Sociedad civil pide cárcel para políticos

En dos audiencias electorales ha quedado en evidencia que políticos de Cambio Democrático (CD) se habrían beneficiado de por lo menos $7.9 millones para hacer campaña en las pasadas elecciones .

Eso no es lo único. En medio de la audiencia, una de las testigos señaló al candidato de CD Noriel Salerno por pedirle fotos de ella desnuda o en bikini, a cambio de una donación de $150. También se ha mencionado corrupción, hasta peculado, entre otros delitos.

Estas acusaciones, a pesar de haberse hecho ante un tribunal, no podrán servir como base para condenar a los involucrados, porque el Tribunal Electoral está en proceso administrativo-electoral y no se encarga de ventilar temas penales.

Rogelio Cruz, exprocurador de la Nación, explica que si surgen evidencias en las audiencias, el Tribunal Electoral debe darle traslado para su investigación.

De comprobarse el uso de dinero en la campaña, los candidatos estarían incurriendo en el delito de peculado, que debe ser investigado por el Ministerio Público, explicó el exprocurador.

Cruz añade que el Tribunal Electoral podía ir más allá, pero la Fiscalía no hizo las investigaciones.

Los abogados de los demandantes, una vez concluida cada una de las audiencias estarán solicitando que la copia del expediente sea enviado al Ministerio Público para las investigaciones penales.

Mireya Lasso, exlegisladora, asegura que ante las revelaciones de los testigos, ‘Salerno está muerto políticamente... y no se le puede dar la oportunidad de correr nuevamente’.

Lasso pregunta cómo un diputado puede dar el ejemplo a los demás si es acusado de solicitar fotografías de mujeres desnudas a cambio de una donación.

Los magistrados del Tribunal Electoral tienen en sus manos diez demandas de impugnación por el supuesto uso de dineros del Estado para campaña política.

En las audiencias, solo el Tribunal Electoral puede anular las elecciones y llamar a nuevos comicios, pero no puede condenar a los acusados por el uso de dinero y mucho menos hacer que el dinero que se gastó para hacer campaña política sea devuelto a las arcas del Estado.