Orden de casa por cárcel para Garuz y Pérez, en suspenso

El Órgano Judicial suspendió la orden de sustitución de detención preventiva por la de casa por cárcel a los exdirectores del Consejo de Seguridad de la Presidencia Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, tras el recurso interpuesto por cuatro del centenar y medio de personas que, según el Ministerio Público, fueron pinchadas ilegítimamente durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

A primera hora de este jueves, el bufete Vega & Álvarez interpuso un recurso de reconsideración en nombre de Miguel Antonio Bernal, Zulay Rodríguez, Yassir Purcait y la dirigente magisterial Yadira Pino, porque —asegura— el Juzgado Décimo Sexto ‘no consideró' todos los aspectos que debía antes de suavizar las medidas contra Garuz y Pérez.

A este recurso, se sumará hoy mismo Rolando López, actual director del Consejo de Seguridad, quien fue el denunciante de esta causa.

Ángel Álvarez, del bufete querellante, aseguró que tiene hasta el martes para sustentar su objeción, aunque adelantó que ésta se basará en que, por ejemplo, ‘si bien la pena es baja para darles prisión preventiva, el número de víctimas y las circunstancias' podrían elevar la condena hasta una década y media.

La objeción cataliza el escozor que ha generado la noticia de la casa por cárcel para los exjefes de inteligencia y ponen en entredicho el proceso judicial que se sigue por los pinchazos.

La sociedad civil lo ha catalogado de ‘decepcionante'.

Los que cuestionan la sustitución de la medida contra Garuz y Pérez sostienen que si las máquinas pinchadoras siguen perdidas, ‘es un riesgo enviarlos de vuelta para sus casas'.

LO QUE NO SE HALLA

Las máquinas perdidas fueron compradas todas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), a un costo aproximado de $22.2 millones. Son cuatro, y de una de ellas todavía no se ha determinado el precio.

La compra y desaparición de las máquinas desató una serie de investigaciones por las que fueron detenidos Garuz y Pérez, aunque también están sindicados William Pittí y Rony Rodríguez, exfuncionarios entrenados para operar el equipo. Ambos están prófugos y con orden de detención.

De acuerdo con el exdirector de la PTJ Jaime Abad, el gobierno Israelí habría recibido un pago por una empresa privada de Panamá para adquirir una cuarta máquina.

Abad advirtió que los estados que fabrican estos equipos tienen como norma verificar que sean comprados solo por los gobiernos.

‘Las investigaciones revelan que el círculo cero de Martinelli, con el dinero que se generó con coimas de las que fuimos víctimas, reúnen este capital, y con ese dinero sucio como empresarios privados, compran este equipo', asegura Abad.

Voceros del Órgano Judicial aclararon que la suspensión del cambio de medida cautelar a Garuz y a Pérez no trastoca el desarrollo del proceso penal. Ayer se esperaba que a última hora hábil tomase una decisión sobre llamar o no a juicio. El reclamo sobre la casa por cárcel quedó en manos del Segundo Tribunal Superior.

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SISTEMA DE ESPIONAJE

La adquisición de máquinas pinchadoras

La primera máquina pinchadora fue comprada luego de que la junta directiva del entonces Fondo de Inversión Social (FIS) aprobara $13.4 millones para la compra de este equipo a la empresa israelí MLM Protection.

Esta empresa se comprometió al suministro, instalación, entrenamiento y mantenimiento de los equipos de espionaje cuyo alcance incluía infiltración en la central de datos de las redes telefónicas, análisis psicológico de los tonos de voz y un módulo de infección del programa Microsoft Word, entre varios otros componentes.

La segunda máquina fue adquirida en enero de 2011, al también israelí NSO Group, un artefacto más sofisticado que el de 2010, por el que el Gobierno pagó $8 millones.

Este sistema tenía un esquema de espionaje de largo alcance, capaz de filtrar tanto a la persona objeto del espionaje como a sus contactos. Tenía control de la cámara del dispositivo, toma fotos y filma. Toda la información del celular, como whatsapp y correos electrónicos, podían ser copiada por la red de espionaje.

Incluso el gobierno de Martinelli pagó a la empresa italiana Hacking Team, dedicada al espionaje de comunicaciones privadas, $850 mil durante tres años por la adquisición de material informático para espiar las telecomunicaciones.

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LA PRISIÓN PREVENTIVA

Garuz y Pérez están detenidos desde el 12 de enero de 2015.

Las residencias de ambos fueron allanadas esa madrugada por orden del fiscal Marcelino Aguilar.