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14 de Apr de 2021

Política

La mujer y su derecho a vivir sin violencia de género

Gracias a las reivindicaciones de los movimientos feministas —que pasan por el surgimiento de leyes, políticas públicas, campañas estata...

Gracias a las reivindicaciones de los movimientos feministas —que pasan por el surgimiento de leyes, políticas públicas, campañas estatales y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil e internacional— la violencia física, sicológica y sexual hacia las mujeres, particularmente en el contexto doméstico, es rechazada por un número cada vez mayor de personas.

Hoy en día también se acepta que la violación al derecho de las mujeres de vivir una vida sin violencia se origina no sólo en el ámbito particular, sino también desde el Estado, tanto en omisiones por comisiones.

Como hecho social que es, la violencia contra las mujeres, tanto en su expresión ‘particular’ como estatal se da en un espacio específico. Un espacio a veces imaginario y colectivo —el ‘deber ser’ femenino—, pero en la mayoría de las veces, un espacio concreto e individual: el cuerpo de las mujeres.

Y es que en la base de la violencia contra las mujeres se encuentra el desdén, el rechazo a la autonomía de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos.

La tradición judeo-cristiana valora y reivindica el uso del cuerpo como espacio de sacrificio, negando en muchos casos la función de placer que le es inherente y negando el derecho de autodeterminación de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Se ensalza, lo que llama Marcela Lagarde, la idea de ‘mujer —cuerpo— para otros’.

De hecho, el rechazo a las formas mayormente conocidas de violencia contra las mujeres (violencia doméstica y violencia sexual) se sustenta en muchos casos en el hecho de considerar estos actos como un agravio sobre un cuerpo que debe ser cuidado en aras de su potencial función reproductiva, o bien, como agravio sobre un cuerpo que es de uso exclusivo de una persona en particular: el esposo (presente o futuro). En menos ocasiones se identifican estos hechos como una expresión violatoria del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus propios cuerpos.

Así, los cuerpos de las mujeres se convierten en territorios minados: espacios donde guerras ideológicas, burocráticas, religiosas se libran. En los cuerpos de muchas mujeres, las minas se detonan por la falta de acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y de salud reproductiva. Diferencias de clase y etnia también coadyuvan en que existan un mayor número de minas con potencialidad detonante en estos territorios corpóreos y acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva constituye para no pocas mujeres, la diferencia entre la vida y la muerte.

Derecho a decidir si tener o no hijos o hijas; cuántos tenerlos y su espaciamiento. Es una máxima simple que en pleno siglo XXI podríamos asumir su reconocimiento pleno. Pero la realidad es otra. Millones de mujeres mueren al año en el mundo porque se viola ese derecho humano básico. A título individual, en la comunidad y desde el Estado, el derecho a la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres es reiteradamente violentado.

Se viola desde el seno de las familias, cuando las mujeres no tienen capacidad de negociar métodos de planificación familiar. La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2009, señalaba que el porcentaje de necesidades de planificación familiar insatisfechas, —es decir, el número de mujeres casadas o unidas que deseaba espaciar su próximo embarazo o no deseaban tener más hijos o hijas, pero que no estaban usando anticonceptivos— alcanzaba el ‘27.4% de las mujeres casadas o unidas. Esta necesidad insatisfecha de planificación familiar es 2.9 veces mayor en el área indígena que en el área urbana (70.4% y 24.4%, respectivamente) y 2.9 veces mayor en las mujeres sin educación que en aquéllas con algún grado de educación superior(65.2% y 22.3%, respectivamente)’.

Ese derecho humano se viola cuando el Estado dificulta el reconocimiento de violaciones sexuales entre cónyuges. Se viola cuando la comunidad calla ante situaciones de incesto. Se viola cuando no se deja a las mujeres acceder a servicios de planificación familiar gratuitos y se materializa en los casos en los que las mujeres mueren por practicarse abortos en condiciones insalubres. Se viola cuando a una joven embarazada se le dificulta continuar sus estudios.

Ese derecho humano también se violenta cuando se niega el acceso a educación integral en sexualidad y se condena a la juventud de un país a vivir desde el miedo y la ignorancia su propia sexualidad, haciendo de infecciones de transmisión sexual como el VIH cada vez más un tema de jóvenes. Ese derecho se ignora cuando en Panamá, el número de embarazos de niñas entre 10 a 14 años aumenta alrededor de un 1% anual.

Dependencia económica, falta de acceso a escolaridad. Recurrencia de enfermedades y discapacidades prevenibles. Menor expectativa de vida por embarazos precoces. Depresión. Dificultades para incorporarse en el mercado laboral. Sobrecostos al sistema de salud pública por aumento de casos de infecciones de transmisión sexual son algunos de los efectos que la falta de acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva tiene. Ya es hora de que saquemos la salud sexual y la salud reproductiva del closet, porque tenerlas ahí les está costando la vida a muchas mujeres panameñas, especialmente las que viven en condiciones de pobreza y eso tiene un efecto contrario al crecimiento que tanto pregonamos.

Necesitamos leyes que reconozcan la autonomía de las mujeres sobre su reproducción y su sexualidad, pero también mayor asignación de fondos para que se aborden estos temas de manera integral, en todas las etapas de la vida de las personas. Exijamos que las políticas públicas respondan a agendas nacionales y no a agendas personales e impulsemos sistemas de rendición de cuentas para que nos aseguremos de que así sea. Porque sin acceso a salud sexual y salud reproductiva no hay posibilidad de un Panamá libre de violencia hacia las mujeres. Empecemos , pues, a eliminar los elementos que lo dificultan: hagamos de los cuerpos de todas, territorios autónomos, libres de minas.

DIRECTORA EJECUTIVA APLAFA Y MIEMBRO DEL GRUPO DE TRABAJO DE GÉNERO DE FLACSO