Medida cautelar para evitar nombramientos

Actualizado
  • 13/10/2014 02:00
Creado
  • 13/10/2014 02:00
Como tercer punto, pide que cesen los actos de componendas políticas promovidas por el Estado a través del Ejecutivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos debe admitir o rechazar, hoy, una medida cautelar contra el Estado panameño que contiene tres peticiones puntuales: que se le pida al Estado de Panamá que evite designar al Contralor y al Procurador de la Nación y el de la Administración mientras no estén los 71 diputados que conforman este Órgano. Además, que se pospongan los procesos citados.

Como tercer punto, pide que cesen los actos de componendas políticas promovidas por el Estado a través del Ejecutivo.

La medida, sin precedentes, fue presentada por Sidney Sittón, abogado del diputado Carlos Afú, impugnado en las pasadas elecciones de mayo.

Según Sittón, a su cliente, como al resto de los diputados impugnados ante el Tribunal Electoral (TE), se le priva del derecho político a participar, opinar y votar en la ratificación de los procuradores y la escogencia del contralor.

‘Es la verdadera lucha que hay en este momento en el país, lo demás son arandelas. En este momento lo que se pretende es nombrar a dos procuradores y a un contralor con 60 diputados, sin cumplir con la Constitución. Con eso pretenden controlar la Asamblea y dejar por fuera a los diputados del CD que han sido impugnados’, argumenta.

Sittón presentó la medida a nombre de su cliente y de 300 firmantes que moran en el circuito 7-1, distrito de Las Tablas.

Con la medida, busca paralizar la selección de los funcionarios citados hasta que se resuelvan todas las impugnaciones en el TE.

La respuesta de la CIDH deberá ser pronta. Según Sittón, se valorará la petición y se puede decretar una respuesta en 24 o 48 horas; no debe superar una semana, dice.

Esta es la segunda petición de este tipo que se presenta contra Panamá ante el mismo organismo. La primera pedía que el TE entregara las credenciales a los diputados impugnados, con el fundamento de que se debe investigar antes de sancionar.

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