La propuesta de acuerdos de penas apunta al oficialismo

La fecha en que se presentó la propuesta sobre los acuerdos de penas en el proyecto de ley No. 245 parecen darle la razón a quienes consideran que la medida busca beneficiar a los implicados locales en el escándalo de corrupción por los pagos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Según los documentos de la Asamblea Nacional, la propuesta de acuerdos de penas, contemplados en el artículo 22 del proyecto de ley, fue aprobado el 11 de enero pasado. Un día después, el 12 de enero, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, anunció el compromiso verbal con la empresa Odebrecht para entregar $59 millones en concepto de fianza de garantía o resarcimiento económico y de cooperar con la investigación.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Las confecciones de corrupción en EE.UU que alcanza a Panamá

21 DICIEMBRE 2016

Departamento de Justicia de EE.UU los sobornos de Odebrecht en África y América Latina, incluyendo a Panamá.

27 DICIEMBRE 2016

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, anuncio medidas en contra de Odebrecht como prohibirle licitar hasta devolver el dinero de las coimas

11 ENERO 2017

Se presentó la propuesta legislativa que permite lograr acuerdos de penas en procesos bajo el sistema inquisitivo.

12 ENERO 2017

La procuradora Kenia Porcell anunció que llegó a un acuerdo verbal con Odebrecht para devolver los $59 millones.

En ese pronunciamiento, la procuradora hizo referencia, sin nombrarlo, al proyecto de ley No. 245 y a la figura del acuerdos de pena, que ‘permitirá que los más de 4,000 procesos que lleva al Ministerio Público pueda atenderse prontamente y permitirá desahogar el torrente de causas penales tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Público'.

Sin referencia alguna, añadió que ‘respetando la separación de poderes' con la aprobación de ese proyecto podrían atenderse también ‘muchas de las causas complejas que lleva el Ministerio Público'.

El tácito proyecto de ley había sido presentado en septiembre de 2015 y aprobado en primer debate ese mismo mes y no volvió al foro legislativo hasta el 4 de enero pasado, cuando se decidió devolverlo a primer debate para introducir la reforma sobre los acuerdos de penas. Esta propuesta se presentó solo trece días después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara, el 21 de diciemrbe de 2016, el detalle de los sobornos pagados por Odebrecht, según información propia, en doce países, incluyendo a Panamá.

El abogado penalista ,Ángel Álvarez considera que, sin duda, la iniciativa legislativa busca beneficiar a ciertas personas y favorece la impunidad porque la propuesta contempla llegar acuerdos entre el Ministerio Público y el procesado antes de llegar a la etapa de imputación de cargos.

Para Álvarez, no hay duda de que detrás del proyecto está el Ejecutivo en componenda con el Judicial y la complicidad del Legislativo.

Fuentes de la Asamblea confirmaron a este diario que la propuesta del artículo 22 fue llevada a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional por el diputado del oficialista partido Panameñista José Luis ‘Popi' Varela y acogida por el perredista Quibian Panay, quien preside la comisión.

245 O 220

Álvarez también sustenta que si el Ministerio Público adelanta negociaciones para llegar a un acuerdo con la constructora, la única forma de que sea válido o legal el arreglo es que se ajuste al artículo 220 del Código Judicial.

‘La procuradora hizo referencia a la propuesta y si actúa en base al proyecto de ley No. 245 está tomando decisión legal sobre una ley que no existe. Lo único que explica este comportamiento, alega el abogado, es que claramente hay una coordinación entre las acciones de la Procuraduría y del Gobierno'. Para Álvarez, está claro que esta reforma es impulsada por el Gobierno y que se busca no solo impunidad, sino proteger identidades de las personas involucradas en el escándalo en Panamá.

El abogado Ernesto Cedeño también tiene las mismas consideraciones y compara el caso con Brasil, donde al presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, se le impuso una condena mínima por delatar. En Panamá, el delator podrá quedar eximido de cargos, apunta.

El Movimiento Ciudadano contra la Impunidad, que se organizo a raíz del escándalo, le envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León para que devuelva el proyecto de ley No.245 a primer debate. ‘En tiempos de escándalos y corrupción masiva, la experiencia nos enseña que la legislación penal no debe ser modificada ni adicionada, porque la tendencia legislativa es la de favorecer a las personas beneficiadas con tales actos de corrupción', señala la misiva. El lunes acudirán a la Asamblea.