Cinco países piden ayuda judicial a Panamá para investigar ‘blanqueo'

El Ministerio Público ha prometido ‘ayudar' a cinco fiscalías de Centro y Sudamérica a determinar si ciudadanos de sus respectivos países blanquearon dinero a través de empresas creadas y gestionadas por el cuestionado bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que enfrenta una investigación nacional por su negocio de sociedades offshore .

Según la procuradora Kenia Porcell, Panamá se comprometió a dar asistencia judicial a Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en un afán por ‘limpiar' la imagen del país, dijo, al margen de los vínculos políticos que tienen los socios principales de la firma con el Gobierno: Jürgen Mossack fue hasta hace un mes parte del Consejo de Relaciones Exteriores y Ramón Fonseca, asesor del Presidente.

El nombre de Venezuela, por ejemplo, aparece en 241 mil documentos extraídos de la base de datos de Mossack Fonseca. La investigación menciona a más de una decena de empresarios, un líder evangelista, así como al exjefe de escoltas de Hugo Chávez, Adrián Velásquez, y al exjefe del Programa Bolívar 2000 de asistencia social, Víctor Cruz Weffer.

KENIA PORCELLPROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

‘La solicitud de apoyo ha sido informal, pero Panamá va a dar toda la colaboración para aclarar este hecho y contribuir a limpiar en alguna medida la imagen del país'

En Perú, se ha confirmado que cinco personalidades políticas utilizaron los servicios de Mossack Fonseca para constituir sociedades fuera del país, entre ellos un financista de Keiko Fujimori, quien ganó la primera vuelta presidencial el domingo pasado.

Desde Guatemala, la fiscal general Thelma Aldana ha asegurado que una vez Porcell le informe de datos nuevos, enviará a un equipo de investigadores a Ciudad de Panamá para determinar por qué la narcotraficante Marllory Chacón, ‘la reina del sur', poseía una sociedad de Mossack Fonseca.

La fiscalía peruana ha intervenido las oficinas del bufete en Lima y lo mismo ocurrió la semana pasada en El Salvador, donde Mossack Fonseca creó 220 sociedades offshore en quince años.

Antes de proporcionar la ayuda internacional solicitada, aclaró la procuradora Porcell, el país deberá evaluar la información que consiga recabar del bufete, allanado desde el martes por la noche.

27 horas después de empezada la diligencia, el fiscal Javier Caraballo dijo haber ‘asegurado' la información que el bufete tiene en 100 servidores en internet y ‘otros más físicos'.

Caraballo respaldó el argumento de la procuradora Porcell de que por la cantidad de servidores , la investigación contra la oficina legal era ‘compleja'.

‘De hecho, necesitaremos más tiempo que el necesario para una investigación ordinaria', agregó el fiscal de la investigación que pretende establecer si en sus operaciones de venta y gestión de sociedades, Mossack Fonseca incurrió en algún delito en Panamá.

Caraballo confirmó que aun no ha girado orden de cautelar cuenta alguna al bufete, ni descartó que así como los cinco países que ya han solicitado ayuda a Panamá, su despacho haga lo propio con otras fiscalías generales.

Panamá presta la colaboración anunciada en vigor de una ley antilavado de dinero, aprobada en 2015 para cumplir los requisitos del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La misma dificultad de Caraballo la ha experimentado el fiscal Ricaurte González, de Propiedad Intelectual, quien intenta determinar los posibles delitos en la filtración de 11.5 millones de documentos privados de Mossack Fonseca.