Torres de Bianchini y Ferrufino, en suspenso por la justicia

Gioconda Torres de Bianchini, la contralora del quinquenio que hoy tiene a la justicia en apuros, está en su residencia y su abogado asegura que no declarará si es sometida a estrés.

Ya una vez rehusó hacerlo, en el expediente por la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), el mismo caso que a Lucy Molinar y a Giacomo Tamburrelli le prohíben salir del país. Y el Ministerio Público ha asumido ese planteamiento con naturalidad.

LA JUSTICIA ESPERA

Lo mismo ha ocurrido con el exministro Guillermo Ferrufino, detenido desde principios de marzo en la Dirección de Investigación Judicial de Ancón, tras ser implicado en el alquiler irregular de aeronaves para giras oficiales pagado con dineros del PAN.

En contraste, el Ministerio Público alista sus argumentos para llevar a juicio a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz por la compra en 2010 de máquinas espías (hoy perdidas) desde el presidencial Consejo de Seguridad, mientras el entonces ministro del ramo, Demetrio Papadimitriu, surca el olvido judicial.

La jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell, sostiene, sin embargo, que nada está escrito en piedras. ‘Que a tres meses no todas las investigaciones estén con la premura que la sociedad exige no significa que eso no vaya a ocurrir', argumentó en una entrevista con La Estrella de Panamá .

Mientras se alista en ello, la defensa de Bianchini increpa a la Contraloría por la forma en la que ha ido determinando las supuestas lesiones en el PAN, una compleja tarea en la que por equipos hay hasta cinco peritos. ‘En su momento vamos a ejecutar la defensa como la ley nos faculta', apeló el abogado Cristian Lara, tras abandonar la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que pretendía la semana pasada interrogarla, y desistió para, en su lugar, practicarle una prueba médica.

‘Lo podrá hacer siempre y cuando no presente un cuadro de disnea o agitación', asintió el jurista, quien recalcó la necesidad de que el MP ponga una distancia entre los supuestos sobrecostos en contratos investigados y refrendo, en el cual la excontralora tuvo que ver.

Porcell, desde el otro canto, promete que no habrá fueros con nadie que tenga que declarar (ni aun si es funcionario, insiste, ‘pues no es detrimento alguno para que el fiscal gire el cuestionario correspondiente'), y se ratifica en que la creación de dos nuevas fiscalías aliviarán los despachos judiciales congestionados de expedientes .

Eso justo pide la defensa del exministro Guillermo Ferrufino, quien alega que el periodo para investigarlo concluyó, al menos por el supuesto enriquecimiento injustificado, tras adquirir fincas en La Chorrera a través de la sociedad Heliflights, surtidora del Mides, y una casa de dos plantas en Albrook.

El otro caso que se le sigue en el Ministerio Público es el del alquiler de helicópteros con un sobreprecio de $1,200 por hora de vuelo.