Abogados rastrean las pruebas contra Víctor Benavides

Por trechos distintos, el Colegio de Abogados y el Frente Anticorrupción empezarán la búsqueda de las pruebas que empujen a la Asamblea Nacional a investigar las denuncias de pedofilia y venta de fallos que se ciernen sobre el magistrado Víctor Benavides, el nuevo frente de crisis de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque los dardos no sólo apuntan a Benavides. Enrique Montenegro, de la liga civil contra la corrupción, asegura que pedirán también escrutar al magistrado Jerónimo Mejía, señalado por el detenido Vicente Caballero como parte del engranaje de comercio de fallos judiciales.

El escándalo crece como una bola de nieve cuesta abajo. Mejía y Benavides acumulan ocho de las 55 denuncias que reposan en la Asamblea contra magistrados. Aunque José Ayú Prado, el último juez que Ricardo Martinelli nombró, lidera la lista.

En octubre pasado, el magistrado Harry Díaz (el quinto con más quejas en la Asamblea), advirtió la venta de fallos que persistía en la Corte, aunque sus palabras se perdieron entre sus propios ecos, por la inacción de los magistrados y, más allá, de los diputados.

‘Esto es más grave de lo que se piensa', insiste Montenegro, en concordancia con los planteamientos de figuras estelares del Colegio de Abogados y la sociedad civil organizada, que sostienen que la sombra mediática sobre la Corte Suprema pone en entredicho la credibilidad de sus decisiones.

José Alberto Álvarez, presidente del CNA, destacó que si ellos no hallan la ‘prueba idónea' que obligue al juzgado político de la Asamblea a activarse, ‘acuerparemos' a quien las consiga.

Los frentes de trabajo de los abogados colegiados están en alguno de los familiares de los niños supuestamente abusados por Benavides, o el seguimiento del dinero que, según Caballero, era depositado semanalmente en el Banco Nacional.

Ángel Álvarez, uno de los abogados que estudia el escándalo, cree que por la etapa en la que está el caso, el video en el que Caballero denuncia a Benavides podría servir para que los diputados abran la investigación, y más tomando en cuenta que son ‘acusaciones múltiples'.

‘Estas denuncias son más graves que las de nepotismo, y en ellas se actuó de oficio', plantea el jurista.

Montenegro considera que, además de la Asamblea, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público deberían intervenir, para completar la ruta de los supuestos depósitos.

Para Álvarez sería clave determinar si las cuentas que recibían el dinero que Caballero confesó haber consignado por órdenes de Benavides le pertenecían a él o a sus familiares.

El Frente Anticorrupción también pidió la intervención del Ministerio Público para investigar al abogado Abilio Batista (a quien este diario intentó contactar, sin éxito), acusado por Caballero de ser el intermediario de la red de venta de fallos desde el bufete Mejía y Asociados, al que el magistrado Jerónimo Mejía perteneció hasta 2008.

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QUEJA DE ADÁN ARJONA

Revelación que originó el pacto por la justicia

En 2005, el entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona hizo una confesión que revolucionó los tiempos políticos que vivía el país: sus colegas de la Corte vendían fallos, principalmente a narcotraficantes.

Los señalamientos generaron una convulsión que llevó a la firma del Pacto de Estado por la Justicia, una estrategia que el entonces presidente Martín Torrijos consideró como viable para calmar la tensión. Pero, una década después, algunas de sus partes son letra muerta o, en el mejor de los casos, avanzan a cuenta gotas.

El último avance ha sido la aprobación de una carrera judicial, en la Asamblea desde hace seis años. El presidente Juan Carlos Varela la ha vetado parcialmente.

Aun así, el gran reto del pacto no se ha ejecutado. La reforma del método de escogencia de los magistrados ha sido evadida en dos gobiernos.