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17 de Jan de 2021

Política

El proyecto 245, escollo en la lucha contra la corrupción

Convocan una concentración contra la impunidad, mientras que una propuesta legislativa que establece los acuerdos de penas es mal vista para luchar contra la corrupción

En medio del escándalo por los denunciados actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, toma fuerza un movimiento ciudadano en contra de la impunidad que ya convocó a una primera concentración ciudadana.

Al mismo tiempo, surgen opiniones encontradas sobre el acuerdo de pena que se establece en el artículo 22 del proyecto de ley No. 245, aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional, para los procesos penales que se desarrollan bajo el Sistema Penal Acusatorio.

El proyecto de ley fue presentado el 21 de septiembre de 2015 por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, sin embargo, el artículo 22 que introduce los acuerdos de penas fue introducido en el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el perredista Quibian Panay, el pasado 11 de enero.

El proyecto de ley modifica artículos del Código Judicial, del Código Penal y del Código Procesal Penal.

COMUNICADO

Kiwanis pide auditar proyectos

El Club Kiwanis de Panamá manifestó su preocupación por el ‘mensaje de impunidad' que se esta enviando en el caso de Odebrecht. En un comunicado pide al presidente Juan Carlos Varela tomar la decisión de erradicar la corrupción y el esclarecimiento de todos los casos de corrupción en los megaproyectos ejecutados y en proceso de ejecución.

Además de promover un proyecto de ley para que se declare los delitos relacionados con la corrupción de lesa humanidad con la finalidad de que no prescriban.

También solicita que se colabore sin cortapisas con las investigaciones internacionales para determinar el alcance y los implicados en la ‘red criminal de fraude y corrupción montada por la empresa multinacional constructora Odebrecht, y se investiguen sus operaciones en Panamá hasta las últimas consecuencias'.

El Club cívico pide al mandatario que exija a la Contraloría nvestigar y realizar auditorías de todos los contratos de megaproyectos ejecutados y en ejecución para conocer el monto de sobreprecios pagados a los contratistas, y así poder determinar la suma total aproximada de coimas pagada a través de actos de fraude y corrupción. Así como contratar un grupo de profesionales expertos en leyes, auditorías e investigación criminal local e internacional para recuperar la mayor cantidad de activos obtenidos mediante actos de fraude y corrupción.

La propuesta de establecer los acuerdos de penas es apoyada por el oficialista Partido Panameñista, que alega se trata de una herramienta legal que permitirá conocer las personas involucradas en los sobornos de Odebrecht. Incluso, indica el colectivo, quienes se oponen al proyecto ‘no quieren que se sepan los nombres de las personas involucradas'.

Sin embargo, abogados consultados por este diario consideran que ‘la propuesta promueve la impunidad' y no es necesaria, porque ‘ya existen normas que garantizan los acuerdos de penas para los procesos en el sistema penal inquisitivo', tal como se estableció para el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que se terminó de poner en ejecución en el país, en septiembre del año pasado.

El abogado Ángel Álvarez sostiene que el artículo 220 del Código Procesal Penal establece el mecanismo de acuerdos de penas y está vigente en el país desde el 2011, tal como se estableció en el artículo 557 de la misma norma. Además, señala, la norma es aplicable tanto para los procesos inquisitivos como los acusatorios y así lo hace saber el magistrado Ayú Prado en la exposición de motivos, cuando presentó el documento ante la Asamblea.

‘Hasta la fecha, esta norma del Código (el artículo 220) con aplicación en todos los procesos penales (ver artÍCulo 557 del Código Procesal Penal), no está siendo utilizado de manera general, porque se está interpretando que el mismo implica la intervención de un juez de garantías, figura todavía inexistente en el Primer y Tercer Distrito Judicial', señaló el magistrado, en septiembre de 2015, cuando aún no se había aplicado el Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Panamá.

La confesión de actos de corrupción por parte de directivos de Odebrecht con funcionarios panameños, también abre otra discusión legal.

Los procesos que adelanta el Ministerio Público se deben realizar bajo el sistema penal inquisitivo o acusatorio. La disquisición se produce porque las confesiones se dieron en diciembre del año pasado, cuando ya había entrado el Sistema Penal Acusatorio en todo el país, sobre hechos que ocurrieron desde el 2009 a 2014, cuando aún no había entrado en vigencia el nuevo sistema en la provincia de Panamá.

Para el abogado Álvarez, la norma es clara. El proceso se debe realizar bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio, pero la pena se debe aplicar de acuerdo a lo que se establecía en el momento que se cometió el delito.

El abogado Miguel Antonio Bernal considera, por su parte, que la propuesta de acuerdos de penas es una especie de ‘punto final para encubrir a las personas que recibieron la coima y a los que pagaron las coimas'.

A juicio de Bernal, el proyecto es respaldado por la partidocracia porque ‘todos están involucrados en los actos de corrupción'.

El jurista y defensor de los derechos humanos estimó que ‘no hay ministro del actual gobierno que no este involucrado en este escándalo por omisión o acción'. ‘Muchas personas recibieron coimas y otras sabían que la recibían', recalca.

Bernal forma parte de la Cruzada Ciudadana Contra la Impunida e hizo un llamado a la ciudadanía para que asistan a la concentración convocada para el próximo miércoles.

El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge García Icaza, se reunió con la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, para hablar sobre el caso Odebrecht y el proyecto de ley. ‘Nos explicó (Porcell) que con el sistema penal actual, una investigación en un caso como este, puede tomar entre 4 y 5 años para llegar a una condena, por lo que es necesario que se debata el proyecto de Ley 245', señaló el gremio en un comunicado.

DEMANDA EN LA CORTE

El abogado Ernesto Cedeño, por su parte, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra dos párrafos del artículo 220 del Código Procesal Penal. Se trata de los párrafos ‘... quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o vanalidad' y la frase ‘... o no se le formularán cargos al imputado. En este último supuesto, se procederá al archivo de la causa'.

CASO ODEBRECHT

Presentan denuncia contra presidente Varela ante la Asamblea Nacional

Una denuncia penal contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela, llegó ayer a la Asamblea Nacional.

La denuncia penal, presentada por Sofanor Espinosa, es por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de omisión en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de la sociedad panameña.

El denunciante sostiene que el presidente Varela debió ‘velar por el correcto manejo de los fondos estatales, en virtud del mandato que él tiene luego de las elecciones'.

Además alega que Varela debió ser ‘precavido en torno a las adjudicaciones de contratos que le hizo el país a la empresa brasileña Odebrecht'.

Sofanor cuestionó la ‘selectividad que ha demostrado la señora procuradora General de la Nación en ejercicio de sus acciones' por lo que pide que se investiguen los hechos.

El denunciante no presentó pruebas, pero solicitó a la Asamblea Nacional que solicite copias autenticadas de las licitaciones que le han sido adjudicadas a la empresa Odebrecht y que se incorpore copia autenticada del pliego de cargos de cada una de las licitaciones, se solicite asistencia judicial a Brasil, con la finalidad de que se envíen copia autenticada de las actuaciones que lleva a cabo ese país en torno a la empresa Odebrecht.

El secretario general de la Asamblea Nacional, Franz Weber, recibió la denuncia presentada y dijo que será remitida a la Comisión de Credenciales, presidida por el diputado oficialista Jorge Alberto Rosas.

El artículo 160 de la Constitución Política establece que es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y juzgarlos, si ello lo diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de libre funcionamiento del poder público.

PRESIDENTE VARELA

‘Mi respaldo al MP para que se sepa la verdad'

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, volvió a referirse al caso Odebrecht. ‘Yo quiero dejar bien claro mi respaldo total al Ministerio Público para que se sepa la verdad', dijo el mandatario, quien pidió a la población no politizar el tema.

Informó que se comunicó con la procuradora de la Nación, Kenia Porcell para decirle que contará con todo el respaldo económico y las partidas necesarias para que se realicen las investigaciones, los viajes, todo lo que se tenga que hacen para que el país sepa la verdad, se recupere el patrimonio y se den con los sobornos de los sobornos.

‘Yo tengo plena confianza en el Ministerio Público y aquí lamentablemente se quiere convertir un tema judicial en un asunto político y mediático y eso no es lo correcto', indicó el mandatario.

A su juicio, se lleva una lucha en contra de la corrupción, la procuradora y los fiscales han recibido muchos ataques de personas que estoy seguro que saldrán responsable de los casos que se investigan.

‘Aquí hay personas que están evadiendo la justicia, que han salido del país y no se atreven a regresar y dar la cara a la justicia', dijo sin mencionar nombres.

Varela indicó que hasta el momento no hay ningún cuestionamiento sobre las obras que ha licitado y de sus ministros.

El presidente eludió los cuestionamientos si los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, así como el Metro de Panamá se convertirán en querellantes en contra de Odebrecht.