Cobranzas del Istmo pone a prueba a la justicia

Las comisiones de Cobranzas del Istmo, S.A. por encima de los $300 mil no se pagaban sin la aprobación del viceministro de Finanzas.

Así lo asegura en su declaración jurada Luis Cucalón, quien fue director de Ingresos entre 2009 y 2014.

‘Tesorería aprobaba si era menor de $300 mil la cuenta; si era mayor, se llevaba al viceministro de Finanzas para la aprobación del pago de la comisión y de allí se mandaba al SIAFPA, que era el sistema de contabilidad del Gobierno Central, que mandaba a hacer el cheque a Tesorería. Cobranzas llamaba para ver cuándo estaba el cheque listo y lo mandaba a retirar', precisa el documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá .

El indagado, bajo prisión preventiva en la sede de la Policía Nacional, añadió que en esos casos las comisiones llevaban, además, el refrendo de la entonces contralora, Gioconda Torres de Bianchini.

A los efectos del proceso de cobro de impuestos morosos y del pago de comisiones, Cucalón se identifica como ‘un coordinador'.

Después de armar una matriz para que la información fluyera ‘de sistema a sistema', era en cómputo de la Dirección General de Ingresos (DGI) donde primero se gestaba la relación con Cobranzas del Istmo, donde se generaba la información de cobro que recibía la empresa gestora y se calculaban las comisiones que recibía, añade Cucalón.

En la indagatoria se incluyen extractos del análisis de los pagos de las comisiones por gestiones de cobro de la cartera de contribuyentes morosos de la DGI, con fecha 10 de febrero de 2015.

La información de ese informe detalla que Tesorería del Estado pagó $47.2 millones en comisiones a Cobranzas del Istmo, mientras que, según el cálculo de ese reporte especial de la DGI, los pagos no debieron superar los $ 26.5 millones. La diferencia a favor de Cobranzas del Istmo resulta en $20.7 millones.

Sobre esa auditoría, Cucalón responde: ‘Cuando yo salí de la DGI, a finales de septiembre de 2014, había cuentas por cobrar de Cobranzas del Istmo por $8.4 millones, que se hicieron efectivas entre diciembre, enero y posiblemente febrero de 2015. Si están mal calculadas, por qué se pagaron', pregunta el indagado, a su vez.

‘Mientras yo fui director, a Cobranzas del Istmo se le pagaron $39 millones... ¿de dónde salen los $47 millones? Hay $8 millones de más que ha debido haberlos pagado este Gobierno', añade en el escrito.

Luis Cucalón, investigado por delitos contra la administración pública en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas, aseguró que los cargos que se le imputan ‘no tienen fundamento' y que su declaración jurada servirá para aclarar ‘varios temas' de su cuestionada actuación al frente de la recaudación de impuestos.

LA TERCERIZACIÓN

‘Yo no estaba de acuerdo con la idea de tercerizar los cobros... fueron el entonces viceministro y jefe directo mío, Dulcidio De la Guardia, y el ingeniero Vallarino (ministro)', los gestores, recalca.

El indagado también explicó que se discutió a qué instancias se llevaba el contrato para su aprobación, si nadie podía vaticinar su monto y si sería anual o por periodo total ‘y así lo manifestó el ingeniero Vallarino, ministro de Economía y Finanzas y la contralora Gioconda Torres de Bianchini'.

Sobre su denunciada ilegalidad, subrayó: ‘Me extraña que habiendo salido este contrato en Gaceta Oficial, ni Publio Cortez, que era director de Catastro, ni Dulcidio De la Guardia, que era viceministro de Finanzas y entonces mi jefe directo, ni el ingeniero Vallarino me hayan dicho que el contrato era ilegal'.

La investigación parece establecer que la empresa obtuvo comisiones millonarias, algunas sin justificación en el contrato, que luego fueron repartidas entre empresarios, exfuncionarios y políticos.

Al hermano del presidente Juan Carlos Varela se le señala de haber recibido un millón de dólares en coima ‘por tramitar el último pago a la empresa ($7 millones)', ya durante esta administración.

Y al presidente del PRD, Benicio Robinson, por participar en el mismo proceso. Ambos señalados por el abogado Sidney Sittón, que representa al expresidente Ricardo Martinelli.

El exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima ha sido señalado en el expediente y al propio expresidente se le acusa de haber solicitado el pago de grandes sumas de dinero.

Por otra parte, al actual ministro de Economía y Finanzas se le cuestiona por haber efectuado ese pago conociendo la irregular situación de la empresa, y como jefe directo de Luis Cucalón cuando éste firmó el contrato con la gestora de cobros.

Gerardo Solís, excandidato a la vicepresidencia por el PRD, dijo en un medio televisivo que ‘lo prudente habría sido detener cualquier pago', pero que ahora De La Guardia debe renunciar al cargo.

Alberto Vallarino, quien era el ministro de Economía y Finanzas al momento de la contratación, y por tanto, jefe directo de De La Guardia y Cucalón, también deberá deslindar sus responsabilidades en este entramado, como solicitó en su nombre el abogado de Cucalón, Víctor Chang Castillo.

Vallarino, además, conocía al dueño de la empresa, Cristóbal Salerno, quien apenas cuatro años antes de la adjudicación del contrato (2006) había sido acusado de tráfico de armas.

CERO IMPUNIDAD

Al respecto, el politólogo y catedrático Richard Morales señaló a La Estrella de Panamá que es muy ingenuo pensar que Vallarino no está implicado en estos escándalos de corrupción, considerando que formó parte del gobierno en que se gestó el contrato. ‘Hay que recordar que el panameñismo participó 26 meses en la pasada administración', agregó el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

A juicio de Antonio Saad, del Movimiento Independiente por Panamá, ‘esta es una oportunidad para poner a prueba a la justicia y para promover la imparcialidad al momento de referirse a los casos de corrupción'.

‘Que se demuestre que hay imparcialidad y que no existe impunidad', expresó Saad.

La investigación debe estar apegada a la ley, sin partidismo ni inclinaciones políticas, agregó el activista político.

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VINCULADA

Magaly Ramos era persona de confianza de Salerno

Los días 27 y 28 de mayo de 2015, la representante legal de Cobranzas del Istmo, S.A., Magaly Ramos, rindió indagatoria por las investigaciones que se adelantan sobre las comisiones obtenidas por esta empresa por su gestión de cobros de impuestos morosos, entre 2010 y 2014.

Ramos, persona de confianza del dueño de la gestora de cobros, Cristóbal Humberto Salerno, se encargaba de la administración y operación de la empresa. Entre sus obligaciones estaba supervisar y manejar el personal. Tenía otras funciones inherentes a las de un gerente, dijo en su declaración jurada ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción el empresario.

Según las declaraciones de Salerno, ella estaba al tanto de que la empresa había recibido $21 millones sin haber realizado ninguna gestión para recuperar l a cartera morosa de $72 millones de la estatal Tocumen, S.A., hecho que encendió la alertas sobre el entramado de corrupción en que terminó convertida la tercerización del cobro moroso de impuestos gestada durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Sobre la gestión de Tocumen, en su indagatoria, Cucalón declaró: ‘legalmente está bien, pero se ve mal moralmente'.