Advierten de judicialización de la política en el 2013

PANAMÁ. La oposición política auguró un 2013 agrio, tras la designación de Ana Belfon Vejas y José Ayú Prado en el Ministerio Público (MP )y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

‘Empezamos con mucha preocupación’, dijo el diputado José Isabel Blandón. Esta semana, al calor de la ratificación de Belfon a tambor batiente, también denunció que —según los planes del oficialismo— se abrirían procesos contra opositores para inhabilitarlos para las elecciones generales de 2014.

‘El presidente, a través de una tercera persona, envió un mensaje a la directiva panameñista de que a partir de 2013 venían arrestos’, aseguró Blandón.

Su temor no es exclusivo. Al filo de las críticas por el incumplimiento del Pacto de Estado por la Justicia (que propone cambios en el sistema de elección del procurador y magistrados, para evitar que la justicia sea utilizada a conveniencia del poder), en el Partido Popular uno de sus vicepresidentes, Aníbal Culiolis, sostiene que en el 2013 ‘se judicializará la política’.

‘Por la trayectoria de Belfon, su etapa como fiscal en los últimos años de la dictadura, las dudas son justas’, aseguró Culiolis.

Balbina Herrera, expresidenta del Partido Revolucionario Democrático (PRD) coincidió con ello: ‘vamos a tener un difícil 2013, por la forma tan poco importa en que se hicieron las ratificaciones... la procuradora dice que no va a perseguir a nadie, pero cómo no ocurrirá si ya persigue’.

EL MP DE BELFON

Sobre Herrera pesa, justamente, una denuncia interpuesta por Belfon, en nombre del presidente Ricardo Martinelli, por la divulgación de correos que intercambió con Valter Lavitola sobre la negociación secreta para contratar con la italiana Finmeccanica el suministro de radares, mapas cartográficos digitales y helicópteros al Estado.

Belfon asumirá un MP sobre el que sobran cuestionamientos por la recomendación que hizo a la Corte, su antecesor, el nuevo magistrado de la sala penal José Ayú Prado, de cerrar el expediente de Finmeccanica en Panamá.

El MP también sobreseyó a la exdirectora de Titulación de la Anati, Anabelle Villamonte, en el escándalo de titulación gratuita de tierras estatales a allegados al gobierno de Martinelli; y sigue una investigación al sindicalista Mariano Mena —también portavoz del opositor Frente por la Democracia—, por supuesto mal uso de los fondos del seguro educativo.

Aún así, Belfon asegura que en su gestión no habrá persecución política, sino al delito. ‘Seré fiel a mi cargo y no dejaré influenciarme’, insistió la cuarta procuradora que ha tenido Panamá en cuatro años.

De esa manera intenta rebatir el pesimismo de la oposición por su vinculación con la dictadura de Manuel Antonio Noriega (fue fiscal Superior y la acusan de perseguir y arrestar a los opuestos al régimen como el escritor Guillermo Sánchez Borbón), y por su relación estrecha con el gobierno, en el que fungió, hasta esta semana, como asesora legal de Martinelli.

Belfon, según fuentes políticas, fue parte del equipo que preparó polémicas leyes que presentó el Ejecutivo ante la Asamblea, y que se han deshecho tras la presión civil. Al Ejecutivo, justamente, le debe su ascenso en el Ministerio Público.

EL SILENCIO DEL GOBIERNO

La Estrella intentó obtener una respuesta del oficialismo, sin éxito. Ninguna de sus principales figuras contestó las llamadas a sus teléfonos. Tal vez sea un patrón. Martinelli y sus ministros guardaron silencio durante la ratificación.

En la Asamblea, la regla se cumplió. Los diputados oficialistas poco intervinieron, tanto en la Comisión de Credenciales como en el pleno del Palacio Justo Arosemena. ‘A nosotros nos toca revisar si cumplen con los requisitos’, dijo el vicepresidente del Legislativo, Abraham Martínez.

Belfon asumirá el 2 de enero el Ministerio Público. Su período deberá acabar en diciembre de 2014.