Trasciende ‘desgreño administrativo’ en la Corte

La demora en la devolución de $1.3 millones a la Corte Suprema de Justicia por parte de la empresa Corcione & Asociados no es más que una muestra de las diferencias que se viven dentro de la junta directiva de este Órgano del Estado y que, además, deja las puertas abiertas al desorden administrativo.

Excontralores de la República, una exmagistrada y un vocero de la sociedad civil coinciden en que esta situación vuelve a poner en el tapete las diferencias existentes.

Todos coinciden en que, como institución, la Corte Suprema tendría que aclarar por qué permitió que una empresa privada se quedara por más de un año con tal suma de dinero que es propiedad del Estado panameño.

Las opiniones surgen en reacción a la polémica por un pago adelantado de $1.3 millones que hizo la Corte a la empresa Corcione & Asociados en el periodo en el cual fungía como presidente el magistrado Alejandro Moncada Luna.

La partida se entregó como adelanto por la construcción de un edificio de estacionamientos en los predios del Palacio Gil Ponce.

La obra no se construyó. La empresa recibió el adelanto y el contrato fue cancelado en abril del 2013, pero el dinero se devolvió la semana pasada.

LA GESTIÓN DE LA CORTE

‘Hubo omisión de funciones de los responsables de la Corte Suprema’, concluyó Carlos Vallarino, el contralor que antecedió a Gioconda Torres de Bianchini en el cargo. En su opinión, si se rescindió el contrato, la empresa estaba obligada a devolver el dinero adelantado, pero la Corte debió haber solicitado que este dinero fuera devuelto.

María de Los Ángeles Bunting, vocera del magistrado de la Corte, informó a La Estrella de Panamá que desde que se decidió cancelar el contrato hubo varias reuniones con la empresa con el fin de recuperar el dinero.

Vallarino dice que se trata de una partida que pudo haber sido utilizada por el Estado.

La opinión de Vallarino es compartida por el también excontralor Alvin Weeden, quien dice que desde el momento que se canceló el contrato, el dinero debió ser devuelto. Si no se hizo así, se despierta suspicacia.

Se estaría frente a un delito de peculado que podría dar lugar a un proceso de destitución del magistrado Alejandro Moncada Luna, dice Weeden.

Por su parte, la exmagistrada Esmeralda de Troitiño insiste en que todo es muestra de ‘desgreño administrativo’.

Lamentó que ese dinero haya estado en poder de la empresa cuando pudo haberse destinado al Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí u otros proyectos de la Corte que no se ejecutan por falta de recursos.

GESTIÓN DE LA CORTE

Contrario a los argumentos de los especialistas consultados, La Estrella de Panamá tuvo acceso a un documento en el cual la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema dispuso, en abril de 2013, iniciar el procedimiento de terminación anticipada del contrato.

En la misma comunicación, se ordenó a la Dirección de Asesoría Legal de la Secretaría Administrativa de la Corte iniciar ‘a la mayor brevedad posible’, el procedimiento que para tales efectos prevé la norma. El documento lo firman los magistrados Alejandro Moncada Luna, Harry Díaz y Harley Mitchell, quien salvó su voto.

RECLAMO DE CORCIONE

Todos coinciden en que la empresa tiene derecho a sus reclamos, pero estos son aparte del dinero que se entregó como adelanto.

Cualquier fallo o pago de indemnización debe ser resuelto por los tribunales, pero la empresa no puede quedarse con el dinero, recalcó Vallarino.

Sería un proceso judicial que debe cumplirse, y no es correcto que la empresa decida quedarse con la partida, sin saber cuánto le correspondería.

Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, dijo que cuando existe un contrato firmado por dos partes y refrendado por la Contraloría, si no hay causal que permita anularlo, a las empresas les corresponde una indemnización por la decisión unilateral, ‘la cual terminamos pagando todos con nuestros impuestos’, pero si hubo un adelanto, se puede solicitar su devolución íntegra, lo cual no impide que luego se solicite, como parte de la indemnización.

Al final, todo demuestra que la falta de consulta puede generar enormes pérdidas para el Estado.