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22 de Apr de 2021

Política

CIDH denuncia criminalización de defensores civiles

En lo que coincide Larissa Duarte, quien advierte que con la demanda se pretende detener e intimidar a las comunidades

CIDH denuncia criminalización de defensores civiles
Michael Forst , de relator de la ONU, durante conferencia de prensa en Panamá.

La panameña Larissa Duarte, del Movimiento Campesino de Río Cobre de la provincia de Veraguas fue demandada por la Empresa hidroeléctrica Los Estrechos S.A por $10 millones. El grupo liderado por Eduardo Vallarino Arjona culpa a Larissa de no poder llevar adelante su inversión.

Duarte comenzó junto con los vecinos de su lugar una campaña de información y discusión comunitaria en el año 2002, cuando nació el movimiento, que más adelante se opuso al proyecto que pretendía represar el río Cobre, en Veraguas.

‘Me acusan de terrorismo porque las empresas dueñas de las acciones habrían perdido dinero', cuenta Larissa Duarte, quien hoy enfrenta un proceso civil y teme por las represalías contra su esposo o su hijo.

Su situación fue trasladada a un informe que presentó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU): ‘Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos'.

La publicación identifica y denuncia la situación de desprotección en que se encuentran hombres y mujeres que se enfrentan a proyectos o políticas que atentan contra la paz o calidad de vida de distintas comunidades en toda la región latinoamericana. Y advierte cómo actores estatales y privados están haciendo uso indebido del derecho penal con el objeto de criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos.

Según la CIDH, líderes de toda la región son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento con la finalidad de paralizar o restar legitimidad a sus causas.

En lo que coincide Larissa Duarte, quien advierte que con la demanda se pretende detener e intimidar a las comunidades.

Duarte recuerda que un caso parecido vivió la dirigente hondureña asesinada Berta Cáceres, quien también fue demandada antes de que la asesinaran.

Precisamente, José de Jesús Orozco, relator de la CIDH, manifestó que han seguido de cerca diversas situaciones en Latinoamérica en las que se evidencian numerosos procesos penales ‘sin fundamento' que han enfrentado defensores y defensoras de DDHH y con los que se ‘obstaculizan y paralizan' las causas que persiguen.

Michael Forst, relator especial de la ONU, indicó, a su vez, que los defensores de DDHH en América Latina, ‘luchan por un futuro mejor para todos' y que ‘en algunos países las autoridades locales son responsables de muchos de los asesinatos de los defensores'.

Para Forst, ‘existe un número creciente de agresiones contra los defensores de DDHH, y es necesario no solo identificar a los enemigos sino buscar la manera de combatirlos. Asegura, además, que existe una multiplicidad de ataques que contemplan asesinatos, torturas, restricciones de viajes además de los ataques psicológicos de compañías grandes que realizan monitoreo encubierto, aunado al acoso judicial y a la falta de acción. ‘La impunidad es uno de los problemas principales que estamos enfrentando cuando hablamos de los ataques a los defensores', expresó.

Por otra parte, compartió la necesidad de tener un enfoque holístico para enfrentar a corto plazo la situación de los DDHH teniendo en cuenta los diversos actores involucradosl.

De acuerdo con Forst, los principales sectores que enfrentan las denuncias de los deferensores de DDHH son las compañías de industria minera, la pesca y la deforestación.

Los países de mayor peligrosidad en la materia son Honduras, México y Brasil, por el número de ataques y asesinatos en contra de sus defensores. Además, los sistemas judiciales juegan un papel fundamental, de la mano de las diversas políticas de Estado en cada país.

En el encuentro estuvo presente el Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, quien fue uno de los organizadores del evento y quien advirtió que esta al tanto de los casos más delicados relacionados con dirigentes amenazados como Larissa Duarte, del Movimiento de Río Cobre, ; Ligia Arrega, por la defensa de la Laguna Matusagaratí, de la Asociación para un mejor Darién y del Comité de Moradores de la Isla Pedro González, en el Archipiélago de Las Perlas, algunos de estos detenidos tras manifestarse contra los proyectos de la empresa Zoniro.