Fiscal de cuentas eleva consulta al procurador

No existe uniformidad de criterio al momento de hacer públicas las declaraciones de estado patrimonial, como lo establece el artículo 304 de la Constitución Política de la República de Panamá, así lo informó el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez.

Por tal razón, elevó una consulta al procurador de la Administración, Rigoberto González, para que este emita una opinión al respecto.

A juicio de Rodríguez, las declaraciones juradas de bienes que deben presentar los funcionarios, al iniciar y concluir su gestión, deben ser de acceso público y no reservadas.

Explicó que, de acuerdo a la Ley de Transparencia en la Gestión Pública, toda información que emana de la administración pública es de carácter público, con excepción de aquella que la Ley considera de carácter confidencial o de acceso restringido.

‘Las declaraciones Juradas de estado patrimonial de los servidores públicos, no están contempladas en ninguna de estas dos últimas clasificaciones de información’, sostuvo Rodríguez, quien recalcó, que, en caso de que un Notario Público se negara a suministrar copia del protocolo contentivo a cualquier ciudadano que la solicite, se puede interponer un recurso hábeas data ante el tribunal respectivo, con el fin de garantizar el derecho constitucional de libre acceso a la información pública.

En este sentido, el artículo 1752 del Código Civil, establece la obligación que tienen los notarios públicos, de expedir ‘a cualquier persona copias autenticadas de los actos y contratos que se hallen incorporados en el protocolo’, acotó el fiscal en la consulta escrita.

Al final de la nota, Rodríguez hace énfasis en la importancia de empoderar a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.

Con la salida del gobierno de Ricardo Martinelli, quedó en evidencia que altos funcionarios públicos no han cumplido con lo dispuesto en la norma constitucional, lo que impide que se lleven a cabo gestiones transparentes.