Fondos legislativos se usaron en campaña de CD

El pasado mes de abril, cuando estalló el escándalo del call center del gobierno, los ministros del presidente Ricardo Martinelli negaron que Cambio Democrático (CD) estuviera usando fondos públicos para su operación.

Cuatros meses después de que Giancarlo Terán, un supervisor del call center que operaba a favor del candidato presidencial oficialista José Domingo Arias, denunciara que su operación se financiaba con fondos de la Asamblea Nacional, el tema vuelve a la palestra.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a documentos de la Contraloría General de la República que confirman la versión de Terán y desmienten lo que entonces decían ministros como Jorge Quijano.

DIPUTADOS DE CD FIRMARON LOS CONTRATOS

Todo arrancó en 2012. Ese año, el entonces partido gobernante creó el grupo de ‘los gladiadores’, que eran miembros de base del CD que tenían la tarea de divulgar, a través de las radioemisoras y las redes sociales, el trabajo que desarrollaba la administración del presidente Martinelli, con el fin de favorecer a su candidato.

No solo divulgaban las obras del gobierno. También atacaban a periodistas y políticos que lo adversara o criticaran.

Fue entonces que Héctor Aparicio, diputado del CD, quien presidía la Asamblea Nacional en el período 2012-2013, firmó con Terán el contrato por servicios profesionales N° 80080, con vigencia del 3 de enero de 2012 al 30 de junio del mismo año.

El contrato era por la prestación de servicios profesionales en el cargo de coordinador de planes y programas en la provincia de Panamá.

En el contrato de cinco meses y veintiocho días, la Asamblea Nacional se comprometió a pagar $3,856 mediante pagos mensuales de $650, dinero que ‘saldrá de la partida presupuestaria 172’, que en ese entonces era celosamente guardada por la directiva legislativa.

El cuestionado presidente del Órgano Legislativo, el diputado Sergio Gálvez, retomó los contratos. Fueron dos. El primero (N° 73172) comprendió los primeros seis meses del 2012; el segundo (N° 33426), extendió el servicio de asistente administrativo, asignado para atender a los diferentes diputados en la Asamblea, hasta el 31 de diciembre de 2013.

El primer contrato firmado por Gálvez fue por $11,336 y el segundo, por $11,400.

Los pagos eran de $1,900 mensuales, cuya erogación correspondía a la partida 172 del presupuesto de Rentas y Gastos de la Asamblea.

Terán, exsupervisor en el call center , reveló en medio del escándalo que desde el edificio H2O, en la avenida Balboa, se crearon varias de las campañas sucias contra políticos de la oposición.

Por este trabajo, según Terán, recibía $600 al mes provenientes de la Asamblea y $1,000 como coordinador de planes y programas en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

AUDITORÍA EN EL MICI

Todo lo expuesto anteriormente llevó a que la fiscal Segunda Anticorrupción solicitara una certificación al secretario general de la Asamblea, Wigberto Quintero, para conocer si Terán laboró en la entidad.

La fiscal pidió detalles del cargo que ocupó, salario, período laborado y que se informara si el contrato era eventual, por servicios profesionales o permanente.

La fiscalía buscaba determinar si Terán devengaba un salario en instituciones del Estado sin acudir a laborar.

Desde la secretaría de la Asamblea, Quintero respondió a la solicitud el 15 de mayo, con el número de los contratos firmados por los dos diputados de CD con Giancarlos Terán.

Resalta Quintero que, de acuerdo con la cláusula segunda de los contratos aludidos, Terán no estaba sujeto a horario y no tenía jefe.

Quince días después de que estallara el escándalo y de que el Ministerio Público abriera una investigación para incorporar pruebas, Gioconda Torres de Bianchini, todavía contralora de la República, inició una auditoría al MICI.

El 2 de junio, en una nota dirigida al presidente de la Asamblea, el diputado de Cambio Democrático Sergio Gálvez, la contralora solicitó documentación sobre Terán.

Torres de Bianchini requería todos los pagos efectuados en concepto de salarios, servicios profesionales, tipo de planilla y número de partida presupuestaria; reporte de marcaciones de asistencia, horario en el cual laboraba, descripción de funciones, contratos por servicios, solicitud de préstamo del funcionario al MICI, y decreto de nombramiento, acta de toma de posesión, traslados, resueltos y destitución.

Toda esta documentación se solicitaba como parte de las pruebas en la auditoría ordenada en el MICI.

GÁLVEZ FALLA CONTRATO

En su último periodo como presidente de la Asamblea y cuando el país entraba un proceso electoral, Gálvez intentó renovar el contrato por el servicio de asistente administrativo, por la suma de $9,540, cuyos pagos serían de $1,599 mensuales.

En ese momento, la coordinación entre el gobierno central y la Asamblea Nacional falló.

Documentos de la Dirección de Fiscalización General de la oficina de la Fiscalización de la Asamblea, le pidió a la dirección administrativa subsanar el documento para poder refrendar.

Los auditores encontraron dualidad. Terán había iniciado labores el 2 de enero de 2014 en el MICI en una condición de eventual devengando un salario de $1000. Otra información que valida las versiones de Terán. Al no tener el refrendo del contrato, Gálvez decidió anularlo.