Reglamento de fiscalización de última hora promulgó ayer la Gaceta Oficial

Actualizado
  • 28/06/2014 02:00
Creado
  • 28/06/2014 02:00
Tras cinco años de una cuestionada gestión en la que ha permanecido en el anonimato y sin dar muestras de cumplimiento de su función

Tras cinco años de una cuestionada gestión en la que ha permanecido en el anonimato y sin dar muestras de cumplimiento de su función fiscalizadora, la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, promulgó ayer en la Gaceta Oficial un documento en el que se establecen las normas para la fiscalización del uso de bienes y fondos del Estado.

Se trata de un documento de 231 páginas y dos tomos que, además, es avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El documento se denomina ‘Manual de normas generales de procedimientos para la administración y control de bienes patrimoniales’.

La contralora explicó que este documento fue elaborado con el fin de cumplir con la Ley 32 de noviembre de 1984, que rige la Contraloría.

Según De Bianchini, con la aprobación de la norma se pretende cumplir con la función de fiscalizar el manejo de fondos del Estado.

Ayer mismo, en la Gaceta Oficial se publicó otro documento de 70 páginas en el que se establece un manual de procedimientos para el manejo de operaciones de los fondos y bienes de la Junta Comunal de Bella Vista.

Esta junta es una de las que han sido mencionadas por el manejo de millonarias partidas circuitales que se asignaron a los diputados.

Los manuales incluyen una serie de controles y formas de auditorías para compras y adquisición de bienes, así como la presentación de informes mensuales.

La misma Contraloría, bajo el mandato de Torres de Bianchini, emitió una serie de informes en los últimos años en los cuales registró que la mayoría de los municipios del país no había cumplido con la presentación de sus informes.

En momentos que está por iniciar el gobierno de Juan Carlos Varela, administración durante la cual la contralora, se mantendrá por seis meses, la funcionaria establece nuevos sistemas para fiscalizar el manejo de bienes patrimoniales.

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