13 de Ago de 2022

Política

‘Todos los caminos conducen a Martinelli’

El exmandatario quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia si prospera una solicitud de la Fiscalía Segunda Anticorrupción

El pasado 7 de enero, la fiscal Segunda Anticorrupción, Lizzett Chevalier, ingresó al expediente que adelanta en contra del exdirector del Fondo de Inversión Social Giacomo Tamburrelli una solicitud inédita.

La fiscal pide a la Corte Suprema de Justicia investigar al expresidente de la República Ricardo Martinelli por la posible comisión de delitos. Aunque la solicitud, filtrada ayer a los medios de comunicación no tiene la firma, una fuente judicial informó que hoy será enviada a la Corte.

La solicitud va acompañada de la copia del sumario número 323-201, que se le sigue a Tamburrelli por el delito en contra de la administración pública y el patrimonio económico relacionada con sobrecostos en la compra de comida deshidratada para los centros escolares, que sumaron $45 millones.

La solicitud de la fiscal se sustenta en la norma constitucional que determina que la Corte Suprema juzga a los diputados y Martinelli es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

RESPONSABLE DE ESPIAR

Mientras la Corte decide si investiga o no a Martinelli, distintos sectores piden que el exmandatario también sea juzgado por espionaje telefónico durante su gobierno. Esto, luego de que dos exjefes del Consejo de Seguridad —Alejandro Garuz y Gustavo Pérez— son procesados por escuchas ilegales.

La perredista Balbina Herrera echó mano de un viejo adagio: todos los caminos conducen a Roma y ‘Roma está aquí en Panamá y se llama Ricardo Martinelli’.

Lo que se debe hacer es buscar el mecanismo legal para llegar a él y hacer que responda por el espionaje que se desarrolló durante su gobierno, reitera Herrera,

El Ministerio Público formuló cargos y dictó cárcel preventiva a Pérez y Garuz por los delitos de violación a la intimidad y al secreto. Pero para el abogado y activista de los derechos humanos Miguel Antonio Bernal, ‘mientras Martinelli no sea llevado a las autoridades, no habrá reposo en el país’.

La Fiscalía Auxiliar que lleva el caso de Pérez y Garuz de igual forma tendría que solicitar a la Corte investigar a Martinelli, pero primero debe solicitarle al Parlacen el levantamiento de su inmunidad como diputado. (Ver nota relacionada) .

Sin embargo, Bernal considera que al presidente Juan Carlos Varela lo favorece la Constitución y puede ordenar el arresto de Martinelli. Hace referencia a las atribuciones constitucionales del presidente de la República, específicamente el numeral 3 del artículo 183 de la Constitución, que dice: ‘Velar por la conservación del orden público’.

A juicio de Bernal, Martinelli perturba el orden público por sus constantes declaraciones públicas y el tono con que las hace.

El exmandatario ha dicho que el equipo para interceptar comunicaciones se encuentra en la Policía Nacional y ha culpado a Varela de interferir en la justicia panameña.

Ayer, Martinelli publicó dos tuit. ‘Puedo asegurarles que en Panamá no se respeta la ley ni el debido proceso. Las arbitrariedades que comete el Ministerio Público son muchas’, afirmó en uno. En el segundo, escribió ‘en el caso Garuz y Pérez decretan detención antes de indagatoria cuando el delito no lo permite. Negarán fianza, habbeas corpus’.

Otro que responsabiliza a Martinelli es el hermano del presidente Varela. El diputado José Luis Varela dice que, como jefe directo del Consejo de Seguridad, Martinelli es el responsable directo de todas las ilegalidades cometidas.

La exprocuradora y diputada Ana Matilde Gómez también recurre a un adagio para vincular a Martinelli. ‘El pez muere por su propia boca’, comentó al referirse a declaraciones de Martinelli, cuando dijo que ‘conocía el pedigrí de cada uno’. Para la diputada, es hora de que la Corte revise la información que el Ministerio Público ha recabado sobre las escuchas ilegales.

Por el Ministerio Público han pasado dirigentes políticos que adversaron a Martinelli para certificar conversaciones grabadas y que, ahora, son las pruebas contundentes contra Pérez y Garuz.

Silvia Carrera, cacica de la comarca Ngäbe-Buglé, le pone más sal a la herida. Alega que Pérez y Martinelli debieron estar presos desde hace años por las violaciones de los derechos humanos durante las protestas indígenas en Changuinola, Bocas del Todo, y San Félix, Chiriquí. Ahora, Martinelli alega violación de derechos humanos y no se acuerda lo que hizo con ‘nuestro pueblo’, sentenció Carrera.