Operación Pandora: Así movían los millones los agentes intermediarios

Los agentes intermediarios en la Operación Pandora recibieron 30.5 millones de dólares en créditos fiscales tras la anulación de operaciones antiguas, de acuerdo con información publicada en un informe de auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en octubre de 2025. Además, el documento detalla cómo más de 7 millones de dólares pasaron por estas empresas intermediarias, que luego firmaron contratos de cesión de créditos fiscales con un banco local.

Se trata de las empresas Financiera Buena Fe, Bonay International Holding, S.A., master Eco Green, S.A., La Naranja BP, S.A., Inmobiliaria Riverside, S.A., y Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A. Estas dos últimas eran presididas por José Miguel Jurado Rovira, quién se entregó a las autoridades el jueves y ahora espera las audiencias de control de garantías dónde se determinará bajo que cargos será imputado y qué medidas cautelares se aplicarán.

En el caso de Inmobiliaria Riverside, S.A., recibió un saldo de 2.9 millones de dólares, mientras que Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A., recibió saldos por 1.1 millones de dólares, de acuerdo al informe de auditoría.

Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A. es una sociedad inscrita en el Registro Público el 19 de junio de 2024 con el objetivo de ofrecer servicios de asesoría financiera, fiscal y de administración de empresas, bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su pacto social. Su sitio web, www.seaaju.com, se encuentra ahora inactivo.

Por su parte, la sociedad Inmobiliaria Riverside, S.A., fue creada en 2007, disuelta en 2013 y reactivada en 2024, con Jurado Rovira como presidente de la directiva.

El informe detalla distintas anomalías e irregularidades dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), que llevaron a los traspasos de créditos a los agentes intermediarios.

Uno de ellos es la aplicación de boletas de pago desvinculadas por medio de ajustes. Gracias a la interferencia irregular, de acuerdo a la auditoría, de funcionarios de la DGI, se generaron boletas de pago por saldos millonarios.

Solo Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A., presidida por José Miguel Jurado Rovira, recibió un saldo de 23.1 millones de dólares en créditos fiscales.

La otra modalidad era el registro de créditos de “pagos no aplicados”. Aquí, las dos sociedades de Jurado Rovira aparecen como las más beneficiadas. Inmobiliaria Riverside obtuvo saldos a favor por 2.9 millones de dólares y Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A. obtuvo 1.1 millones en saldo.

Las sociedades intermediarias luego firmaron contratos de cesión de créditos fiscales con un banco de la plaza local.

“Las cesiones por alteraciones al código 202-ITBMS en el 93% de las cesiones se realizaron directo del Contribuyente Cedente al beneficiario final BAC International Bank Inc. Sin embargo, el 7% de estas cesiones se observa hubo participación de una de las empresas intermediarias, BONAY INTERNATIONAL HOLDING S.A.”, detalla el informe del MEF.

Es importante recordar que el banco no recibía dinero en efectivo. Los créditos fiscales solo pueden ser utilizados para pagar compromisos tributarios.

Pero a través de la venta de estos créditos fiscales, los intermediarios sí habrían recibido dinero real que finalmente terminaría transferido a cuentas bancarias de varios de los imputados.

El banco respondió a un cuestionario enviado por La Estrella de Panamá, explicando el destino de los créditos fiscales.

“Los créditos fiscales adquiridos por BAC tenían como destino la cuenta corriente tributaria del Banco ante la DGI, para compensar obligaciones fiscales propias del Banco. No eran depósitos bancarios ni fondos recibidos por BAC y no fueron adquiridos para su posterior colocación o venta a clientes. Estas operaciones correspondían a acreditaciones tributarias utilizadas para compensar obligaciones fiscales propias, no a depósitos bancarios ni a fondos que entren a cuentas del Banco”, enfatizó la institución en su respuesta. “BAC aplicó procesos internos de debida diligencia y verificación para estas operaciones, incluyendo revisión legal, fiscal-contable, contractual y de cumplimiento. Además, los pagos siempre estuvieron condicionados a que los créditos aparecieran oficialmente acreditados en la cuenta tributaria del Banco ante la DGI. Como parte de esos controles, BAC también rechazó operaciones cuando la revisión de contrapartes, representantes o documentación relacionada no cumplía con los estándares internos de cumplimiento y control del Banco”, añadió.

Reacciones

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió un comunicado este jueves refiriéndose al caso en el que reafirmó la solidez institucional del país y pidió que se respete la presunción de inocencia.

“Es fundamental recordar que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legítimos, legales y de uso común que dinamizan la economía nacional. Al tratarse de herramientas que son creadas, administradas y certificadas en origen por la propia DGI antes de que ingresen al intercambio comercial o sean utilizadas por las empresas, resulta crucial esclarecer cualquier anomalía en sus procesos de emisión y validación. Despejar toda duda sobre la institucionalidad y trazabilidad de estos certificados es vital para proteger la seguridad jurídica de quienes transaccionan con estos instrumentos”, apuntó la SBP.

Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz recordó que el hecho de que un banco actúe como agente retenedor no significa, por sí mismo, que los créditos fiscales le pertenezcan. Además, se expresó sobre el rol de las firmas de abogados en este caso.

“La sola participación de una firma o de un abogado en una operación no constituye prueba de responsabilidad. Será la investigación la que determine, con base en evidencia y respetando las garantías procesales, si existió alguna conducta ilícita o si la actuación se limitó al ejercicio legítimo de la profesión”, apuntó Araúz. “Este caso también representa una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las mejores prácticas de cumplimiento dentro del ejercicio profesional, reforzar los mecanismos de debida diligencia y continuar promoviendo una cultura de integridad sin afectar principios esenciales como el secreto profesional, el derecho de defensa y la independencia de la abogacía”, concluyó.