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- 14/03/2013 21:28
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El abogado Alfonso Fraguela junto a Luis Rogelio García presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 8 de 6 de marzo de 2013, que posterga la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio.
En el artículo 1 de la norma habla de la implementación progresiva. Para la aplicación este Código, se implementará un programa progresivo, en la forma indicada en el siguiente artículo. Y en el artículo 2 se expone los periodos de vigencia e implementación del Sistema Penal Acusatorio.
Los abogados manifiestan que los artículos 1 y 2 de la Ley 8 de 2013, vulneran directamente el artículo 1 la Constitución Política, ya que ese artículo de la Carta Magna establece que el gobierno de la Nación Panameña es unitario, republicano, democrático y representativo.
En el documento, explican que el artículo 2 de la Ley 8 de 2013, transgrede directamente el artículo 19 de la Constitución Política, ya que da dos categorías o clases de personas, es decir, los ciudadanos comunes estos serán juzgado por el proceso inquisitivo, por tanto, son excluido de los beneficios que brinda el Proceso Penal Acusatorio y la otra clase de personas aquellos que son funcionarios con mando y jurisdicción nacional, estos gozarán de prerrogativas y privilegios funcional que otorga el Sistema Penal Acusatorio.
Con la ley que posterga el Sistema Penal Acusatorio, desde el 2 de septiembre de 2015, se aplicará a los hechos que ocurran dentro del Tercer Distrito Judicial y en sus respectivos Circuitos Judiciales.
Desde el 2 de septiembre de 2016, se aplicará a los hechos que ocurran dentro del Primer Distrito Judicial y en sus respectivos Circuitos Judiciales.
"Que el Código Procesal Penal, es un nuevo procedimiento penal desvinculado de toda relación con el procedimiento inquisitivo y actualizado con las nuevas y modernas teorías y corrientes doctrinales que sustentan el sistema acusatorio. Además, lo fundamental radica en adecuar a la República de Panamá, a un sistema garantista", alegan Fraguela y García.
La Ley 8 de 2013 fue sancionada por el presidente de la República, Ricardo Martinelli y el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, el pasado miércoles 6 de marzo. Ese mismo día fue promulgada en la Gaceta 27239.
Al respecto, la Alianza Ciudadana Pro Justicia ha denunciado que la sanción que diera Martinelli a la ley que posterga la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, no hace más que “afectar la buena marcha de la justicia”.