Nuevo revés en la Corte para la defensa de Ricardo Martinelli

Jerónimo Mejía, el juez de la causa contra el expresidente Ricardo Martinelli en el caso de la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), rechazó un incidente de nulidad contra una serie de diligencias bancarias efectuadas por el fiscal, Oydén Ortega, a más de cincuenta cuentas bancarias identificadas durante la investigación.

La decisión se adoptó este martes, durante la audiencia por el caso de comida deshidratada en el que se implica al expresidente y en contra de la solicitud formulada por la defensa.

Sidney Sitton, abogado de Martinelli, alegó que estas diligencias fueron realizadas sin autorización del juez de garantías. Pero, el fiscal Oydén Ortega, por su parte, sustentó que las diligencias bancarias que realizó no requerían de autorización de un juez y explicó que las solicitudes de información enviadas a los bancos no provocaron ‘perjuicio' al investigado.

El fiscal agregó que no se realizaron diligencias de inspección, incautaciones o secuestros ‘en cuyo caso si se requería el control previo del juez de garantías', como lo contempla el artículo 267 del Código Procesal Penal.

‘Las notas fueron ordenadas en nuestra condición de autoridad competente', aseguró el magistrado.

Ortega expresó que la finalidad del recurso fue conocer el destino de la cuenta de la empresa Lerkshore International Limited, que suscribió el contrato de comida deshidratada con el extinto Programa de Ayuda Nacional, por un monto aproximado de $45 millones.

ACUSACIÓN

En uno de los momentos más tensos de la audiencia, Sitton argumentó que Ortega mentía, porque pidió información de cuentas del expresidente, incluso de Ricamar, su distribuidora de alimentación y principal holding de sus negocios familiares de supermercados.

La defensa recalcó que las actuaciones del fiscal causaron un perjuicio porque se le cerraron líneas de crédito.

Ante esta acusación, Jerónimo Mejía ordenó que la declaración de la defensa no quedará registrada en acta, porque debió hacerse en la audiencia previa.

‘O actuamos con lealtad procesal o no actuamos', subrayó el jue, que le quitó la palabra a las dos partes en disputa y pidió un receso de cinco minutos.

A la vuelta, Mejía recalcó que las actuaciones del fiscal no eran suceptibles de anulación. ‘Es improcedente la solicitud de la defensa porque las diligencias cuestionadas no tienen naturaleza de diligencia judicial', dijo.

Antes de dar a conocer su decisión, el juez de garantías se refirió a las actuaciones de la exprocuradora Ana Matilde Gómez, cuando investigaba al fiscal Arquímedes Sáez.

En ese caso, la procuradora era una autoridad judicial, pero Mejía era sólo un investigador.

DEBATE

Carlos Carrillo, otro de los abogados de la defensa, advirtió que en una indebida interpretación se podría llegar a considerar que los actos del fiscal son no supervisables y que el fiscal puede hacer lo que quiera porque no es una autoridad judicial.

‘No es posible que citándose el caso de la exprocuradora Gómez, que concluyó con una declaratoria de ilegalidad, no se haga lo mismo con un funcionario que no tiene facultades', alegó Carrillo.

El abogado aseguró que la defensa del expresidente va a agotar todas las acciones correspondientes, incluso acudir a instancias internacionales para que se reconsidere la decisión.

El juez de garantías sí le concedió a la defensa su segunda solicitud y decretó que la Superintendencia de Bancos atendiera la petición de información que hicieron los abogados, a lo que debe responder ‘como bien crea'.

Sitton había pedido que se le impusiera una sanción pecunaria al regulador bancario, Ricardo Fernández, por haberse negado a contestarle una consulta hecha por la defensa del expresidente.

El abogadp abando nó el recinto del Tribunal antes de que el juez diera su dictamen alegando que el fiscal había leído todos sus argumentos en un juicio oral, lo que calificó como ‘vergonzoso'.

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ANTECEDENTES

La defensa de Martinelli cuestiona al fiscal

En septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió una investigación por supuestos sobrecostos en la compra de comida deshidratada. Este uno de los siete procesos por los cuales se investiga al expresidente de la República Ricardo Martinelli Berrocal.

Sobre el exmandatario pesan también denuncias por las escuchas telefónicas ilegales efectuadas durante su gestión de Gobierno (2009 – 2014), por las irregularidades en cuentas de la intervenida casa de valores Financial Pacific, por el contrato de la empresa Cobranzas del Istmo para cobrar impuestos morosos , por peculado y hurto, al derribar una cerca perimetral en Amador, por otorgar 353 indultos antes de culminar su administración ypor la compra de granos con sobreprecios.

Por el caso de la comida deshidratada se encuentran llamados a juicio el ex director del antiguo PAN, GiacomoTamburelli y la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, así como a los empresarios ÁngelFamigletti Russo y Rubén De Ycaza y al exsecretario presidencial Adolfo ‘Chichi' De Obarrio.