Los tres órganos del Estado, envueltos en escándalos

El año 2016 empezó con escándalos en los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La detención de un funcionario de la Asamblea Nacional con droga en un auto con la placa de un diputado puso en la mira en el Legislativo.

Las compras irregulares del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) usando como escudo el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y las destituciones en el Ministerio de Educación por supuestas irregularidades en Asesoría Legal han puesto en el ojo de la tormenta la administración del presidente Juan Carlos Varela.

Si en los dos primeros órganos llueve, en el Judicial no escampa. La reelección de José Ayú Prado como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y las posteriores declaraciones del magistrado Harry Díaz, quien también aspiraba al cargo, cierran el círculo de lo que la sociedad civil organizada considera una crisis del Estado.

‘Estamos pagando el precio de la falta de valor del gobierno en emprender las reformas institucionales y constitucionales', consideró el catedrático y politólogo Richard Morales.

Para Morales, está claro que el Ejecutivo, la Asamblea y la Corte ‘están profundamente corrompidos y cada uno es el cómplice del otro'.

La crisis por la que atraviesa el Estado es tan profunda que ya no importa a quién se designe en los puestos, porque el sistema ya no funciona, recalcó. Morales es partidario de una reformas del Estado, a través de una Constituyente.

Para el abogado Roberto Troncoso, quienes presiden los distintos órganos no están asumiendo su rol dentro de la democracia. Dijo que le causa extrañeza que el presidente Varela, que ha sido meticuloso en la elección de los ministros, está dejando pasar la oportunidad de hacer una buena labor gubernamental.

No se trata de tener injerencia en los otros órganos del Estado, pero el presidente debe ordenar el país y ser más estricto en la rendición de cuentas.

El politólogo Jaime Porcell mira las cosas desde el optimismo. Alega que la ciudadanía sigue de cerca el comportamiento de sus funcionarios y se observa que, ahora, se procesa a personas que antes eran ‘intocables' para la justicia.

En un intento de apaciguar las presiones de los grupos de la sociedad civil, cada uno de los organismos ha emprendido la creación de un frente para mantener el control y prevenir el descontrol en los escándalos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, y Varela se reunieron para analizar la situación de los funcionarios involucrados en el narcotráfico.

De León retiró las placas de los diputados, sin embargo, la medida no ha sido cumplida por los llamados ‘padres de la patria'.

La Contraloría de la República, a solicitud del Ministerio de Educación, inició una investigación. El Ministerio Público hizo lo propio y de oficio abrió expedientes en las fiscalías Anticorrupción.

Varela se siente tranquilo y espera que el ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, salga sin cargos ante la investigación de oficio que anunció el Ministerio Público.

El presidente de la Corte, José Ayú Prado, pidió a la Asamblea citar a Díaz para que se ratifique en la declaraciones. Pero, en la Asamblea ya hablan de que la solicitud no cumple con los requisitos para abrir una investigación. La sociedad civil organizada presiona para que se abra una investigación.

La Cámara de Comercio exigió a las autoridades de los tres poderes del Estado eliminar los privilegios, como una medida para que la ciudadanía recupere la confianza en estas instituciones.

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DENUNCIAS PÚBLICAS

Corrupción, narcotráfico y tráfico de influencias en los poderes estatales

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial utilizó el PAN para contratar servicios.

El narcotráfico está penetrando los órganos del Estado. Se han tomado medidas.