Tribunal recobrará $101 millones en casos de alto perfil

Hasta el momento, el Estado solo ha recuperado $20.7 millones de los casos de alto perfil que mantiene en trámites el Tribunal de Cuentas y que integran la mayor parte del monto de lesión patrimonial, que asciende a $172.7 millones.

Solo siete de los 284 expedientes que maneja el Tribunal de Cuentas pertenecen a los casos de alto perfil, que ocurrieron durante la pasada administración, y que suman $139.2 millones, informó ayer el magistrado Alberto Cigarruista.

Del monto quedan pendientes $44.9 millones vinculados con la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y $10.9 millones por la compra de equipos tecnológicos para escuchas telefónicas.

También hay otros $33.2 millones pendientes por la compra de bolsas de comida, y $14.2 millones por la adquisición de mochilas para el Ministerio de Educación a través del PAN.

RECUPERAR FONDOS

Para que el Estado recupere estos dineros, la Contraloría General debe realizar una auditoría, que luego es trasladada al Tribunal de Cuentas. De allí, estos informes de auditoría son remitidos a la Fiscalía de Cuentas para que realice la investigación correspondiente, que puede durar de cuatro a seis meses, y ser prorrogada dos más, dependiendo de la cantidad de implicados.

Una vez la Fiscalía termina la investigación, corresponde al Tribunal de Cuentas analizar la información obtenida y fallar sobre el caso.

Cigarruista explicó que estos casos tienen tres componentes: uno administrativo (a lo interno de la institución), otro penal (si el acusado va o no a la cárcel) y otro patrimonial (para que regrese el dinero del Estado).

Muchas veces los implicados prefieren pagar el monto de lesión patrimonial, antes de que el Tribunal dicte sentencia, porque es una de las formas de terminar el proceso, señaló Cigarruista.

Si un implicado paga antes del llamamiento a juicio en el Tribunal de Cuentas, el dinero se paga a la Fiscalía o al Tribunal de Cuentas y no se le cobran los intereses. Si el implicado espera a que se dicte sentencia, debe pagar en la Dirección General de Ingresos el monto de lesión al Estado, más los intereses por utilizar dinero del Estado.