Convenios marco, la fórmula para los nuevos negocios

El Gobierno panameño podría estar comprando equipo pesado liviano exonerado de impuestos a precio de nacionalizado, mediante la modalidad de contratación pública por convenio marco.

El bien o servicio nacionalizado ya pagó el impuesto de importación y cobra el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) al momento de la venta; mientras que el exonerado está libre de impuesto (debe tener menor precio).

Sin embargo, algunas instituciones públicas estarían adquiriendo bienes y servicios exonerados que el precio que los nacionalizados.

Todo se enmarca dentro del contrato de licitación de convenio marco No. 2015-1-27-0-99LM-001138, que entró en vigencia desde el 31 de agosto de 2015 y se extenderá hasta agosto de 2017, para evitar llamar a licitación pública.

En ese convenio marco —que surge posterior al escándalo de las millonarias contrataciones directas del Programa de Ayuda Nacional (PAN)— las empresas Airco, S.A. y Cordoze y Lindo, S.A. han dominado las ventas por catálogo electrónico, en el portal PanamaCompra.

Las compañías Airco, S.A., con la representación de la marca New Holland; y Cordoze y Lindo, S.A., con la maquinaria JCB, en muchos casos presentan ofertas económicas muy parecidas por el mismo producto con un dólar o el mismo precio en los renglones asignados en el portal de contrataciones. Las últimas dos entradas del producto en el catálogo aparecen el mismo precio.

Por ejemplo, en el catálogo de mayo pasado, en el renglón 244 para comprar una retroexcavadora, Airco, S.A. presentó una oferta de $63,718.97 en el precio exonerado al igual que Cardoze y Lindo, S.A. El mismo monto se repite en ambas compañías para el precio nacionalizado.

La empresa F. Icaza y Cía, S.A., representante de la marca Hyndai, en el precio nacionalizado ofertó $71,600; y Copama, de John Deere, presentó $78,010.52 (todos los costos incluyen mantenimiento).

El suministro del contrato marco abarca vehículos, buses, camiones y equipo pesado liviano, tales como retroexcavadoras, minicargadores y motoniveladoras.

LA NORMA

Para ningún empresario es un secreto que el Estado panameño compra por el costo más barato.

La Ley 22 de junio de 2006 sobre contrataciones públicas indica que si el producto tiene el mismo precio en el catálogo, el comprador adquiere el que desea y sino, debe escoger el de menor costo (aunque sea un dólar).

‘Las entidades del Estado deberán consultar este catálogo antes de proceder a llamar a un acto de selección de contratista', señala.

Algunas voces, vinculadas a la industria, señalan que ante esta aparente acaparación del mercado con bienes y servicios a precios iguales, podrían generarse desde las entrañas del Gobierno actos de corrupción con acuerdos para realizar las compras.

LA VERIFICACIÓN

La Dirección General de Contrataciones Públicas, una dependencia autónoma, es la que rige, supervisa y verifica la entrada de las empresas al catálogo electrónico del contrato marco.

La instancia pública debe verificar si uno u otro proveedor pudieran ponerse de acuerdo para adueñarse de las contrataciones tomando en cuenta que las instituciones tendrían que contratar el precio más barato, atendido a la norma de contrataciones públicas.

Para participar del convenio marco, la empresa se inscribe, cumple los requisitos para estar en el catálogo y si es admitida empieza a ofertar los productos.

El proceso de compra es tan sencillo que la institución pública entra directo al catálogo electrónico de compras, selecciona y realiza el proceso de pagos.

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NORMA

Ley de contrataciones mantiene los procesos

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, tiene en sus manos el proyecto de ley 305, que modifica la Ley 22 de junio de 2006 sobre contrataciones públicas.

Se espera que este 15 de junio el mandatario tome una decisión: sanción o veto.

Algunos grupos señalan que dentro de lo aprobado se omite la inhabilitación de empresas condenadas por actos de corrupción en el extranjero, se mantiene la divulgación con anterioridad del precio de referencia en los actos públicos y se excluye la compra de medicamentos.

Adicionalmente, otros aspectos que abarcan las compras del Estado de uso masivo y cotidiano, han sido ampliados a bienes con alto nivel de complejidad técnica y tecnológicamente, obviando que estos últimos requieren de un mayor proceso de ponderación.

El Movimiento Independiente por Panamá, solicitó a Varela el pasado 12 de junio el veto parcial en el artículo 10, para que se incluya la inhabilitación de las empresas condenadas por corrupción tanto en tribunales panameños como extranjeros.

Los diputados aprobaron el tercer debate al proyecto el pasado 29 de abril, en medio de críticas.

El pasado 10 de mayo, la Asamblea Nacional remitió al Ministerio de la Presidencia el proyecto de ley 305 para su evaluación.