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17 de Jan de 2021

Política

Gobierno evalúa recomendación de la CIDH

La recomendación de la CIDH podría tener consecuencias futuras si los privados de libertad optan por demandar al Estado

Gobierno evalúa recomendación de la CIDH
El ministro de Seguridad indicó que se analizará el informe de la CIDH antes de ofrecer una respuesta

El gobierno evaluará la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de trasladar a seis internos de alta peligrosidad recluidos en una base naval ubicada en Punta Coco, en Isla del Rey, a otra cárcel.

‘Los especialistas del gobierno han señalado que la recomendación de la CIDH no es una decisión final; más bien propone medidas para salvaguardar algunos derechos mientras la CIDH toma una decisión final', expresó el ministro de Seguridad Rodolfo Aguilera.

‘Las normas que regulan el tema peniteniciario permiten que, cuando la vida de un privado de libertad corra riesgo, o éste ponga en peligro la vida de un tercero, podamos tomar medidas excepcionales de traslado con el fin de proteger sus vidas. Con base en esa norma hemos actuado. Sentimos que, si ellos tienen derechos, también los tienen las víctimas de los jefes de pandillas', señaló el ministro, en un intento de justificar el traslado de los reos a la base naval.

Con el traslado de los seis privados de libertad a la isla, el gobierno pretendía bajar los índices de criminalidad. ‘Esta medida se adoptó para evitar que los jefes de bandas que están en el sistema actúen en contra de la comunidad a sus anchas', dijó Aguilera.

-¿Sirvió?, preguntó este diario.

‘Sí. En ocasiones la prevención no es suficiente, es necesaria la represión, especialmente cuando se trata de personas con grandes fortunas y curtidos en el ámbito criminal', respondió.

La recomendación de la CIDH podría tener consecuencias futuras si los privados de libertad optan por demandar al Estado por la violación de sus derechos.

‘Un ángulo del problema es la potencial condena al Estado, reconoce Aguilera, el pago de indemnizaciones y perjuicios. Pero el otro es lograr diezmar a las organizaciones criminales que tienen atemorizada a la ciudadanía. Tenemos respeto por la CIDH, pero vamos a participar todos para llegar a una conclusión', argumentó el ministro.

Durante una gira realizada ayer, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, invitó a la CIDH a visitar el centro penal en Panamá y corroborar que los reclusos viven allí en condiciones dignas.

‘Sería interesante que la Comisión visite Panamá, entienda un poco más el país, y vea las facilidades, como comida y otras, que se están dando en ese lugar', enfatizó el mandatario.

Varela aseguró que si se tienen que hacer correctivos, se harán, pero alegó que el centro ha cumplido el objetivo de prevenir enfrentamientos entre los jefes de las bandas delictivas más peligrosas de Panamá.

‘Como país respetuoso del derecho internacional, haremos frente a los cuestionamientos del CIDH', enfatizó el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, la Cancillería emitió un comunicado en el que ‘reitera su disposición de considerar toda recomendación para la reforma del Sistema Penitenciario, y que se enmarque en una política basada en el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario, la rehabilitación de las personas privadas de libertad y la seguridad de todos los ciudadanos'.

En 2015, la tasa de homicidios disminuyó un 20% en comparación con el año anterior, 2014.

(Con información de Eyra Rodríguez).

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INFORME

La CIDH determinó violación de derechos

En agosto de 2015, la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de seis personas que se encuentran en riesgo. En la petición se denunciaba la violación de sus derechos, y la forma ‘ilegal y arbitraria' en que se decidió trasladar a estos reos a la base naval ubicada en Punta Coco, Isla del Rey.

Los denunciantes señalaban que la decisión fue adoptada sin ningún tipo de base legal. Bajo este escenario, la Defensoría del Pueblo efectuó un informe en el que, entre otras cosas a, relata las paupérrimas condiciones del penal, la poca atención médica que se le brinda a los presos y el escaso acceso que tienen a sus abogados, debido a la lejanía.