos del PAN, en Barú, Bugaba, Colón, Chame —circuitos cuyos diputados son tránsfugas— el PAN ha destinado al menos catorce millones de dólares en obras comunitarias y sociales en el último año y medio.

‘El PAN se usa para el chantaje’, asegura el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Luis Fábrega.

EL CLIENTELISMO

La lógica del fondo a la merced presidencial no ha variado casi nada en los últimos años. Ha sido una especie de banco cuya mejor reputación es la de capitalizar la corrupción política a través de estrepitosos gastos estatales.

Por ejemplo, entre julio y agosto de este año, el PAN agregó a su presupuesto cuatro millones de dólares. De 140.8 millones de dólares pasó a 144.5 millones de dólares.

La cifra es exhorbitante, comparada con lo que —según los registros de la Asamblea— se le aprobó para funcionamiento: 10.9 millones de dólares.

‘Es un engaño, en la medida en que avanza el año se va modificando y crece el presupuesto’, aclara Varela.

Alvin Weeden ha comentado con dureza: ‘más ha sido la plata que se han robado allí, que las obras sociales que han hecho’.

EL EFECTO BÚMERAN

Martinelli sabía que funcionaba así. Al menos lo dejan ver reportes de prensa de entre agosto y octubre de 2007, cuando sostuvo férreas diferencias con el entonces director del FIS, Adonai Ríos, por la utilización de recursos de la institución para actividades políticas del PRD. Incluso lo demandó ante la Fiscalía Electoral.

El hoy mandatario se quejaba de que el Ejecutivo obviaba las licitaciones públicas lo que, a su juicio, propiciaba el ‘manejo político’ de la institución, que ahora tiene un presupuesto siete veces mayor que por esos días.

Hoy la denuncia es la misma, incluso con la sazón de presuntos desfalcos de diputados con obras sociales. Una práctica, según los críticos, inconstitucional y ‘clientelista’, que nació tras los roces entre el Ejecutivo y la Asamblea del quinquenio 1999-2004.