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26 de Nov de 2020

Política

Fiscal solicita auditoría especial a la Contraloría

Según informa la Fiscalía de Cuentas, el aspecto legal de la petición se fundamenta en el artículo 26 de la Ley 67 del 2008

Fiscal solicita auditoría especial a la Contraloría
La peticiónde la Fiscalía de Cuentas se fundamenta en la Ley 67 de 2008.

Guido Rodríguez, fiscal de Cuentas, pidió ayer una auditoría especial a la Contraloría General de la República para los fondos del PAN.

La diligencia solicitada se da ante la supuesta desaparición de un equipo para escuchas telefónicas y rastreos de correo electrónico valorado en $ 13.4 millones, que fue adquirido por el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

De comprobarse este hecho, implicaría una grave lesión patrimonial al Estado, así lo afirmó el fiscal de Cuentas en una nota dirigida a Gioconda Torres de Bianchini, contralora general de la República.

Según informa la Fiscalía de Cuentas, el aspecto legal de la petición se fundamenta en el artículo 26 de la Ley 67 del 2008.

‘Se solicitará a la Contraloría General de la República, cuando se tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de un hecho irregular que afecte el patrimonio del Estado, el examen correspondiente con el fin de determinar la corrección o incorrección de las operaciones en el manejo de los fondos o bienes públicos’.

Para que la Fiscalía General de Cuentas inicie una investigación de carácter patrimonial, es necesario que la Contraloría determine los reparos por supuestas irregularidades cometidas a los fondos y bienes públicos, como lo indica el numeral 13 del artículo 280 de la Constitución Política de Panamá.

El 23 de julio de 2010, en un documento refrendado por la Contraloría General de la República, se detallan las capacidades que tenía el aparato. El contrato incluía adiestramiento para grabación de comunicaciones por Skype y de micrófono, y un módulo de infección del programa Microsoft Word.

La supuesta adquisición del equipo tenía como destino el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, fue denunciada ante el Ministerio Público por el comisionado Rolando López, secretario Ejecutivo de la institución.