Ediles y diputados, en contubernio para burlar la fiscalización

Las alianzas entre los representantes de corregimiento y los diputados no son nuevas. Sus uniones, además de fines políticos, ahora tendrían como objetivo burlar la fiscalización de una Contraloría General de la República que, en los últimos cinco años, ha dado la espalda a cualquier indicio de manejo irregular de fondos del Estado.

Lo que podría ser la punta del iceberg sobre el manejo irregular de las ya cuestionadas y supuestamente inexistentes partidas circuitales, ha dejado en evidencia que los diputados usan las juntas comunales para depositar los dineros públicos que les asigna el Ejecutivo.

En los gobiernos locales, darle uso a ese dinero es más fácil, porque, a diferencia de otras entidades, para estas instancias no existe el control previo. En años anteriores, se ha conocido que los representantes cobran entre el 8 y el 10% por administrar estos fondos.

Una vez concluidas las obras, cada junta comunal debe emitir un informe en el que deben explicar exactamente en qué se gastó el dinero asignado. Lo curioso es que algunas de estas juntas comunales a las que se asignan miles de dólares, no cuentan siquiera con una computadora ni el personal técnico para el manejo de estas cantidades.

PRDS SE JUSTIFICAN

Los ediles Javier Ortega e Iván Picota Benítez, quienes han recibido partidas circuitales en sus respectivas juntas comunales, coinciden en que ellos solo administran el dinero.

Ambos representantes, que están inscritos en el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), dejan claro que son los diputados quienes deciden en qué se invierte el dinero.

Picota Benítez, quien es hermano del ministro Guillermo Ferrufino Benítez, destacó que ‘ellos —los diputados— ven cómo la ejecutan y deciden libremente cómo hacerlo, nosotros solo los respaldamos para que puedan ejecutar su labor’.

El edil, a quien en las últimas horas se le ha asociado de haber recibido más de $2 millones en partidas circuitales entre el 2013-2014, asegura que no tiene ‘nada que ver y cualquier pregunta se le debe hacer a los diputados’. La junta Comunal de Bethania, que pertenece al circuito 8-7, tiene como diputados a los oficialistas Sergio Gálvez y Víctor Juliao, y de oposición a José Isabel Blandón y Crispiano Adames.

Pero los $2 millones que recibió la junta comunal de Bethania, como se ha dado a conocer, no es una cifra igual para todas. ‘Hay diferentes cantidades que se le asignaron a las juntas, unas más, otras menos’.

Según conoció La Estrella de Panamá , todo depende de una decisión que toman el Ejecutivo y la junta directiva de la Asamblea Nacional. ‘Lo que se asignó a cada diputado hay que preguntárselo a ellos’, aseguró Picota Benítez.

PIDEN INVESTIGACIÓN

La solicitud de José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, a los magistrados del Tribunal Electoral de enviar copias al Ministerio Público de todos aquellos casos en que se asignaron millonarios fondos a juntas comunales, la apoyan diferentes sectores de la sociedad.

Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, reclama al Ministerio Público investigar el traslado de las partidas circuitales a las juntas comunales, sin la necesidad de que el Tribunal Electoral termine las investigaciones de los expedientes.

En estos momentos, el Tribunal Electoral tiene en sus manos 13 demandas de impugnaciones y la mayoría en contra de los candidatos del hasta ahora partido oficialista, Cambio Democrático (CD), por el supuesto uso de fondos del Estado para hacer campaña política y favorecer a candidatos.

La investigación que debería iniciar el Ministerio Pública, a cargo de Ana Belfon, exasesora del presidente de la República, Ricardo Martinelli, —según la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia—, es de oficio por las denuncias que se están haciendo.

Ayer, La Estrella de Panamá dio a conocer que en un solo día, se traspasaron $12 millones a 49 juntas comunales. La junta comunal que más dinero recibió fue la de Playa Leona, en La Chorrera; además del Municipio de Río de Jesús, en Veraguas, cada una dispuso de un millón de dólares.

Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral, explicó que los delitos electorales los debe investigar la Fiscalía Electoral y de remitir copias de los expedientes, al concluir las investigaciones, el Ministerio Público puede investigar a las personas por ‘posible peculado’.

La Contraloría, la Fiscalía de Cuentas y el Ministerio Público, a criterio de la abogada Idalia Martínez, deben investigar en qué fue utilizada la transferencia de fondos públicos que hizo el MEF a las juntas comunales que se mencionan.