Gobiernos locales guardan silencio

PANAMÁ. ‘Dejemos a esa gente quieta y que sean castigados en el 2014’, se alzó un edil de la directiva de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), cuando ayer la organización analizaba el polémico anteproyecto de ley de gobierno que busca facilitar la revocatoria de mandato a los diputados y a las autoridades locales.

La reacción abrió el compás del resto de la mesa.

‘Nada de lo que se diga aquí va a tener incidencia en el 2014’, sostuvo el edil de Montijo, Julio Vives.

La Amupa, que congrega a todos los alcaldes y representantes de corregimiento del país, decidió por unanimidad no emitir comentario alguno sobre la propuesta legislativa que echaría abajo la Ley 14, con la cual los partidos de gobierno abrieron la puerta al transfuguismo político.

El presidente de la Amupa, Jorge Herrera, explicó que, en cambio, ‘será responsabilidad individual’ de cada autoridad local pronunciarse al respecto.

‘QUIEN TIENE LA ÚLTIMA PALABRA ES EL PUEBLO’

Los ediles y alcaldes directivos de la Amupa insisten en que más allá de la conveniencia política o no de la propuesta legislativa ‘será el pueblo el que tendrá la última palabra’.

‘Si alguien pretende reelegirse, deberá rendir cuentas de lo que hizo’, agregó Vives.

‘Cada uno debe ser consciente del paso que dan’, apuntó, por su parte, el alcalde de Capira, Iván Saurí.

Por ello, para el vicepresidente de la Amupa, Eudosio Pérez, quedará ‘en manos de la comunidad que lo eligió (al político) la responsabilidad de evaluar la actitud de los tránsfugas’.

‘Por sus actos los conocereis’, añadió Pérez.

Aún así, los representantes y alcaldes denunciaron la política del gobierno de Ricardo Martinelli de cercar a las autoridades locales para que se cambiaran de partido.

Yoira Machado, la única edil oficialista presente, intentó lavar la cara de Cambio Democrático (CD). ‘Es injusto decir que por culpa del gobierno tenemos tantos tránsfugas’.

El anteproyecto que deroga la Ley 14 fue presentado el miércoles a la Asamblea.