Fiscalía decomisa nuevas 'pruebas' a Mossack Fonseca

Mossack Fonseca tenía un depósito en Parque Lefevre y hasta allá fue a dar el fiscal Javier Caraballo, que investiga los negocios de sociedades offshore de la firma.

Caraballo arribó antes del mediodía y decomisó cajas y dos bolsas de papeles triturados. Después decidió la retención del agente de seguridad del edificio.

‘Es una gran cantidad de evidencia', sostuvo el fiscal contra la delincuencia organizada, que una semana antes había requisado por 27 horas la sede principal de la firma, en Obarrio.

En el local intervenido este viernes no había ningún letrero. Es una galera de dos pisos que colinda con edificios nuevos. Los vecinos decían haber visto automóviles llegar hacía semanas. Y denunciaron.

JAVIER CARABALLOFISCAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

‘Nos hicimos de una gran cantidad de elementos probatorios'

Según Caraballo, se trata de posibles ‘elementos probatorios' que se incautó para estudiarlos. Sin embargo, de acuerdo con la compañía, es simple material que ha sido descartado para reciclaje, ‘conforme la antigüedad del mismo', lo cual, dice, ‘es una práctica usual'.

Mossack Fonseca argumenta que todo lo que el fiscal incautó en Parque Lefevre ya lo consiguió en los archivos digitales, intervenidos durante la extensa requisa a su sede principal.

‘Reiteramos la disposición para colaborar con las investigaciones en curso, colaboración que en el caso particular está siendo brindada por el personal que labora en nuestro depósito', agregó la firma, en un comunicado.

LA OTRA CAUSA

Mientras avanza la investigación para determinar si Mossack Fonseca incurrió en ilícitos, el fiscal Ricaurte González, que sigue casos contra delitos en internet, intenta establecer si la filtración masiva de documentos de la firma fue un hackeo , como han dicho sus socios, o, si bien, se trató de un golpe interno.

A la cabeza de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, González asevera que logra una efectividad en sus investigaciones del 93%; es decir con condena.

RICAURTE GONZÁLEZFISCAL ESPECIALIZADO DELITOS INFORMÁTICOS

‘Hemos logrado el 93% de efectividad en las investigaciones'

Sin embargo, el caso en cuestión, sin duda, es uno de los retos más complejos a los que se enfrenta, porque está contra el tiempo.

El fiscal cuenta con 120 días para hacer la investigación que no merece prórroga, según el Código Judicial, a pesar de que este se califica como un delito grave. Indica que en casos anteriores le ha tomado entre dos a tres meses efectuar una pesquisa en contra de la seguridad informática.

Hasta la fecha, un mes después de que Ramón Fonseca Mora, socio de la firma, presentara la denuncia ante el Ministerio Público, González ha tomado declaración a tres personas, ha efectuado tres diligencias de inspección ocular y espera los resultados de los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), indispensables para determinar si hubo o no delito.

Los pronósticos, a pesar de la buena intención de los personeros, son un tanto grises.

‘El Ministerio Público no tiene todas las herramientas, carece de recursos cuando se hacen las diligencias', manifestó González.

Como ejemplo, explica que la cantidad de casos saturan al personal técnico encargado de la investigación.

El instituto cuenta con una sección de informática pero el fiscal expresa que ‘numéricamente el personal no se da abasto en las diligencias que se acumulan. Todo toma tiempo y el grupo de trabajo se satura', añade.

LOS CASOS QUE LLEVA EL MP

Uno es por el negocio de sociedades ‘offshore' y otro por el supuesto ‘hackeo' a su base de datos

‘Dentro de los términos y las condiciones de infraestructura con que contamos ojalá pudiéramos tener un equipo como los de las películas, pero la realidad es que es reducido', apunta González.

Entre sus pericias, el IMELCF podrá establecer si hubo una implantación de contraseñas, si alguien extraño ingresó al equipo, cuándo ocurrió, qué colaborador ingresó, hacer un análisis de la bitácora e identificar el tipo de software que utiliza la firma.

‘El Ministerio Público jamás va a tomar la escasez de recursos como excusa para no investigar', aclara González.

En la conferencia de prensa que ofreció González ayer, quedó pendiente la estadística de en cuántos expedientes la Fiscalía no ha logrado determinar si hubo una violación a la seguridad informática.

La experiencia, según el instructor del Ministerio Público, es que la gente denuncia un delito de inseguridad informática pero después se determina que se trata de otro tipo de faltas.

En caso de que el autor material o intelectual del hecho se encuentre fuera del país, el fiscal tendrá que solicitar asistencia internacional, lo que también toma tiempo.

‘El tema de seguridad informática implica que la información es tomada de manera indebida de un dispositivo, un sistema informático o una red. Pero otra cosa es que alguien pueda tomar información y la entregue a través de otros medios', explicó González.

Si la Fiscalía determina que se trató de un ‘trabajo interno', enviará el expediente a otra fiscalía, porque dice que se estaría ante ‘otro tipo' de conducta penal.