Autoridades en Panamá ‘debilitan ejercicio de libertad de prensa’

PANAMÁ. En un informe publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se devela la preocupación del gremio por el estado de la libertad de prensa en Panamá.

Según la SIP, a seis meses de las elecciones del 2014, ‘se registró un incremento en la hostilidad por parte de las autoridades hacia el libre ejercicio del periodismo, manifestado en el tratamiento discriminado a los medios de comunicación, en las restricciones al acceso a la información y en las agresiones, en casos específicos, a periodistas’.

El informe detalla varios de los casos que se han dado en el país en los que se pone en peligro la libertad de prensa, entre los que cita diversas demandas a los diarios La Estrella y El Siglo, y destacan que se trata de procesos que buscan ‘obtener condenas contra los medios sin que exista ninguna proporcionalidad entre el supuesto perjuicio y las sumas reclamadas’.

Además, hacen mención a la reversión de los argumentos originales del Ministerio Público, que buscaban realizar inspecciones oculares y tener acceso a los equipos de los periodistas de los diarios La Estrella y El Siglo, para conocer la fuente de referencia de una glosa publicada.

La decisión final aún está pendiente, pero los fiscales correspondientes reconocieron el principio contenido en la Declaración de Chapultepec y en la legislación panameña que no obliga a los periodistas a revelar la identidad de sus fuentes.

Asimismo, menciona la detención sin causa aparente del periodista de El Siglo Rafael Jiménez, por espacio de 12 horas, por unidades de la Policía Nacional.

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, es citado en reiteradas ocasiones: por referirse a La Prensa como ‘el diario de la opo’; por confirmar, según ellos, el ‘cerco informativo’ al diario La Prensa al declarar en otro medio nacional que le ha dicho a los que trabajan con él que ‘no contesten los cuestionarios’ ; y por la adquisición de medios de comunicación en contravención a la Ley 24 de 1999 que prohíbe a una persona natural o jurídica, relacionadas o afiliadas, controlar directa o indirectamente televisoras o radios y medios impresos en la misma área geográfica de influencia.

También fueron mencionados el vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, por increpar al periodista del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) Ricardo Peñalba; la gobernadora de Panamá, Mayín Correa (sin nombre propio), por dirigirse a la periodista de La Prensa Flor Mizrachi Ángel como ‘judiíta de la Gestapo’; al diputado José Blandón (también sin nombre propio), por presuntas amenazas y ataques al Panamá América; y al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, por agredir al periodista Filemón Medina.

A pesar de que se supone que el Pacto Ético Electoral debe velar por la transparencia del accionar político del país, el informe de la SIP lo acusa de imponer ‘una sanción moral a Panamá América, en un proceso en donde se violaron derechos elementales de todo procesado, como el derecho a la defensa, a ser notificado de las faltas que se le imputan y a gozar de un proceso en el que están las reglas claras y pre-establecidas’.

El Consejo de Seguridad fue otra de las entidades mencionadas en el documento, gracias al retención en apariencia injustificada, de la periodista Elizabeth González y el camarógrafo Bolívar Jurado, de TVN, por sus unidades.

El informe sobre la salud de la Libertad de Prensa en Panamá fue presentado a mediados de octubre durante la Asamblea General de la SIP celebrada en Colorado, Estados Unidos.

Durante la reunión de la SIP, también se aprobó una resolución sobre Acceso a la Información, fundamentada en ‘la limitación del acceso a la información pública en varios países de las Américas, así como la falta de leyes que lo garanticen en otros, es uno de los principales obstáculos para el libre desempeño del ejercicio periodístico y la libertad de expresión en el hemisferio occidental’.

Es una situación que se repite en el país, como relata el informe de la SIP, ya que medios y periodistas ‘encuentran dificultades para acceder a información de contenido público o para que servidores públicos contesten sus cuestionarios’.