Voto secreto, planillas y exoneraciones: las reformas que dividen a la Asamblea

La Asamblea Nacional se dispone a entrar en la etapa decisiva de una de las reformas institucionales más importantes de los últimos años. El próximo lunes, el pleno retomará el segundo debate del proyecto de ley 594, que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), la norma que regula el funcionamiento del Órgano Legislativo.

La discusión se mantiene desde el inicio de la semana bajo el mecanismo de sala ilustrada, procedimiento legislativo que concentra el debate exclusivamente en el proyecto.

Mientras el pleno permanece en esa fase, los diputados continúan inscribiéndose para una segunda y última ronda de intervenciones antes de iniciar la votación de las más de 100 propuestas de modificación presentadas al texto aprobado por la Comisión de Credenciales.

Según el primer vicepresidente del Legislativo, Manuel Cohen Salerno, la discusión se desarrolla de forma amplia para evitar cuestionamientos sobre la rapidez del trámite de una norma que regirá los procedimientos parlamentarios.

“Se ha dado un debate amplio, porque lo que no queremos es que se diga que se ha discutido este proyecto a tambor batiente”, afirmó el diputado.

Durante años, distintos sectores cuestionaron que el reglamento permaneciera prácticamente sin cambios, pese a las críticas por la falta de transparencia, el manejo discrecional de los procedimientos parlamentarios y la permanencia de privilegios para los diputados.

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la propuesta para eliminar el artículo 230 del reglamento, que reconoce una serie de prerrogativas funcionales para los diputados.

Actualmente, la norma permite a los diputados acceder a franquicia postal y telefónica dentro del territorio nacional, importar libres de impuestos hasta dos vehículos durante el periodo constitucional —uno en el caso de los suplentes que ejerzan funciones— y obtener pasaporte diplomático.

Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, junto con el diputado Ernesto Cedeño, forman parte del grupo de legisladores que plantearon revisar o eliminar estos beneficios, al considerar que ya no responden a las exigencias de austeridad y transparencia que reclama la ciudadanía.

La eventual derogación del artículo 230 eliminaría uno de los privilegios históricos más cuestionados de la Asamblea y enviaría una señal política sobre la disposición de los diputados a modificar beneficios que durante años generaron críticas de distintos sectores.

Buena parte de las modificaciones apuntan a fortalecer la rendición de cuentas.

El diputado José Pérez Barboni propuso eliminar el voto secreto en el pleno, las comisiones y las subcomisiones para que todas las decisiones sean nominales o electrónicas y queden disponibles para consulta pública.

Su iniciativa también plantea que la Secretaría General publique en formato de datos abiertos la ejecución presupuestaria, las planillas completas, los gastos administrativos, las declaraciones patrimoniales, las declaraciones juradas de intereses y los informes de gestión de los diputados.

Otro de los puntos que mayor discusión provocó durante el segundo debate es la propuesta para descontar el salario a los diputados que falten injustificadamente a las sesiones del pleno o de las comisiones sin habilitar a sus suplentes.

La iniciativa forma parte de las reformas impulsadas por Pérez Barboni y pretende incorporar mecanismos de responsabilidad sobre la asistencia parlamentaria.

Sin embargo, la propuesta encontró resistencia. El diputado Luis Eduardo Camacho pidió consultar a la Procuradora de la Administración para determinar si ese tipo de sanción puede aplicarse a funcionarios de elección popular, al sostener que la labor legislativa no se limita a la asistencia al pleno, sino que también comprende trabajo comunitario y fiscalización en los circuitos.

Otro bloque de reformas busca modificar el funcionamiento político de la Asamblea.

El diputado Jorge Bloise propuso que los anteproyectos de ley sean discutidos por las comisiones siguiendo estrictamente el orden cronológico de su presentación, con el propósito de evitar que iniciativas permanezcan engavetadas por decisión de los presidentes de comisión.

También planteó que las sesiones de la Comisión de Presupuesto sean públicas, eliminando el carácter reservado que históricamente tuvieron algunas de sus reuniones.

Por su parte, Manuel Chen propuso incorporar la figura del silencio positivo para que, si una comisión no decide sobre el prohijamiento de un anteproyecto dentro del periodo correspondiente, la iniciativa continúe automáticamente su trámite legislativo.

Otra de sus propuestas fija plazos para la instalación de las comisiones permanentes después de su integración.

Las reformas también modifican la relación entre la Asamblea y el Órgano Ejecutivo.

Pérez Barboni propuso fortalecer el voto de censura para que un ministro censurado deba renunciar al cargo y no pueda ser designado nuevamente durante el mismo periodo gubernamental.

Por su parte, José Luis Varela presentó una propuesta para que los ministros citados al pleno permanezcan en la sesión hasta responder todas las preguntas formuladas por los diputados. Si la sesión se suspende por falta de quórum, el funcionario deberá regresar para continuar respondiendo los cuestionamientos.

Eduardo Gaitán, por su parte, planteó incorporar mecanismos de sanción para los funcionarios que se nieguen a comparecer ante la Asamblea y reforzar el papel de la Contraloría General de la República en el examen de la Cuenta del Tesoro que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas.

La reforma también incorpora modificaciones a la estructura administrativa de la Asamblea.

La diputada Chandler propuso fortalecer las normas contra el nepotismo al impedir que familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad trabajen dentro de una misma unidad administrativa.

Yarelis Rodríguez plantea exigir título universitario y experiencia profesional para ocupar los cargos de secretario y subsecretario general, además de establecer que las convocatorias a reuniones de comisión se realicen con al menos 72 horas de anticipación.

Cedeño impulsa la juramentación de los diputados suplentes el mismo día de la instalación de la Asamblea, la eliminación de la obligación de utilizar saco y corbata, la posibilidad de vestir atuendos tradicionales de cualquier grupo étnico y la prohibición de la reelección inmediata del presidente y los vicepresidentes de la Asamblea, así como de los presidentes de las comisiones permanentes.

Benicio Robinson y Raúl Pineda, por su parte, presentaron propuestas relacionadas con la carrera del servicio legislativo y la organización de las bancadas parlamentarias.